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Desde 2018, Estados Unidos ha aplicado, de forma creciente, medidas de “política industrial” (PI), entendida, en términos generales, como la utilización de subsidios, estímulos, regulaciones y otras herramientas con el objetivo de impulsar la producción y el empleo en ciertas actividades o regiones.
A lo largo de la historia, casi todas las naciones han implantado, en diverso grado, acciones de PI. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, la antigua Unión Soviética recurrió a ella de forma extensa, asignando los recursos productivos a sectores específicos, mientras que Estados Unidos lo hizo de forma limitada, como en las industrias espacial y de defensa.
En contraste con su pasado reciente, a partir de 2018, el gobierno estadounidense ha acrecentado notablemente sus intervenciones de PI, argumentando razones como la seguridad nacional y la autosuficiencia en insumos “estratégicos”. Las tensiones entre Estados Unidos y China han constituido el principal impulsor de esta corriente.
La guerra comercial promovida por el expresidente Trump contra China desencadenó las primeras acciones significativas de PI, con la imposición de aranceles más amplia desde los años treinta del siglo pasado, dirigida, en especial, contra ese país asiático. China respondió con un aumento similar de tarifas. Estados Unidos añadió incentivos para que las empresas estadounidenses, con inversiones en el exterior, se relocalizaran en territorio nacional.
Los argumentos del expresidente Trump para estas disposiciones incluyeron la necesidad de revigorizar el sector manufacturero, recuperar los empleos desplazados a China y reducir el déficit comercial.
Lejos de suavizar las dificultades con China, la administración del presidente Biden las ha agudizado, mediante medidas como las restricciones a las inversiones en ese país, la prohibición de exportaciones de ciertos insumos y, en especial, la promulgación de dos leyes que fomentan el aislamiento de China.
Específicamente, la Ley CHIPS de 2022contiene fondos para la investigación y producción interna de semiconductores, con el fin de reducir la dependencia externa en esos componentes, mientras que la Ley de Reducción de Inflación de 2022, estipula controles de precios para los medicamentos, y financia la producción de energía limpia, con el objetivo de apoyar la Ley de Atención Médica Asequible de 2010 y combatir el cambio climático.
Las acciones de las administraciones estadounidenses enfrentan las limitaciones que suelen afectar a la PI en cualquier país. En concreto, esta estrategia sustituye el proceso de descubrimiento creativo de los mercados con la decisión del gobierno, al suponer que éste cuenta con una información superior a la de millones de participantes, lo cual es una premisa imposible de demostrar.
Además, la PI ignora el costo de oportunidad en el uso de los recursos, ya que desconoce lo que habría ocurrido con la producción, el empleo y el bienestar sin estas intervenciones. Asimismo, este enfoque tiende a invitar a otros países a hacer lo mismo, con lo cual puede generarse una capacidad de producción excesiva de los sectores protegidos, propiciando la caída de sus precios y el desperdicio.
Con facilidad, los objetivos de la PI se amplían, lo cual involucra acciones adicionales que incrementan las distorsiones y la ineficiencia. Finalmente, la PI induce a los particulares a dedicar tiempo y dinero a cabildear con las autoridades para verse favorecidos, lo cual propicia la corrupción y el “capitalismo de cuates”.
Esos y otros inconvenientes pueden contraer la efectividad de la PI y, en ocasiones, hacerla contraproducente. Si bien es temprano para evaluar los resultados de gran parte de la PI de Estados Unidos, existen indicios de que algunos han sido decepcionantes.
Por ejemplo, un estudio del Banco de la Reserva Federal de esa nación ha estimado que los aranceles de 2018-2019 estuvieron asociados con disminuciones en el empleo manufacturero, porque el efecto positivo de la protección de importaciones fue más que compensado por el impacto negativo de los aranceles de represalia y, en especial, de los mayores costos de insumos.
Asimismo, aunque desde 2019 el déficit comercial de Estados Unidos con China ha disminuido, el total ha aumentado, al tomar su lugar otras naciones, como México. Esta verificación es un recordatorio de que la cuenta corriente de la balanza de pagos refleja condiciones macroeconómicas y los aranceles sólo afectan su composición.
Convendría que Estados Unidos volviera a liderar la confianza internacional en los mercados abiertos que tanto benefició al mundo. La utilización de la PI sólo ha provocado la imitación y las represalias, en un camino hacia la fragmentación geoeconómica que, de ahondarse, podría tener efectos devastadores sobre la economía global y, en especial, sobre las naciones pobres.
*Este artículo fue publicado en elcato.org el 11 de abril de 2024
