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La sorpresa chilena

Pablo Mendieta Ossio

Economista en el campo de políticas públicas

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No me refiero al resultado del plebiscito en Chile de este pasado domingo 4 de septiembre para aprobar la constitución preparada por la Convención Constitucional del país vecino, puesto que, salvo la marcada diferencia entre el rechazo (62% frente a 38%), las últimas encuestas mostraban con claridad el resultado.

Apunto más bien a la calidad del texto constitucional propuesto por dicha Convención; y lo digo con conocimiento de causa como explicaré a continuación.

Viví en Chile entre 1998 y 2004, donde obtuve mi título de maestría en economía aplicada, tuve mi primera experiencia laboral en el ámbito de mi especialidad y trabajé en un centro académico de renombre como investigador y profesor.

Pero en lo personal, viví intensamente mis cuatro primeros años de matrimonio y además nació mi primogénita en esa estancia.

Mientras residimos en el país vecino, mi esposa estudió el programa de maestría (Magister como le dicen) en Derecho Público con mención en Derecho Constitucional en la Universidad Católica de Chile.

Allá pudo recibir instrucción en esa fascinante área del Derecho de académicos de renombre como José Luis Cea-Egaña, Miguel Ángel Fernández, Arturo Fernandois y Patricio Zapata.

Para conseguir el título respectivo, elaboró una tesis bajo la supervisión de Marisol Peña, que luego fue presidenta del Tribunal Constitucional, con quien investigó desde la perspectiva académica el reconocimiento de pueblos indígenas en Bolivia y Chile.

No sólo en su centro académico, sino en los del medio, existía una pléyade o generación de excelentes constitucionalistas de diversas tendencias, con un récord académico de publicaciones sobre diversos temas.

Producto de ello, se publicaron buenos volúmenes sobre lo que debía contener una buena constitución. Por ejemplo, “La casa de todos y todas” de Patricio Zapata; “La Constitución que queremos” de Bassa, Viera y Ferrada; o ¿Por qué necesitamos una nueva Constitución?” de Claudia Hess.

Además, la discusión se vio nutrida por textos como “Constitución y Desarrollo” del exministro de Hacienda (y mi exjefe) Felipe Larraín con Sergio Urzúa, un chileno de la Universidad de Maryland. O “Aspectos económicos de la Constitución” de los economistas graduados en MIT y Harvard Rodrigo Valdés y Rodrigo Vergara, exministro de Hacienda y expresidente del banco central.

En síntesis, Chile contaba con un grupo de profesionales de distintas tendencias que podían aportar a la discusión constitucional y sacar un texto razonable. Pienso que se podría haber combinado esa visión académica con el sentir popular, luego expresado en el clamor de la calle.

En lugar de ello, la convención optó por usar casi un año para discutir el reglamento de la convención; y luego otro para ver las propuestas, pero sin un proceso de reflexión adecuado. Se llegó a un texto de más de 400 artículos (como el nuestro), pero con varios vacíos que generaban más dudas que certezas.

Además, que el texto cayó en lo que un economista chileno (Sebastián Edwards) apuntó como una “constitución aspiracional”, donde se plasman varios derechos, pero no se mencionan al menos las disyuntivas que implican.

De esa forma, llegaron a un texto incongruente que, en términos coloquiales, aspiraba a “paz mundial”, pero sin ser el marco de referencia para la convivencia nacional.

No comprendo qué falló, pero creo que podrían haber logrado un texto congruente y con más derechos, incluyendo tópicos imprescindibles en la discusión actual como género, desigualdad, cambio climático e identidad cultural, que además surgieron en las protestas de fines de 2018 en el país vecino.

El referéndum que habilitó la discusión constitucional en octubre de 2020 tuvo una aprobación de 78%, como una salida a los graves conflictos de fines de 2019. Pero, si seis millones de personas expresaron en 2020 que querían una nueva constitución, el domingo pasado ocho millones rechazaron el texto propuesto.

Espero que en adelante Chile pueda direccionar su sentir de un futuro mejor por el bien de sus habitantes.


*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo


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Pablo Mendieta Ossio

Economista en el campo de políticas públicas

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