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A más de 8 años de la promulgación de la Ley No. 348 para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia que busca establecer mecanismos para prevenir, atender, proteger y reparar a las mujeres en situación de violencia, así como perseguir y sancionar a los agresores, pocas cosas han cambiado en el país. De acuerdo a datos de ONU Mujeres, 7,5 de cada 10 mujeres sufrieron algún tipo de violencia en algún momento de sus vidas. En el año 2019, se registraron 117 feminicidios en el país, 113 en el año 2020 y en el 2021 suman 57 feminicidios hasta el 19 de junio, de acuerdo al diario Página 7.
Estas cifras pueden parecer poco relevantes si es que no se consideran algunas agravantes: la mayoría de las mujeres que sufren violencia no denuncian debido a que no cuentan con los recursos; no confían en que en el sistema judicial las proteja de sus agresores; los funcionarios e instituciones que deben atender a las víctimas, en muchas casos la revictimizan o carecen de empatía al momento de tratarlas. Además de lo mencionado, es importante considerar los datos comparados: actualmente, Bolivia es el país con mayor índice de violencia doméstica y de feminicidios en Latinoamérica. Todo esto se da a pesar de tener una ley (348) específica que dispone: las entidades del nivel central y gobiernos autónomos crearán medidas de prevención para modificar comportamientos individuales y sociales violentos, a nivel individual y colectivo, principalmente en los ámbitos familiar, comunitario, educativo, de la salud y laboral. Incorporar en la currícula educativa, temas de género, resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos en los colegios, asimismo, crear un centro de atención psicológica en las unidades escolares, para atención de víctimas de violencia. Por otra parte, las medidas de protección tienen que ser aplicadas de forma inmediata para proteger a la víctima, su vida, su integridad física, psicológica, sexual y la de sus dependientes. Haciendo un breve análisis, en cuanto a la prevención, esencial para reducir los niveles de violencia en nuestra sociedad y lograr un cambio de comportamiento, los avances son escasos. La concientización y educación masiva en todos los rangos etarios y estratos sociales todavía es insuficiente. En cuanto a las medidas de protección, es evidente su incumplimiento porque de lo contrario, Bolivia no se encontraría en el podio latinoamericano de los feminicidios.
Estos no son datos fríos que se deben valorar solamente en función a un análisis estadístico o de incumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado boliviano. Es, en definitiva, una realidad social con la que convivimos mujeres y hombres. Una realidad que ha recrudecido luego de la cuarentena por el COVID-19. Este confinamiento obligatorio sumado al estrés e incertidumbre provocados por la situación económica, incrementó los niveles de violencia de manera abrupta en los hogares. Muchos hechos quedaron en el anonimato en mayor medida que en condiciones normales, debido a las prohibiciones de circulación, las circunstancias económicas y la atención irregular de los servicios de atención a las víctimas. En algunos países se desarrollaron aplicaciones e iniciativas creativas (como la del barbijo rojo en Argentina) para que las víctimas de violencia que se encontraban incomunicadas puedan visibilizarse y pedir ayuda. Vidas en riesgo, libertades conculcadas, derechos vulnerados. Este es el contexto, en el que algunas víctimas recurren a las redes sociales para buscar apoyo y condena social a los agresores, pues los mecanismos de protección no funcionan, el sentimiento de indefensión es generalizado. Es así que la institucionalidad no garantiza el derecho fundamental a la vida e integridad de más de la mitad de la población del país, en el imaginario social persiste la idea de justificar al agresor y cuestionar a las víctimas. Falta mucho por hacer y la esperanza es de las pocas cosas que quedaban pero se va perdiendo.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
