Los estragos del personalismo: la España de Pedro Sánchez

Por Miguel Ángel Martínez Meucci¹

El presidente de España, Pedro Sánchez, se destaca cada vez más por su habilidad para ascender hasta las más altas cúspides del poder público. Así como para mantenerse allí una vez alcanzada la meta. Otros aspectos de su trayectoria política quedan opacados ante esta evidente destreza que lo identifica. Él mismo lo atestigua en su temprano relato autobiográfico titulado Manual de resistencia. El autor muestra cómo fue capaz de reconquistar la dirección general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) tras sufrir el varapalo de 2016, o de forzar la continuación la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018. Gracias a dicha moción, Sánchez logró acceder al poder sin pasar por elecciones previas.

No miento, cambio de opinión

En los años venideros, se encumbró como presidente de la Internacional Socialista (noviembre de 2022). Demostró su asombrosa capacidad para reponerse a la pérdida, por parte del PSOE, de varios gobiernos regionales en las elecciones autonómicas de mayo de 2023. En esa oportunidad, y ante lo que lucía como su más que probable muerte política, Sánchez adelantó las elecciones generales al momento más álgido de las vacaciones, a finales del tórrido mes de julio. No logró hacer que su partido fuera el más votado por los españoles. Pero sí pudo armar desde la minoría el nuevo gobierno con el que sigue atrincherado en la Moncloa.

El episodio más reciente en este maratón de resistencia —que arriba a su sexto año— es el anuncio de su posible renuncia. Luego, Sánchez ratificó su continuidad con el propósito de “regenerar” la democracia española. El término preocupa, sobre todo cuando quien lo emplea se vanagloria de su capacidad para mantenerse en el poder. Además, contraviene las propias ofertas electorales, propicia una aguda polarización y pone en riesgo los contrapesos constitucionales. Entre tanto, el incremento del gasto público y un eficaz despliegue mediático le permiten ir corriendo la arruga de una crisis a la que hay que prestar atención. En caso de seguir agravándose podría desestabilizar definitivamente el orden constitucional vigente.

Pactos

Las precarias mayorías parlamentarias con las que Sánchez resiste en el poder se sostienen mediante pactos con fuerzas políticas minoritarias. Previamente, el presidente socialista siempre aseguró que jamás pactaría con estas agrupaciones. Tal es el caso de Bildu, heredera política de la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA), o de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), directamente implicada en la realización del referéndum de autodeterminación catalana realizado ilegalmente en 2017. También ha formado parte de estos pactos de gobierno Unidas Podemos. El partido abiertamente cuestiona el orden constitucional vigente por considerarlo heredero directo de la dictadura franquista.

Pero, si estos pactos contravenían lo anunciado por Sánchez en sus campañas electorales, el exabrupto escaló con el acuerdo en torno a una amnistía. El propio presidente había declarado previamente imposible por inconstitucional. Quedarían libres de polvo y paja los principales responsables de un intento de secesión unilateral de Cataluña y, en algún caso, de delitos comunes por los que varios de ellos han sido juzgados. Así, la habilidad de Sánchez para “cambiar de opinión” (así prefiere verlo su camarada, el expresidente de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero) le ha permitido reunir votos haciendo una cosa, para luego reunir escaños haciendo lo contrario.

Divide, polariza y vencerás

Buena parte del voto socialista se muestra impermeable a estos cambios, incluso cuando desaprueba medidas como la amnistía. Esta posición se explica por la aversión que sienten estos sectores ante una ultraderecha, contra la que Sánchez no cesa de alertar. Si bien el presidente cuestiona los posibles pactos entre el Partido Popular (PP) y Vox, no se aplica el mismo rasero a la hora de pactar con la ultraizquierda.

De este modo, España pasa de una democracia estable —de equilibrios centristas y centrípetos, fundamentada en los grandes pactos de Estado suscritos por la centroizquierda y la centroderecha— a un sistema extremadamente polarizado. El contexto se tensa por toda clase de fuerzas centrífugas que de modo abierto conspiran contra el orden constitucional actual. Bajo las coaliciones de Sánchez, España es gobernada por quienes rechazan la unidad del Estado y de la nación española. Procuran, en su lugar, la independencia de sus propios espacios territoriales, la disolución de la monarquía parlamentaria o, simplemente, el disfrute de mayores recursos y tiempo en el poder.

No es ley, es lawfare

Ese disfrute de recursos y poder no siempre se mantiene dentro de los márgenes que estipula la ley. A los exabruptos cometidos por una parte de los secesionistas catalanes se suman ahora presuntas tramas de corrupción en las filas del PSOE. Con el caso de corrupción del exministro José Luis Ábalos (polémico anfitrión de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y su cuantioso equipaje en el aeropuerto de Barajas) y de su consejero Koldo García, relacionado con una compra masiva de mascarillas durante la pandemia del covid-19, las dudas sobre el manejo transparente de la cosa pública se han ido extendiendo hasta la propia Begoña Gómez, cónyuge de Sánchez que es ahora acusada de tráfico de influencias.

El oficialismo socialista atacó con fuerza. Aseveró que es víctima de un lawfare por parte de los jueces, acusando a un sector de la prensa y señalando a la pareja de Isabel Díaz Ayuso (PP) por presuntas irregularidades ante Hacienda. Lo más grave es que Sánchez pretende ampararse en la muy cuestionable práctica que impera en España, por la cual los partidos influyen decisivamente en el nombramiento de los jueces, para renovar el Consejo General del Poder Judicial con figuras eventualmente cercanas y sumisas. Ya logró avanzar con la designación de un fiscal general del Estado cuestionado por su aparente docilidad.

Conviene recordar que la salud de las democracias se relaciona directamente con los límites efectivos del poder de los gobernantes. Una resistencia indefinida e injustificada para permanecer en el cargo no es compatible con la democracia. Esperamos que nadie, empezando por el propio Sánchez, lo pierda de vista.