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Los hechos de inseguridad ciudadana en el país son cada vez más violentos y avezados. Las víctimas son ahora niños, adolescentes y familias enteras en crímenes como la trata de personas o atracos que son reportados a diario por los medios de comunicación. La falta de una respuesta contundente e integral desde los niveles estatales está generando la percepción de una sociedad indefensa.
En Semana Santa los casos de inseguridad se multiplicaron en el eje del país con asaltos a viviendas particulares en las que se sabía que habían menores de edad. Al sur de la ciudad de Santa Cruz, aprovechando que los padres viajaron a Cochabamba, antisociales atracaron una casa, golpearon a un adolescente y dos niños, y robaron alrededor de 50.000 bolivianos.
A una cuadra del estadio Hernando Siles de La Paz, en el barrio de Miraflores, cuatro asaltantes aparentemente extranjeros ingresaron violentamente a un departamento en el cuarto piso de un edificio para cometer un robo y ante la resistencia de quienes habitan el inmueble, dispararon a un adolescente de16 años en una de sus piernas.
El viernes 15 de abril, también en Semana Santa, se conoció que una bebé de dos años fue raptada en una cancha deportiva, mientras su padre jugaba fútbol en una comunidad cercana a El Alto y dos días después vecinos de un barrio alejado de Santa Cruz denunciaron que hombres secuestraron a una niña de entre 6 y 8 años en una plaza, la ingresaron a un vehículo sin placas y huyeron con la pequeña víctima.
El 23 de abril se cumplirán cuatro meses del rapto de la bebé Daylín por una misteriosa mujer que dijo llamarse Camila y pese a los esfuerzos de la Policía y la admirable constancia de sus padres, hasta el momento no se tienen rastros concretos sobre la verdadera identidad de la raptora y menos de la ubicación de la bebé plagiada.
La inseguridad ha llegado incluso al deporte. Se supone que el resguardo policial en los partidos de la Primera División y de torneos internacionales en canchas nacionales debe abarcar no solamente los 90 minutos de juego, pero no es así.
Este domingo en la noche, los árbitros que dirigieron un partido de la Primera División en el estadio Tahuichi Aguilera de Santa Cruz fueron golpeados, sus instrumentos fueron destruidos y sus teléfonos celulares fueron robados por un supuesto grupo de hinchas enardecidos porque su equipo solo consiguió un empate. ¿Los policías?, ¡bien gracias!
En el último tiempo, el Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana han concentrado sus energías en la resolución de casos de feminicidio y asesinatos violentos como el descuartizamiento de varones y mujeres en La Paz.
Además se han intensificado los operativos antidrogas en el oriente para desarticular redes de microtráfico y afectar el tráfico internacional de drogas desde nuestro país interviniendo pistas clandestinas y fábricas de cocaína, deteniendo sospechosos e incautando avionetas, drogas, vehículos y armamento.
Pero la seguridad del conjunto de los habitantes del territorio nacional está descuidada y ello se evidencia, por ejemplo, en la falta de control en el ingreso de extranjeros que vienen a cometer delitos en Bolivia, que seguramente tienen antecedentes delictivos en sus países y no son detectados por los sistemas de seguridad de la Policía.
Extranjeros serían quienes cometieron un asalto a mano armada en la zona paceña de Huajchilla, caso en el que mataron a bala a dos vecinos y uno de los delincuentes fue linchado por una turba enfurecida por el atraco y el doble crimen. En Santa Cruz y Cochabamba se han reportado asaltos y ajustes de cuentas protagonizados por ciudadanos de otros países.
Adicionalmente, hay que señalar que existe una evidente desconexión entre la Policía y la sociedad, y una falta de coordinación entre el nivel central y los gobiernos municipales y departamentales para reducir los altos niveles de inseguridad ciudadana que, al no encontrar respuestas de las instituciones encargadas de esa problemática, hará justicia por propia mano como ocurrió en Huajchilla, al sur de la ciudad de La Paz.
Después de mucho insistir, la Alcaldesa de El Alto logró establecer un mejor entendimiento con el Ministro de Gobierno para atender esa área sensible para la sociedad alteña, pero los asaltos en vía púbica, el secuestro de menores, atracos con armas de fuego y tráfico de sustancias controladas, entre otros delitos, lamentablemente continúan y en algunos casos se agravan.
Va siendo hora que el presidente Luis Arce, el Ministerio de Gobierno y la cúpula de la Policía, además del sistema judicial y las entidades regionales, se pongan de acuerdo en un plan nacional de seguridad ciudadana que no solamente sirva para el show mediático, sino que efectivamente reduzca los hechos de inseguridad.
Deben tomar en cuenta que está en juego la seguridad y la tranquilidad de las familias, y sería un absoluto fracaso para los tres niveles del Estado que la sociedad, independientemente de las clases sociales, comience a defenderse por sus propios medios y el país entero esté próximo a transformarse en tierra sin ley.
