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Uno de los reclamos permanentes de la población potosina ha sido que pueda beneficiarse de los réditos de la explotación de los recursos no renovables, principalmente litio.
El amargo recuerdo de la marginalidad y pobreza en los siglos de explotación minera fomenta este sentir.
Mi padre (Wilson Mendieta) estuvo dedicado a la historia potosina y recuerdo que cuando hablaba de mi natal Potosí destacaba que fue una de las ciudades más pobladas en la época colonial con más de 150 mil habitantes, por encima de otras ciudades en América que hoy son metrópolis.
Después descubrí que la mayor parte de esa población correspondía a “mitayos” o trabajadores forzados indígenas. Miles de ellos perdieron la vida en los socavones de angustia de Potosí.
Se dice que con la riqueza de Potosí se podía haber construido un “puente de plata” entre dicha ciudad y España. En una cuantificación que hice hace dos décadas encontré que el valor de la explotación estaría en torno a $us 20 mil millones de hoy.
De esa riqueza poco o nada se transformó en mayor bienestar para la población potosina, incluso en los años de auge recientes. El ingreso por habitante de Potosí es 12% más bajo que el promedio nacional, algo que no parece preocupante. Pero es revelador que 3 de cada 5 potosinos viven en la pobreza, la tasa más alta del país.
Comprendo como potosino que es importante que los beneficios del litio lleguen al “ciudadano de a pie” de Potosí. Y por eso comparto dos reflexiones al respecto que vienen de la industria de hidrocarburos.
La primera es que se tiene que ver una tasa impositiva adecuada. Debe ser lo suficientemente alta como para conseguir recursos para Potosí y el país, pero lo suficientemente baja como para que el negocio sea sostenible.
El mejor ejemplo al respecto es el sector que aludo. A inicios de siglo hubo una lucha política y social muy fuerte para que parte de los ingresos del gas beneficien al país. En función de esa lucha, las tasas de impuestos en el sector se ubicaron incluso por encima de 80%.
Dos décadas después vemos que los beneficios de esta política han sido transitorios y, sin un cambio normativo, el sector hidrocarburífero seguirá en declinación y su aporte será cada vez menor o incluso negativo por la importación de combustibles.
Altas tasas pueden ser contraproducentes para la explotación de recursos. Debemos tener en mente que el 100% de cero es cero. Es decir, si queremos poner un impuesto de 100% lo más probable es que ninguna empresa ni nacional extranjera esté interesada. Por tanto, la recaudación de ese impuesto es nula.
Por otro lado, una baja tasa no deja recursos para el país y crea un ambiente de inestabilidad política y social que resultan en la reversión del negocio.
¿Cuál es la tasa adecuada?
No tengo idea porque no estoy en el sector, pero creo que se tienen que buscar tasas que puedan atraer a inversores y beneficiar a la región. Eso se podrá hacer con el apoyo de entidades especializadas y expertos reconocidos, no de “vende-humos” internos y foráneos.
El segundo tiene que ver con el destino de los recursos. Y en este caso la lección viene de Tarija. En 2013 el ingreso por habitante de ese departamento era $us 8.600 al año, casi tres veces el promedio nacional. Hoy es apenas 33% superior y será cada vez más bajo a medida que decline este sector.
Hasta donde comprendo, los recursos del gas no han generado beneficios permanentes para Tarija. Es decir, no se ha “sembrado” el gas en alternativas distintas de ingreso.
Esa es una diferencia importante con Santa Cruz en los setenta del siglo pasado, cuando se vivió un auge similar en hidrocarburos. Las regalías fueron empleadas en obras públicas de impacto, que luego sirvieron para diversificar el aparato productivo, gracias al esquema institucional regional y a la iniciativa empresarial.
En general el proyecto del litio parece prometedor, pero está sujeto a los riesgos de extractivismo y despilfarro si no se enfoca bien en la diversificación, más que en la especialización.
