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Por Richard Morrison1
Alfredo Ortiz tiene un mensaje para todos los políticos progresistas y activistas que trabajan para cerrar la brecha económica entre los estadounidenses blancos y no blancos: Por favor, basta.
En su nuevo libro The Real Race Revolutionaries (Los verdaderos revolucionarios raciales, diciembre de 2022), Ortiz, defensor desde hace mucho tiempo de los propietarios de pequeñas empresas y sus empleados en Estados Unidos, sostiene que las políticas gubernamentales que pretenden aparentemente igualar los resultados económicos entre la mayoría blanca y los grupos minoritarios en Estados Unidos han tenido en realidad el efecto contrario. Dado el crecimiento de la regulación y el gasto públicos y la relativa falta de progreso en las últimas décadas, es difícil discutir con él.
El argumento de Ortiz se basa en una idea especialmente importante que resultará familiar a los aficionados a la economía de mercado, pero que se resiste obstinadamente a ser comprendida por el público en general. Las leyes y reglamentos que durante tanto tiempo se han promovido para disciplinar a las empresas y proteger a los consumidores suelen acabar protegiendo a las grandes empresas establecidas y restringiendo el acceso al mercado a los recién llegados y a los forasteros. Esos actores establecidos son, por supuesto, desproporcionadamente los hombres blancos heterosexuales de los que se nos ha advertido (es decir, los que ya controlan la mayoría de las empresas y la mayor parte de la riqueza en Estados Unidos). Por lo tanto, una mayor intervención del gobierno en el sector productivo de la economía acaba perjudicando a los trabajadores y empresarios de las minorías, casi por definición.
Cada nueva regulación y subida de impuestos resta algo a la cuenta de resultados de las empresas existentes y dificulta la creación de nuevas empresas. Como escribí en 2021 en relación con las nuevas normas medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG), las normas más estrictas y los requisitos más caros favorecen a los operadores ya establecidos frente a los nuevos, a las grandes empresas frente a las pequeñas y a las empresas que ya cuentan con mayores departamentos jurídicos, de cumplimiento normativo y de presión política. Dado que los marcos reguladores actuales ya favorecen a las grandes empresas, el aumento de las cargas no hará sino reforzar ese efecto. Como señaló el consejero delegado de JPMorgan Chase, Jamie Dimon, en una entrevista de 2013, los requisitos regulatorios de la Ley Dodd-Frank de 2008 -vendida al público estadounidense como una medida de rendición de cuentas contra Wall Street- simplemente le ayudaron a construir un «foso más grande» para Morgan frente a sus competidores más pequeños.
Más regulación, más gasto, mayores déficits y más impuestos no son las primeras cosas en las que la mayoría de la gente piensa como obstáculos para el éxito de las minorías, pero sin duda crean condiciones económicas que perjudican desproporcionadamente a las personas que suben desde lo más bajo de la escala socioeconómica. La inflación, que ha alcanzado niveles récord en los últimos tiempos, acabará fácilmente con un restaurante o una tienda de escaso margen que esté tratando de despegar. Un dinero sólido y unas condiciones económicas estables importan más a los pequeños empresarios con menos capital que a las grandes empresas con más acceso a opciones de financiación y, por tanto, margen de maniobra a largo plazo. Mis colegas del Competitive Enterprise Institute Iain Murray y Ryan Young señalaron este punto ya en 2016 cuando contrarrestaban el entonces popular trabajo del economista francés Thomas Piketty. Señalaron en su documento «La marea creciente: responder a las preguntas correctas en el debate sobre la desigualdad» que una política monetaria sólida haría más por ayudar a los trabajadores estadounidenses que la mayoría de las políticas intervencionistas defendidas por los críticos progresistas del capitalismo.
Teniendo en cuenta esta dinámica, empieza a tener más sentido maximizar las oportunidades económicas de las minorías estadounidenses reduciendo al máximo las barreras de entrada. Esto incluye las barreras al empleo, así como las barreras para convertirse en propietario de un nuevo negocio (que en el caso de las empresas con un solo empleado son básicamente la misma cosa). Ortiz contribuyó recientemente con un excelente y breve artículo aquí en FEE en el que se debaten las considerables barreras que impiden a las personas poner en marcha su propio negocio, titulado «Las licencias profesionales están matando el espíritu empresarial de las minorías«.
Las licencias obligatorias a nivel estatal están impidiendo que los trabajadores estadounidenses se conviertan en cualquier cosa, desde enterradores y trenzadores de pelo hasta floristas y diseñadores de interiores. El estado actual de las licencias profesionales impide incluso que las personas que ya tienen una licencia completa en un estado se trasladen y realicen exactamente el mismo trabajo al otro lado de una línea geográfica arbitraria.
Y Ortiz no es el único que persigue tales restricciones. Una amplia variedad de economistas, expertos en políticas y políticos se han pronunciado a favor de reformar o abolir por completo los requisitos para la obtención de licencias profesionales (o al menos de reconocer las cualificaciones existentes a través de las fronteras estatales). Por citar sólo algunos ejemplos recientes, Adam Thierer y Trace Mitchell, del Mercatus Center, publicaron «La reforma de las licencias profesionales y el derecho a ganarse la vida: Un plan de acción» en 2020, Shoshana Weissmann del R Street Institute escribió el año pasado sobre la concesión de licencias y la crisis de los préstamos estudiantiles, el ex becario de la Brookings Institution Ryan Nunn escribió sobre cómo eliminar los efectos anticompetitivos de la concesión de licencias ocupacionales en 2019, y la administración Obama inició un esfuerzo de reforma de la concesión de licencias ya en 2016. El Instituto de Justicia también se ha hecho famoso durante muchos años por defender los derechos de los estadounidenses de todo el país a trabajar en sus profesiones preferidas sin permiso del gobierno. Un puñado de gobernadores y legisladores estatales, los que crearon este problema en primer lugar, están empezando ahora a seguir algunos de estos consejos y a empezar a arreglar el desaguisado.
Pero incluso con victorias graduales como esta, seguimos teniendo una desconexión entre la narrativa dominante de los defensores de la política de izquierdas que afirman preocuparse por el éxito de las minorías, por un lado, pero que abogan por políticas que conducirían a un menor crecimiento económico y menos oportunidades, por otro. En parte, esto se debe a que, en primer lugar, no creen realmente en las posibilidades del libre mercado. Desde esta perspectiva progresista -y, a menudo, explícitamente marxista-, el único camino hacia la equidad para cualquiera que no sea ya rico es el control y la redistribución por parte del gobierno, en lugar de la innovación y la producción nuevas.
Ortiz presenta un ejemplo antiguo pero clásico entre los pensadores económicos negros. Contrasta a Booker T. Washington, que aconsejó a sus compatriotas que persiguieran el espíritu empresarial, el trabajo duro y la autosuficiencia, con W.E.B Du Bois, uno de los principales pensadores socialistas de su época, que insistía en que el propio capitalismo era responsable del racismo y pensaba que una futura élite intelectual de líderes negros debería centrarse en ganar el juego de la influencia política. Sus legados son igualmente divergentes: en 1946, Washington fue homenajeado en la primera moneda estadounidense en la que aparecía un estadounidense negro, el medio dólar Booker T. Washington Memorial. En 1959, Du Bois recibió el Premio Lenin de la Paz (antiguo Premio Stalin de la Paz), concedido por la antigua Unión Soviética.
Esa divergencia de perspectivas, por supuesto, continúa hoy en día. Ortiz señala a Ta-Nehisi Coates e Ibram X. Kendi como herederos del legado prosocialista/antiindividualista de Du Bois. Es de suponer que también incluiría a los autoproclamados «marxistas formados» que fundaron la Black Lives Matter Global Network Foundation. Mientras tanto, hay un amplio abanico de líderes intelectuales negros de los siglos XX y XXI que encajan bastante bien en el Equipo Washington. Ya sean economistas como Thomas Sowell, el difunto Walter Williams y Glenn Loury o Shelby Steele de la Hoover Institution o John McWhorter de la Universidad de Columbia, hay muchos escritores, profesores y activistas que no creen que la prosperidad futura de los estadounidenses no blancos tenga que venir del extremo de una pistola gubernamental.
Por alguna razón, sin embargo, el tipo de progresista blanco bienintencionado que tiene múltiples copias de Fragilidad blanca en su estantería parece tener problemas para entenderlo.
Gran parte de la teoría jurídica y política progresista ha privilegiado notoriamente las intenciones por encima de los resultados en el mundo real. La autoridad moral acaba siendo cedida a la gente que puede emocionar de forma más persuasiva en lugar de a aquellos que tienen ideas que realmente funcionan.
Como dijo el propio Thomas Sowell: «Gran parte de la historia social del mundo occidental en las últimas tres [ahora más bien seis] décadas ha consistido en sustituir lo que funcionaba por lo que sonaba bien». Ortiz y su libro son un ejemplo de un hombre que intenta apartar a los estadounidenses y a sus ostensibles líderes de la falsa promesa de lo que simplemente suena bien y guiarles hacia lo que realmente funcionará.
Esperemos que tenga éxito.
Este artículo fue publicado inicialmente en FEE.org
1es el editor principal del Competitive Enterprise Institute .
*Este artículo fue publicado en panampost.com el 23 de febrero de 2023
