Prórroga Judicial: Desafíos para la Democracia ante el Agrandamiento del Ejecutivo
La prórroga del mandato de magistrados profundiza el agrandamiento del Ejecutivo. Aunque la habilidad de la oposición y el miedo de Evo Morales, trabajando en conjunto, podrían dar algo de oxígeno a una democracia en peligro.
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Se consumó la inconstitucionalidad que se preveía. Los magistrados del Poder Judicial se «autoprorrogaron» ante la incapacidad del Poder Legislativo de llevar a cabo las elecciones judiciales. La decisión quebranta el principio constitucional de frenos y contrapesos, pues la intención de mantenerse en el cargo implica una fehaciente colusión de intereses.
Los antecedentes del Poder Judicial hacen sospechar que la profundización del agrandamiento del Poder Ejecutivo será la consecuencia de dicha prórroga. Cada fallo judicial que ha sido contrario a los intereses políticos del gobierno, aun estando acorde a las leyes, ha sido cambiado –por ejemplo, el referente al tipo de juicio que le corresponde a la expresidente Jeanine Añez. De igual manera, el Judicial no parece incomodarse en menoscabar el rol fiscalizador de la Asamblea Legislativa –el debilitamiento de la interpelación es, aquí, representativo.
También cabe mencionar la conveniente parálisis legislativa respecto a la elección judicial. Ciertamente, la mayoría cualificada requerida complicó todo intento opositor de negociar una salida, incluso con el apoyo de los legisladores cercanos al expresidente Evo Morales. No obstante, resulta llamativo que el bloque mayoritario sea incapaz de proponer un proyecto de elección judicial aceptable por las demás fuerzas políticas, aun conociendo la voluntad latente de oxigenar la justicia. Eso, sin mencionar el incumplimiento de deberes en que incurrió la Asamblea Legislativa. Los parlamentarios cercanos al Presidente Luis Arce carecieron –convenientemente– de voluntad política.
En el siglo XX, la debilidad de los presidentes era la causa principal de la fragilidad de las democracias latinoamericanas. Hoy, sin embargo, es el agradamiento del Ejecutivo mediante la usurpación de poderes. Y éste a menudo se da con la complicidad del Judicial, a modo de intentar mantener las apariencias democráticas, pese a la evidente motivación política de sus fallos. Informalmente, se somete al Ejecutivo. Aunque sobre los papeles, preserva la fachada de órgano independiente.
Morales y sus aliados ponen, hoy, pose de indignados debido a la inconstitucionalidad de la prórroga. Es importante recordar, empero, que fue su gobierno el que abrió la puerta al agrandamiento del Ejecutivo. Al menos desde 2013, cuando el Tribunal Constitucional interpretó que su primera gestión presidencial había ocurrido prácticamente en un Estado ya inexistente, permitiéndole ir a una reelección inconstitucional, el Judicial se somete al Ejecutivo de turno. Digamos que dicha interpretación, aunque dudosa y discutible, hubiera sido realizable: ¿Qué hay de la violación flagrante tanto de la constitución como del referéndum vinculante para poder candidatear el 2019? ¿No era el Judicial obsequiando sus facultades, tanto como su dignidad, al Ejecutivo?
El empoderamiento del Órgano Judicial, pese a que podría resultar contraproducente para Arce si decidiera desprenderse de su obsecuencia política, debilita la institucionalidad democrática. Lo más probable es que continúe profundizándose el agrandamiento del Ejecutivo. Gradualmente, esto podría convertir al Legislativo en una pantomima al nivel de parlamentos como el venezolano, nicaragüense o ruso. No obstante, existe una salida provisional: suspender a los magistrados mediante decisión legislativa, lo que requiere únicamente una mayoría absoluta. Entonces, la habilidad de la oposición y el miedo de Morales, trabajando en conjunto, podrían darle algo de oxígeno a la tan debilitada democracia boliviana.
