Escucha la noticia
Los aumentos salariales impuestos por el gobierno no generan inflación. La inflación es siempre un fenómeno monetario, cómo explica el Nobel de economía Milton Friedman y su causa es la excesiva impresión de papel moneda. Lamentablemente no es infrecuente ver opinadores, incluso economistas confundidos que dicen, equivocadamente, que los aumentos salariales generan inflación porque hace que aumente el costo de producción. En realidad, los precios son determinados por el mercado. El gerente de una empresa puede creer que define el precio de su producto, pero lo que hace es un proceso de descubrimiento del precio: si pone un precio muy alto, vende poco y si pone un precio muy bajo, quiebra su inventario y deja una demanda insatisfecha, por lo que continuamente tiene que estar en un proceso de prueba y error. Si una empresa subiera sus precios, luego de ser obligada a dar un aumento salarial y siguiera vendiendo lo mismo, entonces, ¿por qué tendría que esperar el aumento salarial para subir precios? Si el aumento de precios no castigara su volumen de ventas, entonces podría subir precios y ganar más, independientemente de que haya o no un aumento salarial. Por otro lado, los aumentos salariales no generan un aumento generalizado de los precios, sino cambios relativos; es decir, algunos sectores ganan más a costa de otros. En cambio, la impresión excesiva de papel moneda genera precisamente que todos los precios suban y lo hagan de manera sostenida en el tiempo.
Lo anteriormente expuesto no es de ninguna manera una vindicación de los incrementos salariales impuestos al sector privado por el gobierno. Los incrementos salariales por decreto son una violación de la libertad contractual entre personas; son también una violación de la propiedad privada, porque consisten en que una entidad (el Estado) toma algo ajeno contra la voluntad de los legítimos dueños (parte del patrimonio de las empresas) y se lo da a otros (los empleados), algo no muy diferente del robo o hurto. Es decir que los aumentos salariales por decreto son inmorales y deberían ser rechazados por principio. Pero incluso dejando la justicia y la moral de lado, las consecuencias de los incrementos salariales son contraproducentes. Al generar inseguridad jurídica, reducen el incentivo a crecer y contratar personas, lo que genera menos crecimiento económico para el país y menos empleo; al imponer incrementos generalizados, hace más difícil que las empresas premien a los mejores empleados, lo que promueve la mediocridad y repercute en menor crecimiento económico; puede hacer inviables ciertas empresas, que se ven obligadas a reducir personal o cerrar, generando desempleo y mayor informalidad. En definitiva, los incrementos salariales forzosos frenan el crecimiento económico de un país, reducen el empleo, reducen la meritocracia y aumentan la informalidad.
El Estado, como empleador, tiene la potestad de negociar y otorgar aumentos salariales a los funcionarios públicos; pero imponer aumentos salariales al sector privado, es cometer un robo, una injusticia, una inmoralidad, y además los efectos de largo plazo son perjudiciales para la economía y para los trabajadores. La única política consecuente con la justicia, con el respeto a la libertad individual y la propiedad privada y conducente a mayor crecimiento económico y bienestar de los trabajadores es el respeto irrestricto por parte del Estado a la libertad contractual expresada en los contratos libremente convenidos entre empleadores y empleados. El Estado nunca debería imponer ningún incremento salarial en el sector privado.
