OpiniónEconomía

La entrega obligatoria de divisas

Juan Antonio Morales

Economista, profesor emérito de la Universidad Católica Boliviana

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El espectro de la entrega obligatoria de divisas por los exportadores al BCB al tipo de cambio oficial ha vuelto a planear en el país. Vale la pena repasar su historia, sus alcances y contextualizarla.

El Decreto Supremo del 7 de junio de 1939, promulgado por el presidente Germán Busch, estableció por primera vez la entrega obligatoria de divisas. En ese momento el país era cuasi mono- exportador y la medida concernía casi exclusivamente a los tres barones del estaño, Patiño, Hochschild y Aramayo. Como era de esperar, los mencionados mineros opusieron resistencia a la disposición, considerando que era un impuesto más, en la medida que había una brecha cambiaria entre el tipo de cambio del mercado y el tipo de cambio oficial al que estaban obligados a entregar sus divisas.

La entrega obligatoria de divisas se mantuvo aún durante los gobiernos calificados de “rosqueros”. Se acentuó luego de la nacionalización de 1952 con la obligación que tenía lo que quedaba de la minería privada, de vender su producción al Banco Minero, el que se encargaría de su comercialización (Contreras,1989). Luego de la estabilización de la inflación en 1957, con el interés de atraer más inversión privada, la entrega obligatoria, si bien no desapareció, se fue flexibilizando. Se la volvió a aplicar con mayor rigor al finalizar la década de los sesenta. En 1972 se devaluó el peso boliviano y se creó el impuesto a la exportación, que gravaba principalmente a la minería y a los hidrocarburos. Durante los años setenta se mantuvo la obligación de entrega obligatoria, la que no fue mayormente objetada, porque el principal pedido de la minería mediana fue la abrogación del impuesto a la exportación.

El gobierno de Siles Suazo se encontró con una crisis de balanza de pagos y con la crisis de deuda externa que sacudió a la región latinoamericana. Decidió establecer un control de divisas para enfrentar esas crisis, pero el remedio fue peor que la enfermedad. El tipo de cambio paralelo se distanció completamente del tipo de cambio oficial. Esta brecha penalizaba fuertemente al sector productivo, incluyendo a la minería estatal. Juan Lechín, cabeza de la COB, se quejaba de que COMIBOL tenía que entregar las divisas al tipo de cambio oficial mientras que sus costos no laborales se alineaban con el tipo de cambio paralelo, lo que descapitalizaba la empresa.

En el DS 21060 de 1985 se mantuvo la entrega obligatoria. Esta disposición a los pocos años perdió relevancia, principalmente porque se había logrado la unificación entre los tipos de cambio oficial y de mercado Los exportadores vendían voluntariamente sus divisas al sistema bancario y a través de éste al BCB, porque tenían gastos en moneda nacional, como salarios e impuestos. Sus excedentes los depositaban en el sistema financiero nacional, por los intereses más interesantes que los del extranjero. . La obligación simplemente daba lugar a un papeleo adicional, sin mayor implicación práctica. El DS 24756 del 31-07-1997 anuló la obligación de entrega obligatoria. El levantamiento de esa disposición tenía además la ventaja, que fuera percibida solamente más tarde, de facilitar el acceso del sector privado nacional a financiamientos externos.

En el mundo más globalizado, con una canasta más amplia de exportaciones que en el pasado y con numerosos exportadores, la entrega obligatoria pierde sentido. Con los dólares entregados al BCB se financiaría prioritaria (e ineficientemente) las importaciones de combustibles por YPFB, racionando aún más de lo que ya está al sector privado, lo que haría aumentar la brecha cambiaria. Los exportadores tienen también gastos en el extranjero y, razonablemente, sólo tendrían que entregar las divisas de sus exportaciones netas de sus importaciones. Hay el peligro de que las exportaciones se subfacturen y las importaciones se sobrefacturen. Para controlar esta situación el gobierno tendría que contratar un ejército de auditores, presionando sobre el erario público, con la agravante de que se crearían tentaciones de extorsión. La entrega de divisas por los productores de oro sería particularmente problemática.

*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo


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Juan Antonio Morales

Economista, profesor emérito de la Universidad Católica Boliviana

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