Escucha la noticia
Por Gabriel Mora
Para el actual proceso constituyente, en un último intento por lograr la casa común prometida, se llegó al acuerdo de poner algunos bordes a la discusión sobre cómo debería ser la próxima Constitución. Entre estos límites se encuentra la necesidad de que el nuevo texto proteja y garantice las libertades y derechos fundamentales, entre los cuales se encuentran la libertad de enseñanza y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos. ¿En qué radica la importancia de esta última afirmación? ¿Cómo afecta a nuestro contexto educativo?
«¿Cómo podemos asegurar que los nuevos colegios tengan un mínimo de calidad? Aquí es donde entra el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos. Son ellos quienes deben escoger en qué institución inscribirse. De esta forma, si un establecimiento no garantiza los niveles adecuados de educación, no adquirirá suficientes estudiantes para mantenerse económicamente».
En términos simples, la libertad de enseñanza, como derecho fundamental, garantiza a los educadores la posibilidad de transmitir conocimientos usando la metodología que este crea pertinente. Sin embargo, este tiene más alcances, permitiendo que desde la sociedad civil (las personas a pie de calle) puedan organizarse y abrirse establecimientos educacionales que puedan ofrecer una forma innovadora en la que impartir las materias. Gracias a esto podemos tener una gran variedad de colegios en los que se transmiten distintos valores, se enseñan idiomas adicionales al inglés o se comparte una religión en específico. Cada establecimiento busca tener un elemento diferenciador y así mismo ocurre con las universidades e institutos técnicos.
¿Dónde está el límite? Esta libertad puede ser usada mientras no transgreda la moral, las buenas costumbres, el orden público y la seguridad nacional.
¿Cómo podemos asegurar que los nuevos colegios tengan un mínimo de calidad? Aquí es donde entra el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos. Son ellos quienes deben escoger en qué institución inscribirse. De esta forma, si un establecimiento no garantiza los niveles adecuados de educación, no adquirirá suficientes estudiantes para mantenerse económicamente. Sin embargo, para esto es importante que exista un buen acceso a la información sobre la calidad que tiene cada centro educacional, por medio de pruebas, encuestas y la publicación de estas. ¿Debería el Estado garantizar la transparencia de la calidad educativa de cada establecimiento? ¿Qué otros estándares de calidad deberían medirse y publicarse?
Para fomentar la libertad y desarrollo de nuestra sociedad, creo que es fundamental garantizar el acceso a la información en materia educacional de cada institución educativa.
*Este artículo fue publicado en fppchile.org el 13 de febrero de 2023
