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Ser o parecer, ¿será este uno de los grandes dilemas a los que se enfrenta la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, sobre todo en este momento en el que vive un proceso electoral accidentado y marcado por denuncias de irregularidades no resueltas a la fecha? Ser en verdad una institución de estudios superiores o solo parecer que lo es. ¿A cuál de las dos opciones apunta hoy? ¿A cuáles de esas dos opciones ha apostado en las últimas décadas, por no decir a lo largo de sus 141 años de vida? Una pregunta a la que es posible dar respuesta con un estudio sobre el estado de situación de la calidad académica, de servicios y de transparencia administrativa que caracterizan hoy a la Universidad.
Un estudio inexistente por ahora, lo que no impide sin embargo aproximarnos a algunas posibles respuestas a la pregunta planteada. Una aproximación que parte de un ejercicio simple, el de la observación de los hechos que han marcado y marcan hoy la realidad de la Uagrm. Y esa realidad no es para nada halagadora, como reconocen muchos docentes e incluso estudiantes de la misma, que lamentan verla relegada al tercer lugar en una de las listas de clasificación de las universidades bolivianas (aunque otros aseguran que está en el quinto lugar) o en el puesto 493 entre las del continente o, peor aun, en el 5.063 del listado mundial, según datos de Webometrics, una publicación del Cybermetrics Lab, dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con sede Madrid.
Podríamos llenar páginas trabajando la comparación de la Uagrm con las del continente o con las del mundo, pero vamos a limitar la tarea al ámbito nacional. ¿Por qué ocupa ese tercer lugar, si es hoy la primera en población estudiantil, está en el departamento “más pujante” del país y percibe el segundo mayor presupuesto a nivel departamental? Aquí es donde comienzan a aparecer los primeros datos que ayudan a comprender el rezago. Uno de ellos, el incumplimiento de mandatos aprobados en congresos y otros detallados en su Estatuto, como la obligación de destinar 15 por ciento de su presupuesto a investigación. En los hechos, no está destinando ni el uno por ciento, según coinciden en denunciar más de la mitad de los diez binomios que disputan el rectorado y vicerrectorado este 2021.
Ese es apenas un dato menor en una larga lista de absurdos revelados no apenas en este proceso electoral, sino también en anteriores elecciones. Una lista que va desde asuntos burocráticos que afectan a los estudiantes (las largas filas de inscripción cada año, cambio de carreras o materias, las becas trabajo, la pelea por entrar en las listas de tesis, examen de grado, etc.), hasta otros mayores que complican seriamente a los docentes (las cargas horarias, ¡hay más de cuatro mil cargas horarios cero, horas de docencia cumplidas pero no pagadas!; el papeleo para el escalafón, en el que se subvalora la parte de formación académica; las trabas para encarar trabajos de investigación, etc.). Esto sin contar los que afectan también a los trabajadores de la Universidad, asuntos burocráticos no menores.
A todo lo señalado se suma otro problema mayúsculo: la falta de transparencia en todo lo referido al manejo económico de la Uagrm. De transparencia y de fiscalización, habrá que añadir. Muchas denuncias públicas han sido hechas en los últimos años y pocas han sido aclaradas. Varias relacionadas al manejo discrecional de cupos para el ingreso directo de estudiantes (una salpicó nada menos que a la Cidob, en 2019), otras referidas a las becas trabajo, a la elaboración de tesis pagadas, a la ejecución de obras (como la del parqueo en la que la Uagrm gastó cinco millones de dólares, o la del Laboratorio de Bioquímica y Farmacia que le costó otros 3,5 millones de dólares y que está abandonado) y, por si todo eso no bastara, ahora se suman otras surgidas al calor de la campaña electoral, como la que acaba de hacer en la Fiscalía Departamental el candidato a rector Germán Cardona, involucrando al actual rector y a la vez candidato a vicerrector en la entrega de contratos de trabajo a familiares de miembros del Comité Electoral Universitario.
Queda corto el espacio de esta columna para abundar en detalles. Detalles que son ya un secreto a voces en la comunidad universitaria e incluso fuera de ella. Lamentablemente, socapados también por un juego de intereses que no empieza y acaba en las principales cabezas de la Universidad, sino que involucran también a los que teniendo la obligación de fiscalizarlas no lo hicieron antes y tampoco lo están haciendo ahora. Entre ellos, los más de setenta miembros del Ilustre Consejo Universitario que, salvo raras excepciones, han omitido esa tarea y han sido permisivos ante el incumplimiento de los mandatos ya mencionados al inicio.
Una permisividad que se repite ahora frente al Comité Electoral, el que está manejando el proceso con más sombras que luces, como lo demuestra un dato, entre muchos: ha inhabilitado a más de 70 de los 235 candidatos que se han presentado para diferentes cargos, en su mayoría con argumentos cuestionables que han dado margen a que varios de los afectados recurran con amparos a la Justicia ordinaria. Esto sin contar el cambio de fecha de las elecciones, sin seguir el procedimiento adecuado. Frente a todo lo expuesto hasta aquí, volvamos a la pregunta inicial: ¿cuál será el camino que elegirá la comunidad universitaria de la Gabriel René Moreno?, ¿el de ser o el de solo parecer una Superior Casa de Estudios? Este es un momento decisivo para salir de la encrucijada, ¿o no?
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
