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El concepto básico para responder a ¿qué hacer con las EP?, es la“Participación del Estado” (PdE), o sea la forma en que el Estado interviene directamente en la economía. En un país como Bolivia es imposible y riesgoso excluir al Estado de la economía, por lo menos mientras ésta se base en el aprovechamiento de los recursos naturales.
El primer paso es clasificar las EP. No todas son iguales ni necesarias. Simplifico con tres categorías: las EP de servicios, las EP comerciales y las EP productivas.
Algunas EP de servicios básicos son necesarias en la medida en que convierten los impuestos, nacionales o locales, en subsidios eincentivos al transporte, a la salud, a la educación y a la vivienda. La condición es que se mantengan en los techos presupuestarios y que controlen el déficit natural vía incrementos periódicos de tarifas.
Al contrario, las EP comerciales –las “xxx.bo”– son indefendibles, máxime si son deficitarias y no competitivas, como suelen serlo. Han surgido como hongos gracias al MAS, a veces sin son ni ton,y llevan las consecuencias de un mal parto. Pienso en las agencias de toda índole, los comercios, las entidades financieras estatales que no destacan por transparencia, competitividad y excelencia.
Las EP productivas suelen producir más déficit que ganancias, pero están ancladas a uno de los mitos nacionales, los “recursos estratégicos”, que ha desorientado la economía nacional desde la colonia. En principio, no hay razón para oponerse a que el Estado participe en el aprovechamiento de los recursos naturales, debido a las mayores y seguras ganancias que ésos podrían generar y a las ventajas que la presencia del Estado representa en el comerciointernacional. Pero se debe saber cómo hacerlo, y hacerlo bien.
En la Delegación Presidencial a mi cargo, entre 2004 y 2005, reflexionamos, por ejemplo, cómo “refundar” YPFB sin volver a caer en los defectos que la llevaron a capitalizarla unos años antes. En busca de experiencias exitosas de PdE, nos fijamos en el modelo francés (similar al español y al italiano) de las PdE.
El modelo consiste básicamente en tener empresas mixtas, donde rige el “buen gobierno corporativo”. El Directorio refleja las líneas políticas de la empresa, sin embargo, la gerencia, o sea la ejecución de esas políticas, recae en la participación privada, con plena libertad de acción, asegurando, en teoría, la autonomía y continuidad de las autoridades ejecutivas. Transparencia y excelencia son, en este caso, requisitos innegociables, lo que implica cotizar en la Bolsa, mostrar balances públicos, rendición de cuentas, evaluación de ejecutivos y directores, respeto de los derechos de los empleados, etc.
Alternativamente, las EP podrían existir por su cuenta, pero sin incentivos y con capacidad de competir en igualdad de condiciones (y de obligaciones) con la empresa privada. En el caso de YPFB, por ser una EP “renacida”, sugeríamos darle una “dote”, que eran algunas áreas licitables para volver a entrar gradualmente en el negocio exploratorio.
Queda por responder la pregunta: ¿cómo seleccionar a los directores y ejecutivos de esas empresas? Sin entrar en detalles, la sugerencia es una solución a mediano plazo: crear un escalafón nacional de profesionales de carrera para ocupar cargos de responsabilidad en las EP, elegidos y evaluados con base en méritos, experiencia y desempeño.
Mis críticos dirán que esa propuesta de PdE es aceptable “del cinto pa arriba”, pero creo que, adecuadamente elaborada, hasta se ajusta a las exigencias del “cinto pa abajo”.
