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El control tiránico del masismo a la sociedad está en plena ejecución mediante un paquete de leyes que buscan someter a actores económicos, sectores sociales e instituciones clave como las Fuerzas Armadas y la Policía, preparando el terreno para el retorno de Evo Morales al poder y no abandonarlo nunca más.
El trabajo sucio le corresponde a la administración de Luis Arce y a la mayoría masista en la Asamblea Legislativa. Son normas aprobadas de espaldas a los sectores y aprovechando la inermidad de las bancadas de oposición, salvo contadas excepciones que han sabido alertar sobre el siniestro plan oficialista.
El paquete antipopular de hasta diez leyes no han podido ser frenado en las cámaras del Legislativo y están viendo la luz fruto de las maniobras parlamentarias y de la aprobación entre gallos y medianoche, con la promesa de que serán socializadas en la etapa de la reglamentación.
Es precisamente en ese punto que el paquetazo antidemocrático del masismo se consolida. Todas las leyes aprobadas o sancionadas de manera espuria trasladan los latigazos a la sociedad a la reglamentación vía decretos supremos y voluminosos anexos que contienen los detalles del sometimiento.
Por inexperiencia o exceso de ingenuidad, las oposiciones creyeron que el MAS era propositivo y transparente. Por ejemplo, apoyaron la aprobación por unanimidad de la Ley de Devolución de Aportes a las AFP, pensando que era la manera de reactivar la economía de la gente golpeada por la pandemia, pero resultó siendo un préstamo y no una devolución de fondos.
La Ley 1386 aprobada por las dos cámaras de la Asamblea Legislativa hasta medio año y puesta en vigencia por el presidente Luis Arce en agosto puede resucitar todos los elementos persecutorios que eran parte del proyecto de Ley de lucha contra las ganancias ilícitas que fue retirado del tratamiento parlamentario luego de un paro y protestas callejeras de gremiales, cívicos y otros sectores.
La eliminación del secreto profesional, la vulneración a la propiedad privada y las sanciones ilegales que pueden caer sobre cualquier persona denunciada de supuestas ganancias ilícitas pueden ser realidad con los decretos reglamentarios de la rechazada “ley madre”.
También ocurrió con las leyes de Ascensos en la Policía y luego en las Fuerzas Armadas, la de Derechos Reales y otras que suponen verdaderos atentados a las libertades colectivas. El plan del masismo es aprobar el paquetazo que da vía libre al decretazo de Arce que, en condiciones democráticas normales, deberían ser la base para el inicio de procesos legales.
El Comité Cívico Pro Santa Cruz, tras comunicar su decisión de sumarse al paro nacional indefinido que empezará el lunes 8 de noviembre, ha marcado una línea de acción política que enfrenta el paquetazo tiránico del masismo y no solamente la abrogación de la Ley de Estrategia de Lucha Contra las Ganancias Ilícitas. Los otros sectores deberían considerar que la medida de carácter nacional enfrente el paquetazo que viabiliza el decretazo.
El gobierno no acudió por el momento a los sectores sociales oficialistas para tratar de neutralizar las protestas callejeras, los paros indefinidos o los bloqueos de caminos de los sectores tocados por el paquete de leyes antidemocráticas porque eso podría llevar el conflicto político y social a punto sin retorno en la pugna entre la visión dictatorial del masismo y el país democrático.
