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En este tema del censo adviértase que el decreto supremo N° 4546 de 21 de julio de 2021, en su art. 5, establecía que el censo de población y vivienda debía ser realizado en fecha 16 de noviembre de 2022 y ejecutado por el INE; sin embargo, dicho decreto supremo fue luego modificado por otro decreto N° 4760 de 13 de Julio de 2022, el cual sin ninguna justificación ni motivo expreso, postergó el censo sin establecer siquiera fecha alguna para su realización y al que fue irresponsable como encargado del censo que es el INE (que debió ejecutarlo este año), en su disposición adicional única del decreto vigente N° 4760, establece textualmente lo siguiente: “el INE mediante Resolución Expresa, hasta el primer trimestre de la gestión 2024, establecerá la fecha específica para la ejecución del empadronamiento del Censo de Población y Vivienda – 2024”. Es decir, al incumplidor (INE) se le da la potestad que decida la fecha siendo que en censos anteriores (como ser en los años 2001 y 2012) se establecieron fechas exactas en el mismo decreto y no así mediante una simple resolución, dejándolo al arbitrio de un ente operativo (INE), el cual ha demostrado total ineficiencia desvergonzada.
Como se puede advertir, quien creó el problema, es el propio gobierno de turno (no así la oposición) pues el gobierno fue quien puso una fecha (censo en noviembre del año 2022) y el órgano técnico (INE), en ese momento, dijo que estaba garantizado el censo 2022, pero luego resultó que no era verdad. Es decir, el pretexto es que hicieron creer algo que ahora dicen que no era cierto (no se cuenta aún con las condiciones técnicas para realizar un censo); y, el gobierno de turno modificó el decreto supremo anterior sobre el censo sin colocar fecha exacta dejando todo al libre arbitrio del irresponsable (INE), por lo tanto, queda claro que el oficialismo desde un inicio denotó la no intención autentica de llevar a cabo el censo de forma pronta, oportuna y con calidad técnica.
La idea de tirarlo el censo para el año 2024, al margen de los perjuicios que esto conlleva en la inadecuada distribución de recursos procedentes de la coparticipación tributaria, en la falta de debida representación de escaños en diputados y en la distribución de recursos asignados a la lucha contra la pobreza con el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), si leen el decreto supremo vigente, al carecer de justificativo expreso técnico y jurídico para dicha postergación, tiene un propósito solo de procrastinar y de que los tiempos no den, para que en las próximas elecciones generales no se hagan en base a la información de dicho censo; y, por lo tanto, solo se tomen en cuenta los datos del censo 2012, es decir, que dichas elecciones se hagan en base a datos no reales, desactualizados, con “verdades a medias” (que es lo mismo a decir en base a “mentiras”).
Este reclamo de ¡CENSO YA! surge de la sociedad civil, del comité interinstitucional. Por ejemplo, el paro cívico de Santa Cruz en fecha 25 de julio de 2022 por un ¡censo ya!, se realizó con la intervención de más de 300 instituciones que apoyaron dicho paro cívico y participaron de la Cumbre departamental en Santa Cruz por el censo, entre ellas, el municipio cruceño, gobernación departamental de Santa Cruz, la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno además de muchas organizaciones civiles y el ciudadano en general que voluntariamente efectuó la medida de protesta desde tempranas horas del día.
Como vemos este reclamo nace del ciudadano, de las organizaciones civiles, no es de algún partido político de la oposición. Que éste se haya sumado o no, es otra cosa, además este reclamo de ¡censo ya! es además una queja a toda la clase política por la ineficiencia en proteger y garantizar el principio de igualdad, la transparencia y el acceso a la información veraz, entre otros derechos y garantías constitucionales de los bolivianos. Es una queja, por parte de los administrados contra los administradores que fueron contratados y no cumplen debidamente sus deberes del cargo.
Por otro lado, el reclamo no es para debilitar o derrocar un gobierno de turno. El reclamo es para que cumplan su trabajo y dejen de entretener a la gente con tanto reality show mediático político judicial, chismes y videos espectáculos en redes sociales y demás manipulación mediática. Todas las autoridades y servidores públicos, tanto nacionales, departamentales, municipales, etc., sean estos oficialistas o de la oposición, que se encuentran ocupando un cargo, están para cumplir sus obligaciones. Y si no tienen buenas ideas contraten profesionales externos, consultores expertos y de experiencia, para que puedan realizar una buena gestión gubernamental tanto a nivel nacional, departamental, municipal, etc. Ya suficiente es el hecho de que el pueblo los eligió a las actuales autoridades, son parlamentarios, poseen un cargo, reciben un cheque mensual del dinero de todos los bolivianos contribuyentes, son nuestros contratados (incluyendo los funcionarios de todas las instituciones públicas, como el INE, etc.); por ende, es el colmo que algunos por no hacer su trabajo de forma pronta, oportuna y eficiente, ahora salen con el pretexto y la muletilla de que el reclamo del censo “es político” y por culpa de la oposición política. Un total despropósito y falta de veracidad. Parece que algunos tratan al pueblo como si fuese una perdiz y desean distraerla. Aquí quien se aplaza es toda la clase política lamentablemente y el perjudicado es el pueblo.
Si para las próximas elecciones generales en apariencia existen supuestos fraccionamientos de algún partido político con el propósito real de distraer y dividir el voto, será otra forma de despistar al pueblo; y, si aparecen en la política nacional, los denominados “forasteros” o los “outsider” (los busca suerte), será otra muestra más de que la clase política del país se sigue aplazando rotundamente por su execrable administración resultando atentatoria de derechos humanos (informe IGEI Bolivia, Transparencia Internacional, world corruption ranking, Informe Anual 2021 sobre la situación de los Derechos Humanos, etc.).
