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Hace unos días, una publicación en El Deber sobre el rezago científico que tenemos en Bolivia, hacía énfasis en que de los 28 últimos años, solo durante 9 años hubo una inversión promedio de 0,3% del PIB. Al menos esos fueron los datos que el autor de la nota logró rastrear. Pero si lo leemos con calma, realmente es frustrante. Sobre todo si nos venimos a enterar sobre la inversión en un edificio público, en “honor a los 200 años de Bolivia” o los despilfarros en contratos cuestionables o similares.
El problema tiene muchas raíces que no se toman en cuenta. Uno de los entrevistados en la nota mencionaba que se debe contar con líneas de investigación relevantes. En realidad hay que elaborar Políticas de Estado. Una política de Estado es una decisión adoptada por el gobierno para enfrentar los retos socioeconómicos que presenta un país. Estas establecen los objetivos y también las estrategias para abordarlos. Dan origen a programas e iniciativas específicas que son financiadas y/o implementadas por organismos gubernamentales con el fin de enfrentar dichos desafíos.
En este sentido, la política pública surge de la interacción entre el gobierno y la sociedad, sobre todo los que comprenden de la temática y otros actores involucrados de manera directa o indirecta. Los lineamientos de estas acciones, así como los agentes, instrumentos, procedimientos y recursos involucrados, se mantienen de manera constante y coherente a lo largo del tiempo, sin importar el color político. El objetivo es lograr metas que están destinadas a resolver problemas considerados de interés colectivo.
Desde que hubo el cambio a Estado Plurinacional, la idea de construir Políticas de Estado, fue reemplazada por una Agenda Patriótica del Bicentenario 2025 que no era más que el Plan General de Desarrollo Económico y Social (PGDES) que establecía los 13 pilares para construir una “Bolivia Digna y Soberana” (hacia 2025). Estamos en pleno 2025 y francamente no hallo ni los adjetivos de esos documentos. ¿Soberanos? Dependemos de importar alimentos, combustible y muchos productos más.
Los datos del Censo 2024, reportados el pasado jueves 29, revelaron que solo el 30 % de los bolivianos tienen las necesidades básicas satisfechas. El 70% restante se encuentra en el umbral de la pobreza, pobreza moderada, indigencia y marginalidad. Por ello no sorprende que en solo 9 años, que además no fueron consecutivos, la inversión para el desarrollo de la ciencia haya sido una diminuta cifra.
Después de estudiar y trabajar fuera de Bolivia, cuando retorné definitivamente, la única posibilidad de trabajo fue como reguladora de la bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (OGM). Debo reconocer que el área de derecho me parecía aburrida. Pero terminé aprendiendo mucho sobre los convenios y protocolos internacionales y demás herramientas de regulación.
En este proceso, pude revisar la Política de Estado para Biotecnología, desarrollada por Chile. Este documento establecía las primeras metas en tema de biotecnología, en áreas que eran de interés desarrollar. Este 2025, en el mes de julio, Chile ha actualizado su política pública, que incluye la creación de una Estrategia Nacional para impulsar este sector como motor de crecimiento económico y sostenibilidad. Se promoverá la colaboración entre el gobierno, la academia y la industria, priorizando la inversión en investigación y proyectos innovadores. Se presentaron 15 propuestas relacionadas a seis ejes fundamentales para el país. El objetivo es el de convertirse en un polo regional de innovación, aprovechando sus ventajas en biodiversidad y capacidades científicas.
Bolivia enfrenta un desafío crítico en el desarrollo científico, evidenciado por décadas de escasa inversión y falta de políticas efectivas. Es imperativo establecer estrategias claras y sostenibles que promuevan la investigación y la colaboración intersectorial, para así cerrar la brecha del rezago y construir un futuro donde el conocimiento y la innovación sean pilares del desarrollo nacional.
