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Hace poco se aprobó el decreto supremo 4794 que dificultará en el plazo de un año a las empresas seguir generando su propia energía eléctrica sobre la base del gas, algo que había incentivado el gobierno en 2014 y ahora lo prohíbe.
¿Qué estaría detrás de esta medida? Comparto algunas ideas al respecto.
Hace ocho años se llevó a cabo en Tarija el “Encuentro por la Soberanía Hidrocarburífera al 2025” con la asistencia masiva de varios representantes de los sectores público y privado, donde las instancias estatales pudieron exponer su visión del sector al 2025.
El plan expuesto era ambicioso porque contemplaba llegar al bicentenario con 18 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas descubiertos en un momento en el cual las reservas rondaban los 10TCF. De igual forma se pretendía producir en torno a 100 millones de metros cúbicos día (MMm3/d), en un momento en el que se producía alrededor de 60MMm3/d.
Casi una década después tenemos una situación impensable: las reservas probadas no han subido según la última información pública y la producción es menos de la mitad de lo que se deseaba y cayó 28% desde su punto máximo.
¿Qué pasó? ¿Cómo llegamos acá?
Más allá de las interpretaciones ideológicas se requiere conocer qué falló y por qué.
En lo personal este comportamiento me frustra porque cuando fungí como coordinador técnico de la Agenda 2025 pude ver que en la mayoría de los casos hubo la buena intención de proyectar una visión de futuro.
Pienso en dos hipótesis como razonamientos. Podría ser que se tenían planes, pero éstos eran malos o mal planteados. Me explico: los planes preparados por los encargados sectoriales no tenían el sustento técnico del caso y se limitaban a una lista de buenas intenciones.
Cuando se trabaja en un equipo multidisciplinario este es uno de los riesgos. Por ejemplo, si tengo un analista de hidrocarburos debo descansar en su conocimiento y experiencia y no tengo la forma de evaluar su calidad precisamente porque no soy experto en el tema.
Extrapolando a nivel institucional, uno podría deducir que las entidades del ámbito de hidrocarburos tenían en 2013 la capacidad de plantear estos planes. Pero también podría ser el hecho de que no era así.
Para verificar esta hipótesis, se requeriría una evaluación independiente de expertos en el tema que vean si los planes fueron bien planteados o no.
Otra hipótesis es que el plan era razonablemente bueno, pero no existieron las condiciones para implementarlo o no hubo la voluntad política para hacerlo. En este caso, también una evaluación independiente debería determinar si el proceso institucional y político impidió que se concrete.
Sea como fuere o incluso si hay una explicación distinta, el punto es que en el sector hidrocarburífero estamos mal y no coyunturalmente.
Pero tenemos un implicación aún más grave: la mayor parte de la energía eléctrica se genera usando gas como insumo. Por tanto, tenemos dos opciones: encontrar más gas lo antes posible (improbable) o cambiar a otras fuentes como hidroeléctrica (Rositas, por ejemplo).
Esta última opción se ve como la más plausible si es que no queremos entrar en dificultades energéticas no sólo para empresas, sino también para familias. Además, va en línea con lo establecido en el plan eléctrico al 2025 presentado en 2014, que apuntaba a generar más energía renovable.
También el DS 4794 podría ser motivado porque en el país la demanda de electricidad es menos de la mitad de la capacidad instalada para hacerlo. Por tanto, esta medida sería una forma artificial de crear más demanda de parte de las industrias, pero encareciendo sus costos.
Según información del Banco Mundial, el país tiene la productividad industrial por trabajador más baja de Sudamérica, lo cual obedece a factores principalmente estructurales como regulaciones inapropiadas o bajo capital humano, entre varios otros. Esta y otros medidas reciente deteriorarán más la competitividad industrial del país.
Si el objetivo es apoyar la industrialización, esta no es la vía.
