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Hace tres décadas, las organizaciones de los periodistas (empresarios, profesionales, trabajadores de la prensa), reunidas en Huatajata, declararon que la Ley de Imprenta de 1925 es Patrimonio del periodismo boliviano. Se comprometieron a cumplirla en todo su alcance, a defenderla de los permanentes ataques y a impedir que fuese modificada.
Esas conclusiones fueron el resultado de varios seminarios y de trabajos de investigación sobre la normativa promulgada por Bautista Saavedra, un presidente bipolar que avanzó con leyes sociales al mismo tiempo que reprimía a mineros (Uncía) y a indígenas (Jesús de Machaca). Desde la Ley Mordaza propuesta por los banzeristas en 1987 hasta las insinuaciones para pasar a los periodistas a los tribunales ordinarios, los gremios de la prensa trabajaron intensamente para entender en profundidad los orígenes, los principios y el alcance de la Ley de Imprenta. El objetivo era defenderla con base en datos y no por simple consigna o emotividad.
La revisión estuvo a cargo de constitucionalistas como Carlos Serrate Reich, periodistas abogados, periodistas profesionales que analizaban la comunicación masiva, periodistas empíricos con amplia trayectoria y otros. Lastimosamente no se cumplió con la idea de tener un afiche pegado en cada redacción para que todo reportero y editor tuviesen en cuenta sus derechos, pero -sobre todo- los deberes que establece la norma.
Ese conocimiento permitió que en las sucesivas revisiones constitucionales y en la nueva Constitución de 2009, la prensa consiga introducir los artículos que protegen su trabajo y la libertad de expresión, además de la auto regulación. Aspecto que no hay que olvidar en el ejercicio diario de la información y de la opinión.
¿Por qué los periodistas decidieron mantener la Ley de Imprenta, a pesar de que ya irrumpían con fuerza las nuevas tecnologías y el contexto de las reformas de primera y segunda generación parecían calificar de “anticuada” a esta Ley?
La respuesta es sencilla y a la vez de profunda significación. La centenaria Ley de Imprenta tiene al menos tres principios que la mantienen vigente y le dan fuerza para durar otros cien años más, como sucede con la Constitución de Estados Unidos, guardando las distancias.
La Ley de Imprenta protege el secreto de la fuente. Este es un asunto que une a los periodistas del mundo desde el siglo XIX y es motivo de cantidad de casos de estudio. Una periodista estadounidense prefirió la cárcel a revelar quién era su “garganta profunda”, el famoso término usado desde el caso Watergate, el más conocido ejemplo de periodismo de investigación.
Este secreto merece a la vez un permanente manejo ético dentro de las redacciones para evitar su mal uso. No faltó el político que declaraba algo “confidencialmente” para conseguir algún oscuro objetivo. Por ejemplo, avisaba la renuncia del canciller, cuando en realidad él buscaba ocupar ese puesto. Su “noticia” reproducida ingenuamente por alguna prensa provocaba lo que él deseaba, imponer el rumor sobre la verdad.
En cada caso, el comité editorial debe examinar con cuidado cuáles son las fuentes que debe proteger el reportero o el editor. Evitar el juego político y el uso que algún ministro o alguna fracción partidaria quiere provocar con el “off de record”.
En los últimos 20 años, el Movimiento al Socialismo (MAS) y sus estructuras dentro del Poder Judicial han intentado convocar a periodistas en distintos asuntos para obligarlos a revelar sus fuentes de información, sean orales o documentales, o como testigos porque cubrieron tal o cual noticia.
La Ley de Imprenta instruye que ningún delito de imprenta tiene castigo corporal, como también se ha intentado imponer en estos años. Este es uno de los párrafos más precarios porque prevé multas que obviamente no son adecuadas. Sin embargo, en este asunto, una enmienda podría trasladar los montos que propone la Ley a cifras actualizadas.
Las multas han sido utilizadas por gobiernos del “socialismo siglo XXI” para provocar el cierre de medios, sobre todo en Ecuador, Venezuela y Nicaragua. En Cuba no existe prensa que no sea oficialista. Argentina y Brasil, Chile y Uruguay, bajo gobiernos izquierdistas, mantuvieron en general el respeto a la libertad de expresión, a pesar de muchos casos complejos y polémicos.
El tercer aspecto que defienden los periodistas desde hace un siglo es que en la Ley de Imprenta los presuntos delitos de imprenta se tramitan en jurados compuestos por ciudadanos elegidos en cada municipio y no en la justicia ordinaria. Ese fuero ha evitado en estos años que los regímenes de turno o los poderes políticos y económicos acallen a la prensa con la amenaza de juicios.
Al mismo tiempo, es otro de los temas que más se debatieron entre periodistas y abogados en los seminarios organizados en la Asociación de Periodistas. La Ley de Imprenta, como otras normas incluyendo la propia Constitución Política del Estado, no fueron respetadas durante los largos años de dictaduras militares, o durante la Revolución Nacional.
Como dirigentes, insistimos en la necesidad de que los gobiernos municipales elijan ciudadanos notables para poder sortear entre ellos cuando se necesiten los jurados de imprenta. Es una práctica diferente al resto de los procedimientos en el orden jurídico nacional.
Algunos comentaristas opinan que hay que revisar la Ley porque fue aprobada cuando únicamente existían los impresos. Sin embargo, la Ley está redactada para adecuarse a otros soportes, como sucedió con la radiodifusión (fundada pocos años después), la televisión y ahora podría alcanzar a otras tecnologías.
Lo importante son sus principios inalterables.
En diciembre de 1917, el matutino “El Diario” reprodujo por varios días (desde el intento golpista del 5 de ese mes) las discusiones sobre la propuesta de revisar la Ley de Imprenta de 1900.
El decano de la prensa nacional publicó en primera plana, en forma de editorial y como noticias las opiniones de los propios periodistas, del Poder Ejecutivo -que preparó un proyecto para una nueva Ley de Imprenta- y de las comisiones camarales. Algunos temas eran los más debatidos: el asunto de los jurados de imprenta; quiénes deberían ser los responsables de un texto, además del autor (editor, director, gerente, dueño de la imprenta); la importancia de las fuentes; el necesario equilibrio entre libertad de prensa y los posibles abusos de los periodistas. Para ser considerado como tal se propuso crear un registro, aspecto que la APLP retomó en 1982 hasta que se logró el registro nacional que luego no fue respetado.
Tanto en los editoriales como en las consideraciones para la nueva normativa se enfatiza el asunto del anonimato. Ayer, como actualmente, personas cobardes se escudan en nombres (perfiles) falsos para poder insultar al adversario político.
“El Diario” reportó que en ese momento existían 32 publicaciones liberales, de las cuales 10 eran diarios; y 13 periódicos conservadores, de los cuales dos eran diarios. Eran editados en las capitales departamentales como en otros lugares como Baures, Uyuni, Tupiza.
La prensa boliviana, hasta muy entrado el siglo XX, fue esencialmente política, de partidos y de fracciones dentro de los mismos partidos. La lucha verbal era durísima, al punto que decía el editorial de “El Diario”: “el que insulta en privado va a la cárcel, el que insulta en público llega a la cumbre de la fama”.
El debate sobre el proyecto duró varios años y superó a diferentes gobiernos.
En este 2025, centenario de la Ley de Imprenta, las asociaciones de periodistas organizan nuevos encuentros para conocer más y mejor su significado. Sin embargo, falta indagar en los redactores del Congreso y cómo se logró el consenso para promulgar la norma que garantiza las libertades democráticas.
Hace poco, en el prólogo al libro de remembranzas del periodismo de Pedro Rivero Jordán, subrayé la valentía de este director, quien “une a su voz el coraje de la memoria”. En él agradezco a su familia y a los dueños honrados de periódicos, radios y canales nacionales. Pedro y otros propietarios bolivianos apoyaron en estos años las muchas acciones colectivas de la prensa boliviana arriesgando inversiones, ganancias, ahorros de varias generaciones para defender la libertad de expresión.
Nuestro homenaje mayor es a estos periodistas que resistieron los embates en estos duros años. Hace pocos días rendía también homenaje a los periodistas decentes como Mario Castro.
Sin ellos no hubiese sido posible mantener estas trincheras de libertad de pensamiento, de cobijar a las diversas voces. El pueblo boliviano entiende que la vanguardia en defensa de la libertad de pensamiento está acá y con este portaestandarte se lucha por todos.
Esto es muy, muy importante. El mundo está en una peligrosa transformación de los poderes tradicionales. El rol de Elon Musk es un capítulo que hay que analizar en profundidad. ¿Qué puede hacer la Ley de Imprenta ante estos nuevos imperios que han borrado las fronteras internacionales? El territorio Facebook es más grande que tres continentes.
El despido de Jorge Ramos en Univisión es el prólogo de lo que la prensa libre enfrentará en los próximos cinco años. Nicolás Maduro y Donald Trump no pueden soportar entrevistas no pactadas. (Tampoco Evo Morales aguantó sus preguntas). Ramos denunció hace años que siempre “alguien” se entromete en su celular y en sus correos.
En el otro extremo, el asesinato de periodistas palestinos en Gaza y Cisjordania, de sus hijos, de sus padres, de sus familias, el ingreso de tropas a las redacciones de canales internacionales es una señal de tiempos muy oscuros para la prensa.
Ninguna democracia es posible sin la posibilidad de escuchar al otro. Aunque la irrupción del internet y de las redes sociales ha desbordado todo equilibrio, no será con censuras o amenazas cómo se gane esta batalla del siglo XXI.
