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Margaret Satterthwaite, nueva Relatora Especial de las Naciones Unidas para la independencia de magistrados y abogados, ha exteriorizado su preocupación por la autoprórroga de las principales autoridades judiciales y sus consecuencias.
El anterior Relator Diego García-Sayan, visitó Bolivia (febrero de 2022) y presentó un demoledor informe sobre el deplorable estado de la justicia boliviana. Pero, contra todo pronóstico, no existe ninguna señal concreta por parte del gobierno nacional que permita vislumbrar un cambio en el sistema de justicia (salvo el bloqueo que exigía la cesación de los magistrados y la convocatoria inmediata a elecciones).
La Organización de las Naciones Unidas ha constatado y documentado varias veces la falta de independencia del poder judicial. Y sus recomendaciones son muy concretas en el sentido de la necesidad de emprender una reforma para conseguir la independencia del poder judicial y garantizar el trabajo de los abogados (las pruebas abundan).
En un Estado donde todo se concentra en el Órgano Ejecutivo y se impone la voluntad del gobernante de turno, como ocurre en Bolivia, no puede haber un Órgano Judicial independiente, imparcial, creíble y fortalecido. Y aunque el gobierno central enarbole la independencia judicial, le conviene tener un sistema judicial débil, frágil, sometido y pervertido para poder conseguir sus fines políticos: el control monolítico del aparato estatal y la reproducción del poder político. En cambio, un sistema judicial fuerte, robusto, honesto, eficiente, transparente, etc. constituye un freno a la angurria de poder y su inefable correlato: la criminalización de la política.
El modelo presidencial hiperconcentrado, viene a ser una de las causas de que nuestro país sea uno de los más atrasados, pobres y con menos perspectivas de crecimiento y desarrollo en el continente. La concentración del poder erosiona el sistema democrático, el pluralismo político, la independencia judicial, la transparencia de la cosa pública y facilita la corrupción. La necesidad de cambiar esta tendencia autoritaria, supone un desafió mayúsculo ya que forma parte de la tradición y cultura política boliviana, y está “blindada” en la propia Constitución (art. 172).
En el actual Estado “fallido” y decadente no puede brillar (ni brillará) la justicia y aunque la Constitución y los Pactos Internacionales proclamen su independencia, tiene que haber una reforma integral para imponer una verdadera independencia judicial. Las groseras autoprórrogas, las limitaciones presupuestarias, la falta de institucionalización de la carrera judicial, la persecución o judicialización de la política, etc., han estado entre los mecanismos más usados para someter y pervertir el Órgano Judicial.
La preselección y elección judicial, así como la reforma integral del sistema de justicia, depende de que haya voluntad política del gobierno, el compromiso de los partidos políticos, las fuerzas representativas y la sociedad civil (colegios de abogados, universidades, academias). En un sistema democrático, los pesos y contrapesos tienen que funcionar para que ni la Asamblea Legislativa sea superior al presidente del Estado, ni éste sea superior al judicial, ni el Órgano Judicial sea superior a ambos.
Lo que está clarísimo es que un Órgano Judicial sin independencia no solo degrada la institucionalidad democrática y genera corrupción, pobreza, miseria y la Ley de la selva, sino además amenaza la viabilidad y sostenibilidad del Estado. Los gobernantes tienen que “sacar las manos” del sistema judicial, condición sine que son para el fortalecimiento de las instituciones republicanas, y honrar a los Convenios y Pactos Internacionales que existen sobre esta materia. En general, mientras no se erradique este viejo sistema político (presidencialista, concentrado y autoritario) y su pesada carga ideológica y cultural, será difícil resolver el principal problema del Órgano Judicial: su independencia institucional para emprender las otras reformas estructurales.
Las conclusiones de Diego García-Sayán, que replicará Margaret Satterthwaite, son contundentes en el sentido de que Bolivia necesita (con urgencia) una reforma judicial integral; sin embargo, el gobierno en el fondo menosprecia estos informes internacionales valiosísimos, que deben orientar cualquier proceso transformador. La justicia es transversal a todo el quehacer nacional, por eso la necesidad de tomar consciencia de su lamentable realidad y comprometerse con la elección y reforma judicial que demanda no sólo Bolivia sino también la Organización de las Naciones Unidas.
