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Un solo caso, el secuestro y las torturas en Las Londras perpetrados hace un año en el norte de Santa Cruz contra periodistas, policías, empresarios y trabajadores agrícolas, concentra todos los padecimientos que enfrentamos actualmente como sociedad. Es el angustiante botón de muestra de lo mal que estamos cuatro décadas después de recuperada la democracia.
Refleja la tragedia del sistema judicial que, en lugar de procesar a delincuentes encapuchados que atacaron con armas de fuego a 17 personas el 28 de octubre de 2021, liberó a los cabecillas, a Sixto Canaza y Paulino Camacho, pese a su peligrosidad y la gravedad de sus actos, primero en Las Londras y luego en San Julián, cuando se intentó ejecutar la aprehensión de uno de ellos.
En las últimas semanas, por exigir el cumplimiento de la Ley General de la Coca y el cierre del mercado paralelo en La Paz, seis dirigentes cocaleros de los Yungas fueron enviados a prisión sin derecho al pataleo, cuatro varones al penal de San Pedro con detención preventiva, y dos mujeres a guardar detención en sus casas. Así funciona la ley del embudo en el país.
¿Qué hicieron Canaza y Camacho sabiéndose impunes? Avasallar nuevamente tierras con violencia, en la comunidad Pailitas y otros lugares del norte cruceño, usando el consabido modus operandi: llegar en grupos numerosos, atacar encapuchados con palos y armas de fuego, saquear y desalojar comunarios, todo con el respaldo del poder político.
El caso también muestra la humillación con que se trata a la Policía Boliviana y la falta de coraje en esa institución por hacer valer sus prerrogativas frente a las mafias que operan avasallando predios, disparando y golpeando a uniformados, tomando estaciones policiales y menoscabando toda la autoridad frente a los grupos afines al oficialismo.
No solo que no se hizo nada por defender al “talento humano” secuestrado y torturado en Las Londras hace un año, sino que se dieron contraórdenes cuando la Policía cruceña se aprestaba a intervenir el día del secuestro y se mantiene desde hace semanas a efectivos en condiciones lamentables en la zona del conflicto, prácticamente custodiando a los avasalladores.
El caso Las Londras constituye la agresión más grave al ejercicio del periodismo en Bolivia con seis periodistas de cuatro medios tomados como rehenes, puestos boca abajo, golpeados, con sus equipos inutilizados por las balas y obligados a firmar un acta comprometiéndose a no volver nunca más al predio invadido.
Ha sido el mayor ataque a la libertad de prensa en los 40 años de la era democrática sin respuesta desde el Estado. Lo afirmo con preocupación porque en nuestros países se sabe cuándo comienzan las persecuciones, detenciones y hasta las ejecuciones de periodistas, pero nunca se sabe en qué momento terminarán ni bajo qué condiciones.
En Nicaragua, Venezuela, Colombia y México, por citar algunos ejemplos, sino es la justicia politizada o las fuerzas de seguridad convertidas en una extensión de las organizaciones criminales, son las propias mafias que se encargan de acallar a los trabajadores de la prensa.
Lo ocurrido en Las Londras ha puesto al descubierto el lamentable desprecio estatal por los derechos humanos de los bolivianos. En semejante situación de riesgo, las víctimas no recibieron apoyo efectivo de la Defensoría del Pueblo, de la Asamblea Legislativa o de la Asamblea Departamental de Santa Cruz para esclarecer los hechos e individualizar las responsabilidades.
Y si de debilidad institucional hablamos, la permisividad del Instituto Nacional de Reforma Agraria, a nivel nacional y departamental, ante las tomas ilegales y el tráfico de tierras por quienes dicen pertenecer a las comunidades interculturales, es pasmosa y raya en la complicidad bajo el prurito de que éstas deben ser distribuidas democráticamente.
Y claro, exhibe también la conexión y la protección a actividades ilícitas como el narcotráfico que ha encontrado en la invasión de territorios un práctico mecanismo para expandir las plantaciones ilegales de coca, habilitar pistas para que operen las narcoavionetas o instalar factorías de producción de pasta base y clorhidrato de cocaína.
Con cierta impotencia, este 28 de octubre se recuerda un año del avasallamiento, secuestro y torturas en Las Londras en la Bolivia de hoy, en la que impera el favoritismo político, en la que los derechos humanos y las libertades colectivas no son parte de la agenda de los poderosos, en la que la impunidad puede más que la justicia, y en la que el respeto por la institucionalidad no encaja en el curioso sistema de valores de quienes gobiernan el país.
Será también el momento para que la sociedad reflexione sobre la necesidad de darse un sacudón y evitar que más casos Las Londras formen parte del presente en Bolivia y sean nuevos botones de muestra de cómo será el país en los próximos años.
