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Las contradicciones en el Gobierno sobre la importación de diésel desde Rusia no dejan de ser llamativas. Mientras, por un lado, se celebra el envío de un tanquero con más de 300 mil litros del combustible que llegaría al puerto de Arica en las próximas horas, por otro se señala que no hay nada confirmado al respecto. Decir que Chile es la vía por la que pasa la solución a los problemas de abastecimiento incómoda a las autoridades.
En medio, se supo que están vigentes sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea para las importaciones de petróleo ruso cuando supera determinados límites en el precio. En el caso del diésel adquirido por Bolivia, el monto a pagar estaría por encima de esos topes, aunque hasta ahora no se tienen detalles sobre las condiciones de la operación.
De confirmarse que la compra se produjo en una coyuntura de precios que superan los márgenes, podrían activarse diversas sanciones que van desde restricciones para hacer negocios con empresas o entidades estadounidenses, congelación de activos y restricciones de visas para directores y empleados de la empresa (YPFB), entre otros, como dijo Brújula Digital.
El asunto de los combustibles tiene varias aristas. Diversas fuentes sostienen que la deuda de YFPB con los proveedores habituales ronda los 300 millones de dólares y que ya no existe margen para mantener el crédito, por lo que se habría hecho necesario llegar hasta el mismísimo Vladimir Putin para solicitar su ayuda de emergencia.
Por otro lado, mientras más sube el monto del subsidio a los carburantes mayor es el descontrol en el manejo del déficit fiscal que, de acuerdo a los expertos, podría haber llegado ya a más del 10% del PIB, unos 5.000 millones de dólares.
El escenario económico se ha convertido en un callejón sin salida para el Gobierno, agravado por múltiples conflictos con diversos sectores. Al respecto, los voceros oficiales apuntan a Evo Morales como el causante de las presiones que tendrían como objetivo, dicen, el acortamiento del mandato del presidente Luis Arce.
Si bien los tiempos políticos conspiran contra una salida para la crisis económica, lo cierto es que la mayoría de los problemas tienen que ver con el agotamiento del modelo de desarrollo impulsado desde hace 18 años por el Movimiento al Socialismo, y que estaba sustentado básicamente en los ingresos del gas. En esas condiciones, la narrativa gubernamental, contaminada por una ideología en repliegue, ya no es creíble ni para los propios seguidores del proceso de cambio.
Los síntomas de decadencia y descomposición son profundos y se reflejan no solo en contradicciones internas sobre temas como el de la importación de diésel, sino que abarcan ya otros temas sensibles del manejo del Estado.
El fin de un ciclo se hace evidente incluso en la paradoja de las moléculas. Si hace 21 años se produjo un levantamiento porque supuestamente se había decidido que las exportaciones de gas se realicen a través de un puerto chileno, hoy Arica parece ser la puerta a través de la cual llegue el auxilio que el gobierno necesita para mantener el país en movimiento.
