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La caravana cruceña no solo ha exigido la libertad del gobernador Luis Fernando Camacho, detenido violentamente el pasado 28 de diciembre de 2022, sino también que hay presos y exilados políticos y violación sistemática de los derechos humanos contra los opositores al régimen del Movimiento Al Socialismo (MAS). El gobierno acusa a Camacho de “terrorismo”, que habría consumado cuando liderizó las protestas ciudadanas en contra del megafraude electoral de 2019, cometido por Evo Morales, que buscaba eternizarse en el poder. Sin embargo, el Relator Especial sobre la independencia judicial de la Naciones Unidas, Diego García Sayán, calificó el delito de “terrorismo” como un “tipo penal ambiguo”, que genera inseguridad jurídica y permite el abuso de poder.
En general, preso político es una persona perseguida o que está privada de su libertad por razones políticas y donde el propio poder judicial se ha saltado las garantías básicas del debido proceso. Lo que caracteriza a los perseguidos políticos son los abusos que comete el mismísimo poder judicial, que está al servicio del poder político, e impone detenciones y sanciones, claramente desproporcionadas y basadas sólo en consideraciones políticas.
Las persecuciones y detenciones, por motivos políticos, se han utilizado particularmente en países con regímenes autoritarios y con un evidente ejercicio abusivo del poder de los órganos del Estado (ejecutivo, legislativo y judicial). En estos regímenes (Cuba, Venezuela, Nicaragua, entre otros), la represión política recae no sólo en personas que se oponen abiertamente o critican a esos gobiernos, sino también en aquellas que ejercen una labor de defensa y promoción de los derechos humanos.
Todos estos “procesos” se realizan no solo con la finalidad de liquidar a la oposición sino igualmente con el propósito de implementar determinadas políticas que buscan la reproducción del poder político (el poder por el poder). Otro elemento diferenciador es que en estos “procesos”, se vulnera claramente los principios fundamentales de un juicio justo e imparcial, como proclama la Constitución boliviana y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
La criminalización política implica una manipulación grosera de las instituciones del Estado y busca proscribir a todas aquellas personas que piensan distinto. En todos estos casos, se restringen las libertades de expresión y opinión; de pensamiento, conciencia y religión; de reunión y asociación y participación política, hasta privarles de continuar promoviendo sus ideales y causas políticas. No se trata de simples procesos de criminalización judicial, sino además que están acompañados de pronunciamientos condenatorios en los medios de comunicación social.
A todos se los etiqueta de delincuentes “confesos”, y siempre son detenidos preventivamente y en las cárceles de máxima seguridad.
En Nicaragua, Daniel Ortega ordenó que la mayoría de los presos políticos (220 en total), fueron puestos en un avión chárter, y enviados de madrugada a los EE.UU. y lo hizo de la misma manera arbitraria en que fueron detenidos y sometidos a procesos que nunca tuvieron ningún valor jurídico.
El gobierno ha criminalizado las protestas, perseguido a los que piensan diferentes y encarcelado a disidentes y obligado al exilio a miles de sandinistas; además, de confiscarles sus bienes y quitarles la nacionalidad.
En Bolivia, existe una lista larga de detenidos y procesados políticos. La expresidenta Jeanine Áñez, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, el ex líder cívico Marcos Antonio Pumari, entre otros, se encuentran detenidos y condenados en procesos “fabricados”. Evo Morales confesó que el juicio ordinario contra Jeanine Áñez, se decidió en una reunión con el presidente, Luis Arce, el ministro de justicia, Iván Lima, y dirigentes de ese partido político, y todo esto no solo prueba la intromisión política en el poder judicial, sino también invalida la sentencia por falta de independencia del tribunal.
Luis Arce prometió no solo una reconciliación nacional sino también gobernar para todos los bolivianos, y corregir los errores del pasado inmediato e imponer un nuevo estilo de hacer política. Han pasado tres años y el pueblo boliviano sigue esperando una actitud constructiva, abierta y concertadora para resolver los grandes problemas nacionales. La prometida reconciliación podía comenzar con una amnistía general para todos los perseguidos y presos políticos.
