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Ayn Rand decía que “los absurdos no refutados de hoy son los lemas aceptados de mañana”. De igual forma, las versiones falseadas de hechos de hace 20 años, sentaron las bases de una narrativa con la que se ha seguido distorsionando la interpretación de otras crisis a lo largo de dos décadas.
El relato oficial sobre octubre de 2003 es la piedra fundamental para una narrativa que sólo ve víctimas en un bando de los conflictos, que asigna culpables automáticos en el otro y que, en definitiva, ha ayudado y acompañado a la deconstrucción de la imperfecta democracia que existía en Bolivia hasta inicios del siglo XXI, para su sustitución por un régimen híbrido cada vez más autoritario y dictatorial.
El sesgo deliberado que se aplicó a los hechos de octubre se repitió, por ejemplo, en la interpretación de Porvenir (2008), Sacaba y Senkata (2019), entre otros casos.
Por supuesto, la metodología no es estrictamente boliviana, aunque el país sí fue el laboratorio socio-político inicial para su experimentación. Después sería implementada en Chile, Colombia, Ecuador y Perú, con resultados desiguales pero con tres constantes en sus objetivos: a) el intento de derrocar a un presidente democrático, b) forzar la apertura de un proceso constituyente, aunque no estuviera previsto en la Constitución vigente, y c) abrir el camino a la elección de un candidato presidencial de la izquierda populista, mostrado como el único que podía garantizar la “gobernabilidad social” después del intenso periodo de inestabilidad. El guión se ha repetido para facilitar la llegada al poder de Evo Morales, Gabriel Boric y Gustavo Petro.
En el caso específico de octubre de 2003, el relato oficial se ha basado en 5 mitos, que he contrastado con elementos objetivos como pericias forenses y balísticas, antecedentes de credibilidad de los testigos e inconsistencias de testimonios, entre otros parámetros. Y los mitos no pasaron la prueba.
Esta revisión, que reúno en el libro “Los 5 Mitos de Octubre” que presento por estos días, demuestra que muchos de los disparos letales no pudieron provenir de las fuerzas militares; que el ELN y las FARC estuvieron efectivamente presentes en ese momento en Bolivia; que uno de los incidentes centrales de octubre no se dio como cuenta la versión oficial; que Perú nunca fue una opción viable para la exportación de gas boliviano; y que el diálogo para la pacificación democrática fue saboteado por los líderes del alzamiento armado.
Se puede concluir que el relato oficial se ha convertido en un mecanismo de encubrimiento que, lejos de buscar hacer justicia, distrae la atención de los verdaderos impulsores de la violencia. Luchar por los derechos humanos que fueron vulnerados en octubre requiere asumir e integrar estos elementos críticos, para acercarnos a una verdad histórica que ha sido escamoteada de forma sistemática.
