Desde hace varias semanas, Colombia es una usina ineludible de noticias para Mirada Sur. Pero esta vez no se trata de los habituales disparates dialécticos del presidente Petro, ni una crisis de gabinete. La noticia que se robó los titulares fue la condena en primera instancia contra el expresidente Alvaro Uribe, por soborno en actuación penal y fraude procesal. Se espera que en una próxima audiencia dé a conocer la condena concreta que debe cumplir el exmandatario, quien se expone a una pena de hasta 9 años de cárcel.

El expresidente, de 73 años, y que gobernó el país con mano dura entre 2002 y 2010, fue acusado por la fiscalía de idear y promover una estrategia para manipular a testigos para que cambiaran sus versiones o declarasen que él no tenía vínculos con el paramilitarismo, lo que para la fiscalía constituyó un intento de engañar a la justicia. Uribe, que renunció en 2020 a su escaño de senador para dejar de estar aforado y que su caso pasara a la justicia ordinaria, siempre ha negado los hechos y alega que es víctima de una persecución política, fue absuelto del delito de soborno simple.

El fallo, que llega tras 13 años de una compleja y mediática batalla judicial, ha generado una tormenta política en Colombia, donde Uribe mantiene una alta popularidad, y la población en general lo recuerda como el mandatario que logró derrotar militarmente a una guerrilla que tenía al país de rodillas. Si bien todavía hay violencia guerrillera, y fueron otros mandatarios posteriores quienes llevaron adelante distintos procesos para desmovilizar a las guerrillas, sin la estrategia dura de Uribe, eso no hubiera sido posible.

REACCIONES. Poco después de conocerse el fallo condenatorio, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, señaló que “el único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente por defender su patria”. Y agregó que la “instrumentalización de la rama judicial por parte de jueces radicales sienta un precendente preocupante”. La senadora y precandidata presidencial Maria Fernanda Cabal afirmó que la sentencia de la jueza parecía escrita por enemigos políticos del expresidente. “Este fallo que no compartimos será motor para luchar por un sistema de justicia que jamás vuelva a ser instrumentalizado para judicializar la política”, dijo Cabal. En tanto, políticos del partido de gobierno celebraron el fallo condenatorio contra Uribe. El precandidato presidencial Gustavo Bolívar señaló: “La justicia cojea pero llega (…) Empieza a hacerse justicia”.

TURBAY. En tanto, un adolescente de 17 años que presuntamente estaría vinculado al atentado contra el senador colombiano Miguel Uribe Turbay, salió de un centro de detención para menores en Bogotá. La Fiscalía de Colombia había informado que el joven se encontraba “siendo indagado por su presunta participación en una de las reuniones de planeación del ataque” ocurrido el pasado 7 de junio contra el parlamentario y precandidato a la Presidencia. Según el ente acusador, el menor habría participado en charlas previas al ataque, en donde presuntamente se planificó lo ocurrido en el barrio Modelia de la capital de Colombia. Algunos comentaristas en redes sociales informaron erróneamente que quien se había fugado era el propio atacante del senador, que según su familia, se encontraría mejorando en su estado de salud.

En medio de una llamativa apatía, Bolivia se apresta a votar el próximo 17 de agosto, en unas primarias donde por primera vez en mucho tiempo, la izquierda del MAS no lidera las preferencias. De hecho, de acuerdo a los sondeos más recientes, la segunda vuelta sería entre dos candidatos calificados por las agencias internacionales como “de derecha”, Samuel Doria Medina, y el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga. Lo de la calificación es llamativo, porque Doria Medina es un empresario, dueño entre otras cosas del emblemático hotel Los Tajibos de Santa Cruz, pero que también es hoy vicepresidente de la Internacional Socialista, liderada nada menos que por el español Pedro Sánchez. Contradicciones típicas del periodismo masivo de los tiempos que corren.

Una particularidad de estas elecciones, es que no contarán con la candidatura del Presidente Luis Arce, quien declinó presentarse a la reelección en medio de una fuerte baja de su popularidad. Por su parte, el expresidente Evo Morales, quien se encuentra enfrentado con su antiguo aliado Luis Arce, fue inhabilitado como candidato al ya haber sido electo tres veces (en 2005, 2009 y 2014) como mandatario del país. Morales ha dicho que la inhabilitación de su candidatura responde a un supuesto soborno del Gobierno al órgano electoral y ha exigido, con movilizaciones y bloqueos, que su nombre esté en los votos del 17 de agosto. Pero hasta ahora, sin éxito.

Otro elemento llamativo de esta campaña, es que el candidato más cercano al oficialisimo, que ha gobernado Bolivia por más de dos décadas, salvo por el breve corte de la gestión de la hoy encarcelada Jeanine Añez, es Andrónico Rodríguez, candidato de la Alianza Popular (izquierda), que cuenta con el 11,8% de la intención de voto, pero que viene cayendo en las preferencias, ya que en la primera encuesta alcanzó un 14,2%. Sin embargo, el voto residual -que incluye blancos, nulos e indecisos- llega al 32%, lo que perfila un proceso electoral con un resultado muy abierto e incierto.

LA VOZ LOCAL. Para tener una mirada local de lo que pasa en Bolivia, contactamos a Sergio Daga, profesor e investigador de la universidad privada de Santa Cruz de la Sierra, a quien le hicimos un par de preguntas.

-¿Cómo vive la sociedad boliviana esta elección? ¿Cuál es el clima económico?

-La sociedad boliviana vive las próximas elecciones como el último recurso antes del colapso. La situación actual es insostenible. El tipo de cambio paralelo está 100% por encima del oficial, el desabastecimiento de combustible es asfixiante, la tasa de inflación oficial está viajando por encima del 5% mensual, y para algunos productos el incremento en precios ya supera el 100% anual, sobre todo si son importados. Bolivia llega a su bicentenario este 6 de agosto, agotada. Hemos vivido 20 años (2005-2025) de hegemonía política del Movimiento al Socialismo (MAS) en donde el Estado tomó un rol protagónico en lo económico y en lo social de una manera feroz, quebrantando la poca institucionalidad que existía previo a esos años. Bolivia llega a su bicentenario con la mirada puesta en que el 17 de agosto, el ciclo hegemónico estatal-populista llegue a su fin y, también, con la esperanza de que la clase política, junto con la sociedad civil, esté a la altura para no repetir errores del pasado y ejecutar política públicas efectivas que lleven al país a una ruta de prosperidad estructural.

-¿Hay posibilidad real de un cambio?

-Las encuestas muestran que ninguno de los candidatos nacidos del MAS (izquierda) llegaría a estar entre los dos primeros lugares; mientras que, por su parte, los candidatos de centro y de derecha al parecer sí estarían entre los primeros dos lugares, pero ninguno con una distancia significativa del otro, con lo cual se esperaría exista un balotaje. Las encuestas también muestran que existe todavía un porcentaje no despreciable de indecisos que podría mover el tablero. Nada está dicho hasta el día de las elecciones y nada está dicho hasta que se cuenten los votos y se haga la verificación tanto por el Tribunal Electoral como por los agentes independientes que de manera voluntaria se están organizando de manera coordinada para cuidar el voto de los ciudadanos.

Marco Rubio fue contundente. El Secretario de Estado de los Estados Unidos no anduvo con vueltas y denunció que Nicolás Maduro no es el presidente legítimo de Venezuela. Pero además, arremetió diciendo que el tirano que conversaba con pajaritos “es el líder del Cartel de los Soles”, una poderosa organización dedicada al tráfico internacional de drogas. Lo dijo el domingo, mientras se celebraban las elecciones municipales en el país caribeño, con un avión espía del Pentágono sobrevolando cerca del espacio aéreo venezolano, y luego de que el Departamento de Estado incluyera formalmente al cártel citado dentro de la lista de organizaciones narcoterroristas. Y a Maduro como su líder.

Rubio fue bien claro: “Este no es un gobierno, es una estructura criminal que se apoderó de un país para facilitar operaciones de narcotráfico a escala internacional”. Según el jerarca de la Casa Blanca, Venezuela funciona como una plataforma de exportación de cocaína controlada por militares, civiles del régimen y grupos armados irregulares. Su acusación está fundamentada por documentos judiciales y por tareas de inteligencia que se vienen desarrollando desde 2020. Con todo esto, Washington llevó el enfrentamiento entre ambos países a un nivel de tensión máximo, pues no solo desconoce a Maduro como mandatario sino que además lo define como enemigo directo del Estado de derecho internacional. Y desde el poder del régimen chavista, no parecen tener demasiados argumentos para refutar las acusaciones.

Aún así, el jefe del estamento militar venezolano, Vladimir Padrino, consideró “absurdo y locuaz” lo dicho por Rubio. Y lo definió como “declaraciones del imperialismo norteamericano tratando de imponer una narrativa”. En la misma línea, sostuvo que “le damos todo el respaldo a nuestro comandante en jefe, a nuestro presidente constitucional legítimo”. Y agregó que la “FANB está dando combate contra el narcotráfico”.

TRASFONDO. Desde marzo de 2020, el Departamento de Justicia de EE.UU. ha presentado cargos formales acusando a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios, de liderar el llamado Cártel de los Soles, una red de narcotráfico estatal que envía toneladas de cocaína a EE.UU. y Europa, y que usaría empresas estatales como PDVSA para lavar dinero. Ya un tiempo antes, en 2019, Estados Unidos había comenzado a imponer sanciones económicas, embargo petrolero y restricciones financieras contra Venezuela por las violaciones a la democracia y los hechos de corrupción y represión del gobierno de Maduro. Sin embargo, durante algunos períodos, Washington autorizó la operación limitada de compañías aunque condicionadas a que el régimen no se beneficiara directamente. La reciente declaración de Rubio es parte de una estrategia de la Casa Blanca para presionar a la dictadura chavista, al afirmar que Maduro no es el presidente legítimo sino el jefe de una organización narco transnacional.

¿POR QUÉ ME IMPORTA? La participación de la ciudadanía en las elecciones municipales del domingo, que se ubicó en alrededor del 13%, es una clara muestra de que la gente ha perdido toda esperanza de cambio a través del voto. Si gobiernos como el de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, que según Rubio se ha convertido en un cártel armado, se abre la puerta para un accionar más decidido de la comunidad internacional, que bsuque recuperar la institucionalidad democrática en el país caribeño.

Dina Boluarte es una de las gobernantes con menor popularidad en todo el mundo. Según las encuestas, su tasa de desaprobación asciende al 97% y apenas un 3% aprueba su gestión. La cifra más baja de un presidente peruano desde 1980. Esto en un país donde existe un penal que fue apodado la Cárcel de los Presidentes por albergar tras sus rejas a 4 de ellos, 3 de los cuales aún cumplen condena. Esta semana, al iniciar su último año de mandato, Boluarte dio un discurso en el Congreso con una audiencia de apenas 30 legisladores de los 130 que lo componen. La presidenta habló durante más de 4 horas. Anunció proyectos de obras, adquisición de aviones de combate, asistencia a los más necesitados y defendió su gestión. Mientras lo hacía, una manifestación en las calles protestaba contra su gobierno en los alrededores del Palacio Legislativo.

Varios motivos definen la bajísima popularidad de la presidenta. El primero es la inseguridad ciudadana y el crimen organizado. Nada nuevo por la región. Un 42% de los peruanos señala como principal causa de su disconformidad, la ineficacia del gobierno para controlar las redes de extorsión y sicariato que tienen en vilo al país.

Solo entre enero y junio la policía recibió 13.667 denuncias de extorsión, un 25,5% más con respecto al mismo período de 2024. Y en lo que va del año se registraron alrededor de 800 asesintatos. Pero ademas, Boluarte enfrenta más de 30 denuncias por delitos de corrupción y enriquecimiento ilícito. Y por si esto no fuera poco para que su popularidad se arrastre por el suelo, tras retirarse del partido Perú Libre, no cuenta con una base partidaria que la respalde políticamente y su legitimidad se ha desmoronado tras aliarse con el ala conservadora del Congreso y apartarse de las bases indígenas que le permitieron acceder al poder. La frutilla de la torta, para llevar el malestar popular al máximo: en medio de la pobreza y la crisis económica que apremia en el Perú, duplicó su salario.

En su largo discurso, Boluarte sostuvo que vencerá a la extorsión y el sicariato como ya lo hizo el Estado con las guerrillas de izquierda que asolaron al Perú durante la década de 1990. “No hemos optado por la indiferencia ni por la resignación. Estamos librando una batalla firme, decidida y sin tregua contra el crimen”, aseguró. A la vez, anunció que el gobierno planea modernizar las fuerzas armadas invirtiendo más de USD 3.500 millones en aviones, blindados y otros equipos clave para la lucha contra el crimen organizado.

TRASFONDO. Dina Boluarte asumió en diciembre de 2022, luego de que el presidente electo, Pedro Castillo, acorralado por una tercera moción de vacancia por corrupción y mala gestión, intentara un golpe de estado que acabó con sus huesos en la cárcel. Boluarte arrancó su gestión con una aprobación moderada del 20%, que fue cayendo con el correr de los meses. A poco de asumir, se produjo un estallido social con violentas protestas exigiendo su renuncia, elecciones anticipadas y la liberación de Castillo. Su respuesta fue una dura represión que acabó con medio centenar de fallecidos y más de 1300 heridos, por lo cual el Ministerio Pública la acusa de delitos graves como genocidio y homicidio agravado. Las llamadas masacres de Ayacucho y Juliaca, así como tragedia en el río Llave, marcaron la brutal represión desplegada. La percepción de autoritarismo que provocó esta postura de la presidenta, sumada a las denuncias de corrupción en su contra, la llevaron a este punto de mínima popularidad histórica.

Este boletín se enfoca en las noticias “al sur del Río Grande”, como decía al principio nuestro “claim”. Pero es casi imposible obviar la influencia del gran vecino del norte en nuestra realidad. Sobre todo, desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Esta semana, el tema estratégicamente más relevante debe ser la confirmación de los aranceles del 50% contra Brasil, y en especial la serie de sanciones contra el presidente de la Suprema Corte, Alexandre de Moraes, por parte de Washington. Pero como ya hemos abordado el tema aquí muchas veces, prefermimos seguirlo la semana próxima, ya con las reacciones brasileñas y miradas locales más digeridas.

Pero hoy nos parecía relevante comentar otro tema, que tiene aristas algo pecualiares. Hablamos de la visita a Argentina de la polémica secretaria de Seguridad de Estados Unidos, Kristi Noem, donde fue recibida con toda la pompa por el gobierno de Javier Milei. La jerarca, célebre en su país por su agresiva política anti inmigratoria, llegó a Buenos Aires para analizar la excención a ese país de la visa para viajes de hasta 90 días. Se trata de una medida bastante llamativa, en el marco de la política actual de Estados Unidos, casi de aislamiento respecto del resto del mundo. Y que deja muy en evidencia el vínculo muy próximo entre la administración Trump, y el gobierno de Javier Milei.

Durante la visita, no se escatimaron gestos de amistad y proximidad entre ambos gobiernos. Pero el que llamó más la atención, fue la invitación por parte de la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, para un paseo a caballo por las afueras de la capital argentina. Noem gusta de mostrar sus antecedentes de “cowgirl”, y Bullrich es la representante de una familia muy tradicional de la aristocracia argentina, que en su juventud integró el movimiento guerrillero montoneros. Luego cambió radicalmente su forma de pensar, fue candidata a presidenta por el partido del ex presidente Macri, pero luego se convirtió en una de las figuras más cercanas a Javier Milei.

Nacida y criada en Dakota del Sur, Noem es hija de un productor rural, y creció en el rancho familiar, por lo que montar a caballo no representó ningún desafío. Más bien al contrario, eligió hacer una conferencia de prensa arriba de Abundancia, la yegua zaina que escogió para dar una vuelta con Patricia Bullrich, subida en Encarnación.

A lo largo de la jornada, Noem hizo referencia varias veces a su admiración por la ministra Bullrich y por el presidente Javier Milei. “El presidente Milei la ha empoderado absolutamente para hacer el trabajo que necesita hacer. Valoro su enfoque firme en temas de seguridad y fronteras”, expresó. Esto tiene un efecto muy importante hacia la interna de la política argentina, a pocas semanas de una elección parlamentaria que es clave para Milei. Y cuando el mandatario busca dejar en claro su vínculo íntimo con Trump, y las posibilidades comerciales que ello le puede generar al país, al mismo tiempo que su gran rival regional, Brasil, protagoniza una pelea frontal con Washington.

¿Quién es? Kristi Noem, que en algún momento sonó como eventual compañera de fórmula de Trump, fue elegida por el presidente para hacerse cargo de la llamada “Agenda 47”, que el propio mandatario describió como “la mayor campaña de deportaciones masivas de la historia”. La funcionaria supervisa un superministerio compuesto por 22 agencias federales y más de 200.000 empleados, incluido el Servicio Secreto, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (Fema) y la agencia de ciberseguridad del país.