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Al terminar mi anterior entrega, había anunciado avanzar algo más en la propuesta de reforma política sobre la cima del sistema político; esto es, sobre la figura presidencial, piedra de toque del caudillismo verdaderamente vigoroso que aparece en nuestro país y en la región. Felizmente, a efectos de esta presentación, un acontecimiento reiterado en nuestro vecino Perú, le dará también actualidad de noticia, aunque sea como precaución, de que no toda reforma por bien intencionada que sea es pertinente, como he sostenido recientemente a propósito del resurgir de la propuesta de federalismo desde el cabildo cruceño de noviembre recién pasado.
La vigencia de un presidente del consejo de ministros en el Perú data de la puesta en vigencia de su Constitución en 1993, después del autogolpe de Fujimori, por lo que difícilmente puede pensarse que tenía la intención de moderar a el poder presidencial, aunque es verdad también que hubo varias reformas al articulado constitucional desde entonces, pero -salvo error u omisión- no tienen que ver con ese cargo. Existe un debate interesante entre especialistas si esa figura, la de premier, y sus atribuciones específicas en el caso peruano dan para caracterizar como semipresidencialista al tipo de gobierno. Mi propio punto de vista, teniendo en cuenta el modelo francés, es que no, pues no es realmente el jefe de gobierno (interno). Por otra parte, la marcada inestabilidad por vía de la declaración de vacancia presidencial que se repitió en los últimos años tiene raíces estructurales mayores, como muestra niveles de inestabilidad similares en el siglo XX anteriores a los gobiernos militares que asolaron la región en la segunda mitad del siglo pasado.
Y esta cuestión de los problemas estructurales en nuestro campo político es lo que verdaderamente hay que atender. Allí y aquí, la ausencia en tiempos recientes de partidos políticos, tampoco muy presentes en el pasado. Y no se trata de idealizar este tipo de organización, pero efectivamente cumple funciones que otro tipo de organizaciones no lo hace. En nuestras sociedades existen tradiciones de asociación por intereses, que pueden tomar formas identitarias sin por ello dejar de lado su sustrato corporativista. También de tipo regional, que sin dificultad podemos asociar a rasgos culturales predominantes y de válida crítica al centralismo, consolidado incluso en regímenes formalmente federales. Si ubicamos algunos de sus refuerzos en la época republicana a esa creo evidente herencia del tiempo colonial y anterior (pensando en el imperio inca o azteca para Mesoamérica), quizás podamos verlo como parte del proceso de construcción de estados-nación en el subcontinente. Hoy un régimen de autonomías real puede enfrentar esa inercia.
Hoy, en cambio, luego (y todavía) de la agobiante vigencia de regímenes del populismo autoritario, creo que la tarea principal es afianzar la democracia de debacles peores y por ello, por diseño, evitar la personalización del poder político en un(a) personaje individual. Como se está intentando revertir una larga tendencia, el cambio no ha de ser de diseño absolutamente opuesto, pues simplemente no funcionaría, como advierten los más reputados colegas que se han ocupado de estos temas en el debate presidencialismo o parlamentarismo.
El gran desafío, es diseñar en debate académico y político un esquema de roles y atribuciones que tenga muy presente los casos exitosos de este tipo de gobierno, el semipresidencial, a la vez que nuestras propias tradiciones y experiencias en perspectiva crítica, no sacralizadas ni estigmatizadas a priori, sino en el entramado de diseño institucional que tenga presente el impulso ciudadano de afirmación activa de derechos políticos, que hoy es más fuerte que en el pasado, pero también con sus limitaciones obvias; a saber, su intermitencia organizativa.
