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Definitivamente, el virus chino ha puesto al orbe patas arriba. Sus efectos irrumpen desde el 2019 en prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas y, por supuesto, la ciencia del Derecho no podía ser la excepción.
Aparece bajo diversas facetas que van desde las nuevas regulaciones sobre medicina y seguros, responsabilidades legales, hasta los poderes estatales Vs los derechos del ciudadano. Probablemente, sea éste último rubro donde mayores controversias surjan, al extremo que las posturas entre pro y anti vacunas en relación con aquellos poderes estatales, parecen ser irreconciliables, aunque la doctrina está proponiendo algunos modelos en construcción.
Se trata de una controversia universal y, la salida legal –no sé si solución- parece depender en gran medida de la naturaleza de los estados y gobiernos: democráticos Vs autoritarios, pues entran en juego nada más ni nada menos que los derechos individuales frente a los muy poderosos o no tanto, estados.
Por ejemplo, cuando escribo esta mi opinión semanal aún no se ha resuelto la novela del tenista Novak Djokovic- flamantemente apodado ahora Nole JoCovid- que ha tensionado a los gobiernos y servicios exteriores de Australia y Serbia, resaltando los roles que juegan los jueces, quienes en estados sujetos al imperio del Derecho, dan la última palabra, resolviendo esas controversias previo el Debido Proceso.
Naturalmente que esa deliciosa controversia también repercute en Bolivia. La mesa está servida a partir fundamentalmente del art. 44.II de nuestra CPE cuando ordena que ninguna persona será sometida a experimentos científicos sin su consentimiento; el art. 12 de la CADH sobre la prohibición de injerencias arbitrarias o su 18 sobre libertad de pensamiento y conciencia. De ahí, que la Ley No. 1359 de febrero del año pasado, precisa que la inmunización tendrá carácter voluntario y se aplicará previo consentimiento informado.
Por ello, no deja de sorprender que sea el mismo gobierno, que haya emitido últimamente los DDSS Nos. 4640 y 4641 por los que aunque no obliga directamente a inmunizarse, exige portar el carnet de vacunación para realizar una serie de actividades públicas y privadas, con lo que indirectamente, el estado boliviano está obligando a los ciudadanos a vacunarse, o a gastarse unos buenos bolivianos prácticamente día por medio en una PCR. Han llovido varias acciones de defensa –rechazadas por Salas Constitucionales hasta donde se sabe, aunque se habla de una admitida en Tarija – y acciones de inconstitucionalidad que están empezando su trámite ante el Constitucional (demorarán aún bastante).
Urge desde el punto de vista jurídico diferenciar que una cosa es que cualquier ciudadano –como yo- sea pro vacuna pues nos sentimos privilegiados que los científicos de nuestra generación hayan desarrollado en muy breve lapso varias vacunas confiables ya disponibles que permiten dar nuestro consentimiento informado para inmunizarnos (la diferencia de los fallecidos no vacunados y vacunados, es sencillamente enorme: Omicrón incluida) y, otra, muy diferente es que aun así, reconozcamos que existen personas que por uno u otro motivo, decidan no otorgar ese consentimiento. Van desde quienes defienden a ultranza su libertad individual (ultra liberales), hasta quienes –para mi gusto- deliran con chips, marcas de la bestia u otras extravagancias, que aunque nos disgusten a varios, hacen también a sus libertades de pensamiento y libre desarrollo de su personalidad.
Así las cosas, las aguas están partidas entre pro y anti vacunas. Hasta el momento, la doctrina está saliendo por respetar ese derecho y decisión individual para pese a todo no vacunarse pues además resulta materialmente imposible vacunar a la fuerza; pero por el bien común, puesto que alguien no vacunado es el caldo de cultivo ideal para nuevas cepas y múltiples contagios, se le exige una PCR actualizada para realizar sus actividades cotidianas, junto con el resto de los ciudadanos, vacunados. Ese es el estado del arte del Derecho por el momento y siempre sujeto a la variable del real nivel democrático o autoritario de cada estado y gobierno que lo administra. Amanecerá y veremos cómo evoluciona desde el Derecho esta deliciosa controversia jurídica, la mesa está servida… pues: “El derecho es el conjunto de condiciones que permite a la libertad de cada uno, acomodarse a la libertad de todos”. KANT, dixit.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
