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Los avasallamientos de tierras en Bolivia no cesan, principalmente en el departamento de Santa Cruz. Entre las clases populares, sin embargo, hay quienes aún defienden las tomas de tierras ilegales bajo el argumento de que estas están distribuidas de manera injusta. Sea o no este el caso, veamos por qué esta redistribución forzosa de la tierra, en vez de mejorar la situación económica y social de los más vulnerables, más bien tiende a empeorarla.
Si bien gran parte de la posesión de la tierra en Bolivia todavía mantiene una estructura feudal o semi-feudal, producto de la herencia colonial, gran parte de esta también ha sido adquirida ya en tiempos posteriores; es decir, en el marco del Estado de derecho y bajo las leyes del mercado. Aunque no es objeto de este artículo revisar la ética detrás de las formas históricas de obtención de tierras en el país, es importante mencionar estos matices para no caer en la generalización del discurso de los avasalladores. Entonces, no obstante su narrativa pueda parecernos reivindicativa en vista de un pasado de opresión colonial, en muchos casos no pasa de un accionar exclusivamente delincuencial.
Ahora bien, esa gran parte de tierras amenazadas, que pertenecen a productores acogidos a las leyes del mercado que rigen en el mundo, constituyen la base de la seguridad alimentaria, y hoy por hoy, económica del departamento de Santa Cruz y del Estado boliviano. Por lo tanto, si los productores agrícolas ven empeoradas sus condiciones de inversión y de trabajo a causa de la inseguridad jurídica, las tasas de ambos factores tenderá a reducirse. En otras palabras: quien siente su forma de ganarse la vida amenazada, se buscará otro rubro donde encuentre protección –en este caso, en detrimento de la producción de alimentos. En consecuencia, caerá la oferta, habrá que importar más y los precios de la canasta familiar explotarán. ¿A quién afecta esto principalmente? A los económicamente más vulnerables.
En ese entendido, la subsistencia de la población boliviana está en peligro a causa de la falta de accionar político para la prevención de los avasallamientos. El problema de la tierra, tenga o no matices reivindicativos, debe ser tratado con la seriedad que requiere, a modo de evitar una catástrofe alimentaria por la escalada en las tomas de tierras ilegales. Como descubrieron los economistas Jean Drèze y Amartya Sen en sus estudios sobre el desarrollo humano en el siglo pasado: según datos empíricos, las hambrunas nunca han sido causadas por problemas económicos, sociales o ambientales, sino por un único factor, el cual constituye la falta de reacción política.
