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Aunque haya sido un personaje más complejo que el que suelen pintar sus idealizados retratos biográficos, Nelson Mandela efectivamente evolucionó hacia un pacifismo pragmático en los años ’80, que luego le permitió encabezar el proceso de transición pos-Apartheid, apoyando la declaratoria de un estado de excepción en 1994 para terminar con la violencia entre los militantes de su Congreso Nacional Africano (CNA) y los del Partido de la Libertad Inkatha (representantes del pueblo zulú), en lo que muchos consideraron “una guerra civil no declarada”.
Lo interesante del estado de excepción del ’94, a diferencia de los muchos declarados previamente por el régimen autoritario del Apartheid, fue el uso que le dio la dupla conformada por Mandela como co-gobernante de hecho y por el presidente saliente Frederik de Klerk, entendiéndolo como un instrumento de presión para obligar a los actores políticos a sentarse a la mesa de negociación y lograr un acuerdo duradero.
Aquí es donde la experiencia sudafricana se vuelve más valiosa para la crítica coyuntura boliviana, que parece debatirse entre “diálogo o estado de excepción”, como si se tratara de opciones absolutamente excluyentes.
Hasta ahora, se han multiplicado los esfuerzos de diálogo bajo la presión de los bloqueos, ya convertidos en un verdadero cerco alimentario y sanitario a la ciudad de La Paz, afectando también a las regiones agro-productoras del país, sin que las negociaciones desactiven las movilizaciones, que más bien parecen reanimarse con cada concesión otorgada.
Quizás va siendo hora de explorar una inversión de la presión, con un estado de emergencia que ayude a cernir las protestas violentas y destituyentes de otras, movidas por intereses puntuales y negociables.
La lógica que ha primado en el gobierno de Paz es conocida: recurrir a medidas de fuerza podría escalar la violencia y generar el contexto para una radicalización del conflicto, que puede acabar en una interrupción de su mandato o incluso del orden constitucional.
Sin embargo, lo que hemos visto con el correr de las semanas es que la pasividad estatal no ha podido atajar un escalamiento del conflicto, que no es para nada espontáneo sino que viene fogoneado desde El Chapare y acompañado por actores de izquierda de la región, ya sean gobiernos como el de Gustavo Petro, ejércitos de trolls que intentan imponer una distorsionada narrativa en las redes, o incluso narco-guerrillas como las que denuncia Erik D. Prince (Blackwater).
Tal vez, la alternativa sea el despliegue de un estado de excepción, con los debidos protocolos de proporcionalidad y contención, no para acabar con el diálogo sino para continuarlo bajo una nueva correlación de fuerzas.
