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Los partidos políticos en Bolivia transitan entre la urgencia de mantener vigencia legal y la necesidad de obtener legitimidad en la próxima elección general: once tienen personería jurídica vigente, pero, a excepción del MAS, los demás no tienen legitimidad nacional como tales, en algunos casos son parte de una alianza (Creemos y Comunidad Ciudadana), y, en otros, están restringidos a espacios locales.
Legalidad. Es necesario aclarar que, de acuerdo al Órgano Electoral Plurinacional, los partidos políticos con personería jurídica vigente actualmente son once: MNR, ADN, FRI, PDC, MAS, UCS, UN, FPV, DEMÓCRATAS, PAN y MTS. Los que han cumplido con la renovación de directiva y adecuación de estatutos son cinco: FRI, UCS, DEMÓCRATAS, UN y MTS. Se ha ampliado el plazo (por quinta vez) hasta septiembre (120 días) para que los otros seis -una forma de favorecer al MAS- cumplan con los requisitos reglamentarios.
De acuerdo a la Ley de Organizaciones Políticas (1096), todas las organizaciones políticas (partidos políticos) están habilitadas para realizar alianzas, que es el proceso donde dos o más organizaciones se unen temporalmente con fines electorales y mantienen sus respectivas personalidades jurídicas. Para una elección nacional una alianza política podrá estar conformada por un partido político (por ahora cinco están habilitados) y una agrupación ciudadana (o más) como son los casos de las alianzas Creemos y Comunidad Ciudadana; o, también, por nueve agrupaciones ciudadanas de alcance departamental (una por cada departamento).
Legitimidad. Con excepción del MAS, que hasta 2020 era una estructura unificada, los demás partidos dieron muestras de ser institucionalmente débiles, ideológicamente descafeinados y electoralmente no competitivos en las elecciones pasadas. A pesar que en 2019 el fraude electoral no permitió una segunda vuelta y la posibilidad de unificar al voto antimasista en torno a la alianza Comunidad Ciudadana, los partidos no aprendieron la lección en la siguiente elección y gestión.
Si bien las alianzas Comunidad Ciudadana y Creemos se constituyeron en la minoría parlamentaria (2020-2025): 45%, y obtuvieron la mejor votación del campo opositor desde 2005 (Ortuño 2022), además que gracias a la pugna interna del partido oficialista pudieron lograr acuerdos en la Asamblea con ambas facciones azules en diferentes coyunturas y por diversos temas, estos alcances parlamentarios y circunstancias políticas no han sido aprovechadas de la mejor forma para consolidar un protagonismo político nacional con proyección 2025.
Ahora bien, de acuerdo a los medios de comunicación y redes sociales, se están proyectando grupos políticos para participar en 2025: La Alianza por Bolivia Unida y Solidaria (Albus), Bunker Tercera República, Cambio 25, Primero La Gente y Partido Liberal Boliviano, y Amparo para Bolivia. Para constituirse en partidos y alianzas (organizaciones políticas) tienen que cumplir con requisitos legales, pero, sobre todo, llegar emocionalmente, mediante una plataforma política, a las preferencias electorales en las diferentes localidades urbanas y rurales: metrópolis, ciudades, localidades intermedias, pueblos y comunidades.
Con la división entre arcistas y evistas, la situación económica crítica y correspondiente movilización de sectores populares insatisfechos (cuentapropistas y transportistas), que potencia el carácter político reaccionario del gobierno nacional y desnuda el manido relato evista, los partidos políticos, alianzas y demás grupos opositores que pretenden capitalizar el descontento social y representar partidariamente a través de un nuevo relato ideológico a la sociedad civil, tienen una puerta de oportunidad para avanzar hacia la conquista del poder en 2025. Porque, como dice Malamud (2019) “El sentido común y la investigación académica coinciden en una cosa: la economía es el principal determinante de los resultados electorales”.
Sin legitimidad, la legalidad es una cáscara vacía.
