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El conflicto por la tierra se ha agravado en las últimas semanas, llegando incluso a las áreas urbanas, lo cual constituye un escenario de mayor peligrosidad. En el pasado se argumentaba que este conflicto se originaba en la necesidad de brindar oportunidades económicas a familias de menores ingresos. En la actualidad es evidente que más que motivos económicos quienes promueven los avasallamientos tienen móviles políticos, lo que representa una forma temeraria de hacer política promoviendo el conflicto social que puede provocar una espiral de confrontación y violencia de imprevisibles consecuencias.
Este conflicto tiene múltiples y graves consecuencias. La primera es que provoca el riesgo latente de enfrentamientos entre ciudadanos ante la inacción de las fuerzas del orden por las presiones políticas que reciben para parcializarse en favor de quienes son considerados afines al oficialismo de turno. La segunda es que, tanto en el área rural como en los sectores urbanos, los avasallamientos de tierra no solucionaran ningún problema económico o social, sino que los profundizaran puesto que inviabilizaran las inversiones o el flujo de financiamiento necesario para crear empleos sostenibles y brindar a los pequeños productores los créditos que necesitan para consolidar sus emprendimientos y alcanzar su autonomía financiera.
La realidad es que Bolivia tiene un territorio inmenso con una población pequeña. Con una superficie territorial que supera el millón de kilómetros cuadrados, similar a la de países como Colombia, Perú y Venezuela, tenemos solo 11 millones de habitantes, frente a esas naciones que superan hasta los treinta millones de habitantes (Perú y Venezuela) y los cincuenta millones en el caso colombiano. Peor aún, Guatemala, el país más grande de Centroamérica tiene tan solo 109.000 kilómetros cuadrados (el 10% de nosotros) y una población de 17 millones de personas (50% superior a Bolivia).
Al mismo tiempo vivimos una realidad nacional que se está configurando alrededor de un acelerado proceso de urbanización, concentrado en las tres grandes áreas metropolitanas, las capitales de departamentos y ciudades intermedias, con lo que el territorio nacional se está despoblando, las ciudades atraen la migración por las mejores condiciones de vida que ofrecen y las mayores oportunidades de ingresos económicos que generan. Por otra parte, las mayores exigencias de tecnología y capital que exige la producción agropecuaria, provocan que cada vez menor parte de la población viva en el campo y se dedique a la producción de alimentos, lo cual reduce sostenidamente la población rural, lo que además es un fenómeno universal.
Estamos, por lo tanto, frente a un problema con dos realidades; en lo rural el conflicto se origina alrededor de los intereses por la tierra para fines productivos y en las ciudades para fines habitacionales. Frente a ello, la respuesta no puede ser la la sensación generalizada de que no existe estado para garantizar la propiedad privada con lo la gente se ve en la disyuntiva de defenderse por cuenta propia. En el ámbito rural tenemos además el conflicto entre los derechos de los pueblos indígenas, protegidos por la Constitución y los intereses de quienes utilizan su militancia política para ocultar que su verdadera finalidad es el tráfico de tierra.
En el ámbito urbano la relación entre la política y los grupos de loteadores está aún más arraigada en la práctica partidaria. Sin embargo, el resultado es que genera el crecimiento explosivo de las áreas urbanas, sin planificación ni servicios públicos, y provoca conflictos recurrentes como los que se han experimentado en Santa Cruz en la zona del acuífero del Parque Regional Lomas de Arena.
Al final todos estos problemas se solucionan con normas y políticas que garanticen el respeto a los derechos de propiedad y posibiliten el acceso por las vías legales a la condición de propietarios a quienes carecen de tierra para trabajar o vivienda propia. Para ello, se necesitan condiciones que favorezcan el desarrollo de las actividades productivas en el área rural y la consolidación de las áreas urbanas con los servicios y las oportunidades que demandan las familias menos favorecidas, lo que se logrará con el desarrollo de los sectores económicos que crean empleo. Obviamente, si todo obedece a la apuesta política por la confrontación no habrá solución.
