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El primer desafío del nuevo gobierno será promover una verdadera reconciliación nacional y recomponer el tejido social que ha estado fracturado por más de dos décadas. Tiene que erradicarse ese discurso racista y violento que ha dividido a los bolivianos, y marcar la diferencia en relación con los regímenes del MAS (Evo Morales y Luis Arce). Los nuevos mandatarios tienen que gobernar para todos los bolivianos, corregir los errores del pasado inmediato e imponer un nuevo estilo de hacer política.
Los elegidos deben ser conscientes que al pueblo boliviano no le interesa la guerra sucia, ni las denuncias de grueso calibre que subieron de tono y aumentaron en plena campaña electoral. Las gravísimas denuncias de corrupción deben ser investigadas y sancionadas como establece la normativa; sin embargo, la confrontación democrática ha dejado muchas heridas que deben curarse en el menor tiempo posible. Al hilo del nuevo estilo de hacer política, el pueblo necesita saber cómo el gobierno nacional resolverá la crisis económica, la corrupción, el contrabando, la falta de dólares, combustibles, etc.
En democracia no hay nada más prudente e inteligente que buscar acuerdos políticos y definir una ruta crítica a seguir. Los pactos políticos tienen que hacerse a todo nivel y en los diferentes Órganos del Estado. Y como la ciudadanía se ha cansado de la perversa confrontación y polarización, el flamante presidente debe dar las coordenadas básicas no solo de que habrá un nuevo estilo de gobernar y conducir el Estado, sino que además debe convocar a los mejores ciudadanos para enfrentar los grandes retos políticos.
El sistema democrático funciona y avanza en la medida en que haya acuerdos básicos; la historia está llena de ejemplos de grandes pactos políticos que han permitido destrabar los entuertos que nunca faltan. El ganador debe asumir que no tiene los 2/3 en el legislativo, y necesita tender puentes que permitan la gobernabilidad. También debe ser consciente que la nueva oposición (conformada por el masismo en sus diferentes alas y frentes) comenzará a organizarse y ejecutar medidas violentas en contra del gobierno. Aunque son los autores de la bancarrota y el despilfarro, lejos de reconocer su responsabilidad histórica, no durarán en resistir las medidas del nuevo gobierno.
La ciudadanía tiene los ojos puestos, igualmente, en los senadores y diputados que han recibido el apoyo en las urnas y no sólo deben fiscalizar sino además salvaguardar los intereses nacionales por encima de sus intereses partidarios. La unidad política (que tanto se invocó antes de las campañas) tiene que ser la condición básica para enfrentar la crisis terminal y señalar los derroteros a seguir.
El Estado no solo debe dejar de ser una “caja negra” sino también debe fomentar la confrontación de ideas. La Constitución garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa (art. 106). Todo esto se puede resumir en la potestad que tienen las personas de: a) Emitir información en general, así como cualquier otra expresión artística, ideas, opiniones; b) A recibir todo tipo de información; c) Y un medio, es decir, una empresa, entendida como una unidad económica encargada de explotar la información, comunicación y la transmisión libre de ideas y opiniones. La libertad de expresión “en todas sus formas y manifestaciones”, no es entonces un derecho limitado a los comunicadores sociales o de aquellas personas que ejercen este derecho a través de los medios de comunicación, sino que abarca las expresiones artísticas, culturales, sociales, religiosas, políticas o de cualquier otra índole.
El ciudadano boliviano ha cumplido su deber cívico, y tiene una convicción democrática ejemplar. La responsabilidad está en manos del nuevo gobierno nacional, los dirigentes políticos, por cuanto tienen que actuar y ponerse a las alturas de las exigencias del momento presente. El presidente tiene un precioso tiempo para promover y convocar a las fuerzas democráticas a buscar un gran acuerdo nacional y establecer cómo resolver la crisis económica, política y social antes de que termine imponiéndose esta suerte de Estado fallido.
