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El polémico proyecto de Ley de Ganancias Ilícitas, rechazado por los sectores involucrados, podría llegar al Tribunal Constitucional, lo mismo que la decisión de la Sala Constitucional de Sucre sobre el caso del Alcalde de Cochabamba. Luego de haberse conocido que mantiene vigente la reelección presidencial indefinida, pese a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que no es un derecho humano de los gobernantes, la preocupación es más que lógica.
Este martes se informó desde Sucre que el pleno del Tribunal Constitucional rechazó la solicitud de un grupo de abogados para que anule la sentencia constitucional número 084 de noviembre de 2017, aquella que avaló la repostulación de Evo Morales a un cuarto mandato continuo en 2019, argumentando que los peticionantes no están “legitimados” para encarar una acción de inconstitucionalidad.
Más allá de lo estrictamente formal, el dato de fondo es que después de que la Corte IDH emitiera hace más de un mes su opinión consultiva en sentido de que la reelección presidencial no es un derecho humano, el Tribunal Constitucional boliviano no hizo prácticamente nada para “modular” la sentencia aberrante a lo que manda la Constitución en torno a la única reelección presidencial establecida en el artículo 168.
El control político que ejerce el masismo sobre los integrantes del Tribunal Constitucional va más allá de que deban sus altos cargos al partido de gobierno. Existen otros mecanismos para que los tribunos terminen haciendo lo que el poder político disponga, incluso violando la Carta Magna.
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados desestimó en las últimas horas una denuncia para que al menos el Presidente del Tribunal Constitucional sea sometido a un juicio de responsabilidades por el comunicado que emitió ese alto tribunal en noviembre de 2019 avalando la sucesión constitucional de la ahora expresidenta Jeanine Áñez.
Por supuesto que la desestimación tendrá un costo para el beneficiado con la decisión parlamentaria. Pero, también existen otras maneras, de mayor gravedad, para ejercer control sobre los magistrados como la presunta vinculación de uno de ellos con el narcotráfico.
Pedro Montenegro, amigo de varios poderosos del régimen del MAS -ministros y jefes policiales, entre otros-, habría mantenido una relación estrecha con un integrante del Tribunal Constitucional cuya identidad apareció en un organigrama delincuencial presentado por el Ministro de Gobierno de ese momento.
Montenegro fue extraditado a Brasil en el gobierno transitorio y no se conoce si brindó información comprometedora en el proceso que enfrenta en la justicia de ese país por delitos de tráfico internacional de estupefacientes.
En más de una ocasión, el masismo, mediante sus gobiernos, mostró que sabe cobrar facturas políticas, por lo que el país tendrá que estar atento a lo que ocurra en el Tribunal Constitucional, cuando deba efectuar el control de constitucionalidad de proyectos de ley rechazados como el de Ganancias Ilícitas o deba revisar la decisión de alguna sala constitucional departamental relacionada con la suerte de un adversario político con respaldo popular.
