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Desde hace tiempo que no hay justicia en Bolivia. No es una cuestión de que los jueces recientemente hayan decidido prorrogarse inconstitucionalmente. Se trata de algo más serio y más profundo, de una situación que no cambia del todo porque siempre hay algún tipo de interés detrás que impide las soluciones.
En otras épocas, seguramente más democráticas y cuando todavía se disimulaba mejor el desprecio político por la independencia de las instituciones del Estado, también se intentaron reformas y se probó con el nombramiento pactado de profesionales más probos y prestigiosos, pero de una u otra forma la sombra de las presiones planeó sobre las cabezas de los juristas.
No es novedad que al poder político le haya interesado contar con cierta obediencia del órgano judicial para hacer menos compleja la tarea de gobernar dentro de la ley, pero obviamente la situación no había llegado a extremos como los actuales, cuando la justicia se ha convertido solo en un apéndice burocrático y corrupto del gobierno.
Las iniciativas de reforma por lo general han tropezado con el “hasta ahí nomás”, es decir con el hagamos las cosas de manera tal que la justicia no se sienta tan independiente como para incomodar al poder político.
Que los tribunos sepan quién los propone para que no sean ingratos a futuro, era uno de los acuerdos discretos a los que debían llegar los proponentes y beneficiarios de los nombramientos. Así se garantizaba una independencia más o menos “medida” de los poderes.
Para la gente común la justicia siempre estuvo mal. No es que solo ahora 9 de cada 10 exprese su desconfianza en esta institución. Esta es una percepción que se arrastra desde hace mucho y no tanto por el sometimiento político, como porque la justicia ha ignorado tradicionalmente las urgencias judiciales de la rutina ciudadana.
Que la justicia no sea independiente, por supuesto que es un problema mayor y que entraña riesgos muy serios de debilitamiento democrático, pero para el “cliente” judicial que la justicia no funcione es peor, especialmente cuando no existe una relación de causa y efecto entre politización y burocratización del poder judicial.
No es novedad que, digamos, un “ladrón de gallinas” a veces pase más tiempo preso que un presunto narcotraficante, porque el primero no cuenta con los recursos que tiene el segundo, ni con el tejido de influencias que lo lleve hasta el escritorio del juez para la reconsideración de su caso. Como ese hay innumerables expedientes empolvados en los archivos judiciales.
Y es que la solución de los problemas de la justicia en Bolivia no pasa solo por asegurar la independencia del poder judicial, sino por resolver el intrincado laberinto que impide desde hace largos años que ese poder funcione efectivamente en beneficio de la gente y sin necesidad de que la gente deba empeñar hasta su último bien para llegar al precio de un fallo medianamente equilibrado.
Que los actuales integrantes del poder judicial hayan decidido prorrogarse en sus cargos, dizque porque hay un empantanamiento en el proceso que conduzca a la elección de nuevos jueces, significa que hemos ingresado, además, en la etapa de un poder que navega a la deriva y bajo una lógica propia.
En una relación promiscua como la que se ha acentuado entre política y justicia, hay una suerte de peligrosa confusión. Hay seguramente un empate entre favores: los que le debe el poder político al judicial y viceversa. Eso hace muy difícil delimitar las responsabilidades, porque a fin de cuentas unos y otros forman parte de la misma descomposición y a ninguno le interesa ponerle fin, sino es a riesgo de exponer el alcance de su “complicidad”.
Por eso, esperar un cambio bajo las actuales circunstancias es una mera ilusión. No hay reforma de la justicia sin recuperación plena del estado de derecho y no hay recuperación del estado de derecho sin una nueva revolución democrática, en la que el ciudadano, hoy desalentado y escéptico, recupere toda la fuerza de su protagonismo. Tal vez solo así llegue la hora en que el ladrón de gallinas finalmente consiga su libertad.
