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En octubre de 2024, el Comité Cívico Pro Santa Cruz presentó el documento denominado “Nueva Relación de Santa Cruz con el Estado”, una propuesta para rediseñar la estructura política y administrativa del país, y garantizar libertad económica, seguridad jurídica y autonomía plena. Aunque no alcanzó la trascendencia esperada, sus conclusiones anticipaban una discusión que hoy resulta ineludible: la necesidad de replantear el pacto social vigente desde 2009.
Hoy en día, esta necesidad trasciende al departamento y desafía a todos los bolivianos a cambiar su relación con un Estado que se ha convertido en el eje ordenador de casi todos los ámbitos de la vida nacional, desde la economía, la educación, la justicia y la producción, hasta la cultura e incluso la identidad.
El vínculo asimétrico y asfixiante con el poder público, que ya estaba distorsionado desde el siglo pasado, se volvió nocivo en los últimos 20 años cuando, bajo el discurso de la inclusión y la igualdad, el Estado amplió sus prerrogativas a niveles intolerables, concentrando poder político, económico y simbólico. El ciudadano dejó de ser sujeto de derechos y fue reducido a objeto de políticas públicas, ejecutor de consignas y espectador de decisiones tomadas por élites partidarias que hablaban en su nombre, pero no lo escuchaban ni le consultaban.
El “Leviatán” en Bolivia se volvió un sujeto omnipotente, omnipresente y “moralmente superior”, con la facultad de decidir qué es lo correcto, lo legítimo y lo bueno para el pueblo. Trascendiendo su razón de servir a la sociedad, se convirtió en un ente que controló, reguló y fiscalizó todo, pero que falló en garantizar justicia independiente, seguridad jurídica, servicios públicos de calidad y respeto a la propiedad y al esfuerzo individual.
Sin instituciones y desvinculado de la ciudadanía, el “Estado Total” implosionó desde sus entrañas, conduciéndonos a la peor crisis multidimensional de nuestra historia. Pero en su colapso nos dio la oportunidad no solo de realizar ajustes sino de encarar transformaciones profundas que redefinan su rol y el de la sociedad.
Hoy nos encontramos en un momento de inflexión, y el debate no puede seguir postergándose. Bolivia necesita una transformación constitucional urgente, no para enfrentar la crisis económica, sino para redefinir el pacto político fundamental. La hegemonía parlamentaria y la decisión mayoritaria de la ciudadanía nos da la posibilidad de reformar la CPE para limitar el poder estatal, fortalecer los derechos individuales y colectivos, garantizar la independencia de los poderes públicos y restituir el control de la soberanía a los ciudadanos, sus verdaderos depositarios. Esto significa dejar atrás al aparato opresor, construir una institucionalidad moderna, útil y funcional, capaz de servir a la ciudadanía sin pretender dominarla.
No se trata de eliminar al Estado ni de negar su importancia, sino de devolver el poder a su verdadero origen: las personas, y de asignar a las entidades públicas un rol claro, útil y limitado. Se trata de crear un Estado eficiente, concentrado en garantizar el orden interno, actuar como árbitro imparcial en los conflictos, proteger efectivamente las fronteras, representar al país en el exterior, garantizar la aplicación de la justicia, realizar elecciones transparentes y participativas, asegurar el cumplimiento de la ley y ejecutar, con transparencia y celeridad, las decisiones que la sociedad adopte por vías democráticas. Controlar conciencias, moldear a la sociedad según ideologías, dirigir proyectos de vida, imponer principios o ser un actor económico no debe estar nunca más entre sus prerrogativas ni sus funciones.
No podemos pensar en un cambio parcial o superficial (a través de una iniciativa popular y un referéndum) sino en un nuevo proceso Constituyente que permita una reforma mucho más amplia y un nuevo pacto social. El problema no radica en algunos artículos inaplicables o en ciertos temas controversiales. La estructura de la actual CPE está diseñada para imponer una gobernanza centralista y vertical, una democracia tutelada y una economía estatista y planificada desde el poder político.
Sencillamente no es posible un modelo liberal con una Constitución estatista, porque al tratarse de concepciones ideológicas opuestas, cualquier transformación significativa, cualquier Decreto de ajuste o cualquier Ley reformadora corren el riesgo de ser demandadas de inconstitucionalidad, y anuladas por las decisiones de un Tribunal Constitucional con poderes ilegítimos e ilimitados.
Reformar la Carta Magna no es un acto ideológico ni una revancha política; es una necesidad histórica. Bolivia no saldrá de su crisis mientras mantenga un marco constitucional que consagra un Estado excluyente y omnímodo que limita el desarrollo e impide la unidad: el verdadero cambio solo será posible con un nuevo pacto donde el ciudadano recupere su centralidad. Redefinir esta relación no es debilitar al país: es devolverle vitalidad, legitimidad y futuro.
