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Llegar a La Paz por vía terrestre y atravesar la joven ciudad de El Alto tenía un toque de emoción por el progreso a flor de piel hace unas décadas.
La entrada a ambas ciudades se veía llena de industrias y de pujanza económica. Era algo así como el trayecto de Montero a Santa Cruz de la Sierra en la actualidad.
Con aproximadamente un millón de habitantes es la segunda ciudad más poblada del país después de nuestra capital oriental. También es la principal sede del comercio informal urbano en el país con grandes ferias como la “16 de Julio”.
Y se ha vuelto, al igual que su vecina La Paz, en una ciudad de contrastes entre los fastuosos “cholets” y el tercio de población pobre que vive en la ciudad, que la convierte en el centro urbano con mayor cantidad de población vulnerable.
Por tanto, es una mezcla de alto emprendedurismo, trabajo abnegado y de largas jornadas, pero de ingresos bajos y mucha pobreza.
¿Por qué tanto esfuerzo empresarial y laboral no se ha traducido en mayor prosperidad?
La respuesta radica en la alta informalidad que caracteriza a la población alteña. Es decir, aquellas personas que no perciben los beneficios de la legalidad como seguridad industrial, seguro médico y de jubilación, y tampoco aporta con sus impuestos y contribuciones a esa red de protección social.
Una de las ventajas de la informalidad es que permite a las personas sobrevivir y reinventarse muy rápidamente. Pero se caracteriza por la baja productividad, lo cual les impide prosperar pese al inmenso esfuerzo realizado.
Esa baja productividad sólo le permite emprender en actividades de muy baja especialización como el comercio al por menor y los diversos servicios. No obstante, no pueden hacer crecer sus negocios y diversificarlos, lo cual los mantiene en rangos de ingresos bajos, excepto en el caso de algunos grupos familiares.
Escuché en una radio de alcance nacional a un alteño reclamar estas carencias a propósito de su 38 aniversario el pasado 6 de marzo y decir que las “guerras” que habían ocurrido en El Alto no habían beneficiado a esta ciudad. Proponía beneficiarse del litio, después de la desilusión del gas.
Ese anhelo legítimo de progreso es equivocado en su razonamiento porque apunta más bien a la apropiación de rentas que a mayor producción. El secreto o la clave para generar prosperidad es crear cada vez más valor.
Para ello se requieren políticas públicas que sean proclives al emprendimiento y empleo en pequeñas unidades productivas. Eso implica tener una legislación laboral que pueda proveer oportunidades a los trabajadores menos calificados a la vez de promover una red de protección social. Los costos de este sistema deben recaer, como corresponde, en el Estado, más que en esas pequeñas empresas.
Y para que el sector público tenga los recursos del caso, se debe promover una administración tributaria que sea efectiva tanto en recaudación, como en la sencillez de realizar los pagos, uno de los aspectos que complejiza actualmente al sistema impositivo boliviano. Así los ciudadanos podrán contribuir a su propio progreso.
Las preferencias políticas de la mayoría de los alteños apuntan a una visión más progresista que otras ciudades. Paradójicamente, la ausencia de un Estado eficaz en todos sus niveles la convierte en la mejor representante del “capitalismo salvaje”, tal como lo denominó un exmandatario de un país vecino.
La informalidad es la causa y la consecuencia del atraso y pobreza de la urbe alteña. Estudios académicos recientes muestran que este fenómeno tiene costos en el largo plazo porque implica menor crecimiento dada la baja productividad de quienes están en el sector no formal.
Para que El Alto en particular y Bolivia en general progresen se requiere un cambio de enfoque, más que de ambición de progreso generalizado y comunitario.
Es cierto que la riqueza natural no renovable podría promover una base material de sustento. Pero debe ser complementaria a la creación genuina de valor mediante el emprendimiento legítimo y el trabajo digno.
