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El ex presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada, y el ex fiscal antidroga Julio César Porras fueron sentenciados en el caso Maletas. Ambos admitieron su responsabilidad penal en el delito de organización criminal y se sometieron a procedimientos abreviados. Y como fueron condenados a tres años y por un solo delito, no ingresarán a la cárcel y permanecerán en libertad. Tres años de pena privativa de libertad por ser parte de una organización criminal y narcotráfico, ¿premio o castigo?
A propósito de esta figura, el avance sistemático de las organizaciones criminales exige que la normativa penal tenga que ajustarse, evolucionar y modernizarse en la misma medida que lo hace el crimen organizado y sus diferentes modus operandi. En tal sentido, se ha creado y puesto a disposición del fiscal, por ejemplo, la figura del procedimiento abreviado para el acusado que se declare culpable, a cambio de la rebaja de la pena. También existe el agente encubierto, denominado comúnmente “infiltrado” para los casos de narcotráfico. Existen igualmente los denominados “confidentes” o “informantes” de la policía. Estos colaboradores directos pertenecen a los círculos delictivos que, a cambio de obtener “ciertos beneficios económicos y/o protección”, terminan brindando información valiosa.
La utilización de los “confidentes” constituye una práctica común para combatir la delincuencia. Sin embargo, “las informaciones dadas por los informantes de la policía no podrán ser recibidas ni utilizadas (en el proceso penal), salvo cuando sean interrogados como testigos”. En realidad, los informantes son poco menos que “invisibles” para el sistema penal porque siempre se ha buscado su protección, ya que proporcionan información valiosa y sensible.
La diferencia entre el “confidente” o “informante” y el “agente encubierto” radica, fundamentalmente, en que el primero puede no ser oficial de policía y actúa en el anonimato, a pedido directamente de la policía, y sus informaciones no podrán ser utilizadas en el proceso. Muy por el contrario, la intervención del “agente encubierto” supone no solo estar autorizada por el juez instructor, sino que también exige una serie de formalidades y responsabilidades de las que carece el “confidente”.
El trabajo del “agente encubierto” y las entregas vigiladas se han complementado con la figura del colaborador eficaz. El “imputado arrepentido” suelta información, a cambio del beneficio de reducirle la sanción, siempre que brinde información o datos precisos, comprobables y verosímiles. A diferencia del “agente encubierto”, que colabora desde afuera del proceso, el “imputado arrepentido” viene a ser el sujeto pasivo contra quien se ha iniciado una acción penal y puede proporcionar datos o información “privilegiada”, que contribuya a revelar la identidad o el paradero de autores, coautores, instigadores o partícipes de los hechos investigados o de otros conexos. La información tiene que ser determinante para el esclarecimiento y sanción del autor o autores del hecho delictivo.
La Ley 913 de 16 de marzo de 2017 reconoce la colaboración eficaz. Se define como aquella persona que, siendo imputada, acusada o condenada por la comisión de delitos vinculados al tráfico ilícito de sustancias controladas, colabora eficazmente con la investigación, proporcionando información esencial o elementos de convicción valiosos. Esta información tiene que proporcionar la identificación e individualización de los autores o partícipes del ilícito penal por el cual esté o haya sido procesado, o de otro hecho delictivo de igual o mayor importancia. El colaborador eficaz será beneficiado con la imposición del mínimo legal de la sanción por el ilícito penal que se juzga o la extinción de la acción penal, de acuerdo con la valoración de la utilidad de la información obtenida. La normativa aclara, no obstante, que no podrán acceder a la colaboración eficaz los que tengan el dominio funcional del hecho, los jefes o dirigentes principales de organizaciones criminales.
La figura del “imputado arrepentido” o colaborador eficaz ha permitido esclarecer y sancionar, por ejemplo, el caso “Lava Jato” de Brasil. Este caso desnudó la complicidad del poder político en el saqueo de más de $us 2.000 millones de la petrolera, y evidenció un “estado de corrupción” o cultura general permisiva que se encargaba de fomentar las prácticas corruptas a todo nivel y en los países donde operaba el empresario Odebrecht. El acopio de pruebas de la corrupción se facilitó en la medida en que los empresarios se acogieron a la figura del arrepentido para recibir beneficios penitenciarios a cambio de colaboración judicial.
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