Escucha la noticia
Se están produciendo cambios complejos en el sistema de pensiones en Bolivia. Un grupo de militantes del partido de gobierno se hizo cargo de más de 29.000 millones de dólares de los aportes de los trabajadores de Bolivia. Se creó un monopolio público, la Gestora Pública de Largo Plazo, gestionada por gente que conoce muy poco del sector.
La propaganda oficialista habla de un milagro de eficiencia instantáneo en la Gestora. A rigor, lo único que hicieron, por el momento, es hacer desaparecer una comisión que antes pagaban las AFP privadas y eso mejoró marginalmente las rentas. Es puro alarde político decir que aumentaron la eficiencia y la calidad del servicio en algunos meses. Los servicios de pagos, la puntualidad y atención a los usuarios no han mejorado. Los dueños del poder lo atribuyen a la transición y piden paciencia.
Eso sí, la Gestora se vuelto más diligente a la hora de prestarle más plata al Estado, es decir, se financia al gobierno aumentando la deuda interna. Los aportantes seguimos financiando al Estado manka gasto.
Por el por el otro lado, el Gobierno presentó un proyecto de ley de reforma al sistema de pensiones, a la Asamblea Plurinacional, aumentando dinero al fondo solidario, que sobre todo beneficia a grupos afines al partido de gobierno, como los mineros. Para esto pretende colocar un impuesto, disfrazado de contribución solidaria, a los trabajadores, que, según ellos, ganan mucho dinero. Los hermanos y compañeros hacen solidaridad con plata ajena. Una contribución solidaria debería tener un carácter voluntario. Es una colaboración, una donación. Pero no, el aporte solidario se trata de una imposición estatal que los asalariados y las empresas formales no pueden negarse a dar. La justificación es que serían los privilegiados del sistema y que no es mucho dinero.
El hecho es que una decisión del Gobierno sin que el ciudadano pueda recusarse a pagar, o sea, un vulgo impuesto decorado con artimañas legales y envuelto en el celofán de la solidaridad. En este caso, se aplica la prueba del pato. Si grazna como un pato, camina como un pato y se comporta como un pato, entonces seguramente es un pato, en este caso, es un impuesto.
Las rentas de todos los jubilados son miserables y no hay la menor duda de que requieren una mejora, que debería comenzar con que las personas se jubilen, no con el 20% o 30% del último salario ganado, y sí con el 100% de lo obtenido, como lo hacen los militares. Los fondos solidarios no resuelven el problema estructural, son parches políticos insostenibles financieramente.
La jubilación es un derecho, así lo establece la Ley. La gente debería poder retirarse con dignidad, sin embargo, las rentas que recibe son paupérrimas. Así mismo, los servicios de apoyo a la tercera edad, como por ejemplo la salud, son pésimos. En estas circunstancias, mucha gente por necesidad y para poder sobrevivir, y no caer en la pobreza extrema, debe continuar trabajando, la minoría en el sector privado y Estado, muy pocos en alguna actividad liberal como médicos, abogados, pero la mayoría en el sector informal. El derecho a la vida es un derecho humano sagrado, y nuestros abuelos se ven obligados a seguir trabajando para no morir de hambre y abandono.
En otro artículo, el proyecto de ley del gobierno sobre modificaciones al sistema de pensiones, por una parte, dice lo obvio, las personas tienen derecho a jubilarse y establece un límite de 65 años, pero en una curiosa intromisión a la vida de las personas, coarta el derecho a la sobrevivencia, es decir, al trabajo. Lo deseable es que la persona ya jubilada no trabaje. ¿Pero qué pasa si no tiene otra que seguir buscándose la vida porque su miserable renta no le alcanza? Ahora, según el proyecto de ley debe pedirle permiso al Estado. La norma establece que un burócrata del Gobierno, un militante del partido, previo análisis médico, indicará si las personas pueden o no seguir trabajando.
Lo más patético es que esta regla leonina solo es válida para los simples mortales, obviamente del sector formal, los políticos (presidente, vicepresidente, ministros, viceministros, senadores, diputados, gobernadores, alcaldes, gerentes de empresas públicas y otros mantenidos por nuestros impuestos) quedarán exentos de esta norma y podrán trabajar hasta los 100 años. El proyecto de ley dice: se encuentra exentos de la aplicación del párrafo uno, que obliga a la jubilación a los 65 años, las autoridades electas designadas o de libre nombramiento.
Por otra parte, el Gobierno ha instalado la narrativa de que la gente mayor que sigue trabajando le quita la posición laboral a los jóvenes. Esto es cizaña ideológica para fomentar una pelea intergeneracional, pero no la realidad.
La población económicamente activa urbana en Bolivia es 4,5 millones de personas, el 80% sobrevive en el sector informal, esto es 3,6 millones. En el sector formal trabajan el restante 20%, siendo un total de 900.000 personas. De esa cantidad, más de 500.000 personas trabajan en el Estado.
Así que aquellos jóvenes que piensan que un abuelo les está quitando trabajo, están redondamente engañados. La mayoría de ellos va a tener una ocupación laboral de muy mala calidad, con salarios e ingresos bajos y, le guste o no le guste, tendrá a su lado al awicho trabajando, ambos en el sector informal. Los abuelos para poder sobrevivir y los primeros, con un salario o ingreso de miseria en la frontera de la pobreza. En el sector informal no se aplica la Ley de Pensiones ni ninguna otra norma. Vale todo.
En Bolivia, la ventana de una oportunidad de trabajo en el sector formal es muy pequeña, por lo tanto, la mejor estrategia es inscribirse al partido de gobierno porque así, si tiene suerte y lame las botas de manera adecuada, tal vez tengo un cargo público, de esos que no necesitan probar frente al Estado si está bien o no, de la cabeza y del cuerpo.
A ver, hermanos y compañeros, acérquense un poquito más a este artículo, un poquito más, no sean tímidos. Esto aquí que está mirando es una napia y no un chuchu.
Ahora bien, esta es la problemática, veamos cuál es la solucionática. Aquí un telegrama de propuestas.
El desafío central, aquí es buscar rentas dignas para todos, recuperar la Gestora tomada por militantes del partido de Gobierno, reformar el sistema creando competencia, jubilar a la gente con el 100% de su salario, permitir las inversión de los aportes fuera de Bolivia, impulsar una revolución productiva, en base al sector privado, que cree empleos decentes, ampliando la base, eliminar los privilegios en el sistema de pensiones, y bloquear la abusiva intromisión del Estado en los recursos de los aportantes.
