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La muerte de cuatro universitarias de distintas carreras de la Universidad Tomás Frías, aplastadas por una estampida de miles de estudiantes que despavoridos trataban de salir de un coliseo donde se realizaba una asamblea y se detonó una granada de gas, no es un hecho policial más y no debería acabar como tal.
Es la dolorosa constatación de hasta dónde están dispuestos a llegar grupos de eternos dirigentes universitarios, ligados ahora al masismo, con el fin de perpetuarse en el poder estudiantil o vender sus servicios para catapultar o prorrogar a docentes en importantes cargos a nivel de carreras, facultades y universidades.
Raysa, Gilda, Gladys y Daniela acudieron a la asamblea de la muerte, el lunes 9 de mayo, casi obligadas. La convocatoria anticipó un rígido control de asistencia y algunas de las víctimas estaban condicionadas por la posibilidad de acceder a una beca manejada discrecionalmente por la dirigencia universitaria.
No se trata de una travesura juvenil con consecuencias trágicas ni es la obra de algún sicópata que pretendió cobrar notoriedad mediante el dolor de una comunidad. No. Estamos hablando de un acto criminal premeditado con fines políticos.
Empecemos por el dato proporcionado por el histriónico Comandante de la Policía de que el atentado fue planificado casi en detalle: convocar a la asamblea, controlar la asistencia, chantajear con las becas, llevar adelante el encuentro en un lugar cerrado y al mismo tiempo sabotearlo con la activación de una granada de gas.
Van pasando las horas y se conoce que los cuatro acusados integran los grupos de choque del MAS en Potosí, esos que fueron organizados y conducidos personalmente por el ahora expresidente de la Asamblea Legislativa Departamental en los duros enfrentamientos del año pasado en esa región.
Esos grupos irregulares, con padrinazgo político-partidario, ya saben de usar palos, piedras, hondas y cualquier objeto contundente para atacar con violencia a potosinos movilizados o instituciones rebeldes como el Comité Cívico Potosinista. En la asamblea estudiantil del lunes 9 de mayo había que probar algo nuevo.
Miltón Fuentes, uno de los implicados, sería director administrativo y financiero en la Asamblea Legislativa Departamental y hombre de confianza del expresidente de esa instancia deliberativa, según Roxana Graz de Comcipo. Los otros tres aprehendidos también están señalados de pertenecer a grupos de choque del MAS en un departamento donde la violencia política es cosa de todos los días.
Pero, sabotear la asamblea para evitar un cambio de dirigentes en la FUL potosina no era el único objetivo. Se buscaba frenar el congreso nacional de FULes que debe renovar la composición de la Confederación Universitaria Boliviana, la máxima instancia de representación estudiantil a nivel nacional.
Apurado, mientras la angustiada sociedad potosina contaba a sus muertos y heridos, Max Mendoza Parra, presidente de la CUB desde hace más de diez años, tomó contacto con medios de comunicación para poner en duda la realización del congreso nacional previsto para el 26, 27 y 28 de mayo en la Villa Imperial, casualmente por lo ocurrido en la asamblea de la muerte.
La tragedia le vino como anillo al dedo. No habiendo FUL anfitriona, el congreso nacional queda en veremos y puede mantenerse en el máximo cargo universitario del país por tiempo indefinido y seguir ganando un sueldo mensual de 21.870 bolivianos.
“Yo he tenido unas 50 o 60 reuniones con el presidente de entonces, Evo Morales, y con él hemos generado una amistad, y hemos generado que la universidad boliviana tenga obras, al margen del presupuesto”, dijo públicamente Mendoza un día después de la tragedia, jactándose de sus contactos con los poderosos del país.
Pero, cuando se hurga en su situación de parásito, la cosa cambia. Tras las cuatro muertes en la universidad Tomás Frías, Mendoza cortó la llamada cuando el programa cruceño Fama, Poder y Ganas le preguntaba cuántos años lleva como estudiante y dirigente universitario.
Y al programa De Nueve a Doce de La Paz le dijo que se referiría solo sobre lo ocurrido en Potosí, claro para responsabilizar a docentes y autoridades universitarias de las fallecidas y las decenas de heridos que provocó el atentado planificado.
El que se indague sobre su dirigencia ad eternum y su imagen de vividor le hace saltar de espanto. Fotografías de su cédula de identidad, que circulan en redes sociales, muestran que el 30 de mayo de 2022 cumplirá 52 años, lo que quiere decir que ejerce la dirigencia universitaria hace más de tres décadas, primero en la Universidad San Simón de Cochabamba y luego en la CUB.
Eso no es todo. En enero de este año una exfuncionaria de la CUB lo denunció de acoso sexual en Radio Deseo de la activista María Galindo y en 2020, cuando se informó que Morales sostenía una relación sentimental con una muchacha en ese momento de 19 años, el veterano dirigente universitario le escribió a la joven para que le ayude a tomar contacto con el “jefe”.
El periodista español Alejandro Entrambasaguas ubicó a Mendoza para preguntarle qué finalidad tenía su intención de hablar con Morales, refugiado por ese entonces en Argentina, y, tal como sucedió con Fama, Poder y Ganas, el máximo dirigente de los universitarios del país le cortó la llamada telefónica.
Retomo lo verdaderamente importante y es que el perpetuarse en el poder estudiantil no tiene límites y ahora le costó la vida a cuatro mujeres que ansiaban ser profesionales, lo que no está en los planes del cincuentón Mendoza ni de los cuatro acusados por la gasificación y avalancha humana en la universidad potosina, uno de ellos de 40 años y otro de 35.
El Ministro de Gobierno, que se ha puesto al frente de las indagaciones policiales que dan cuenta que todo fue premeditado, debería enfocar el esfuerzo de investigación en lo que está detrás de la asamblea de la muerte porque algo similar sucedió en El Alto, sin ningún tipo de resultados, y puede pasar en cualquier otra universidad pública del país.
Si el lamento del presidente Luis Arce y sus ministros por la muerte de Raysa, Gilda, Gladys y Daniela ha sido honesto, tienen la obligación moral de buscar los mecanismos institucionales y/o judiciales para que extirpen y sancionen a los eternos dirigentes universitarios que hoy están ligados el MAS, pero que han demostrado que pueden pintarse el rostro con cualquier color político, solo por mantenerse en el oscuro poder estudiantil.
