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El presidente Luis Arce ha enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional un proyecto de reformas penales en “cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos”. Invoca las recomendaciones contenidas en el “Informe sobre los hechos de violencia y vulneración de los derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019” elaborado por el GIEI. El ejecutivo reconoce que todavía falta un largo camino por recorrer en procura de honrar los compromisos internacionales en esta materia.
El proyecto se suma a la Ley N° 1390 de 27 de agosto de 2021, denominada “Ley de Fortalecimiento para la Lucha contra la Corrupción” y una serie de cambios político-administrativos. El MAS ya intentó introducir algunas de estas reformas penales, que fueron resistidas por los médicos y dejadas sin efecto; ahora vuelve sobre lo mismo, aunque invocando compromisos internacionales.
Los gobiernos del MAS (Evo Morales y Luis Arce) han creado toda una superestructura penal y han buscado resolver algunos de los problemas capitales y no han tenido resultados satisfactorios (la corrupción sigue en alza, aumentan los feminicidios, la inseguridad jurídica y ciudadana, etc.). Toda esa superestructura se compone de la Ley N° 004 de 31 de marzo de 2010 “Marcelo Quiroga Santa Cruz”; la Ley N° 170 de 9 de septiembre de 2011, que incorpora las figuras penales de Financiamiento del Terrorismo y Separatismo; la Ley N° 260 de 25 de noviembre de 2010, de Juegos de Lotería y de Azar, que regula el funcionamiento y el Control de casa de juego y juegos de azar; la Ley N° 262 de 30 de julio de 2012, Régimen de Congelamiento de Fondos y otros Activos de Personas Vinculadas con Acciones de Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo; y la Ley N° 393 de 21 de agosto de 2013, de Servicios Financieros, que dispone la jerarquización de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF). El decreto supremo N° 1969 de 9 de abril de 2014, reglamenta la transformación de la UIF y el decreto supremo N° 3838 de 20 de marzo de 2019, que instituye la Evaluación de Nacional de Riesgos.
El país ha instituido un régimen de protección de su sistema económico y financiero, sus instituciones y, en general, de la sociedad, y contribuye al esfuerzo que hacen todos los Estados contra estos delitos. Busca proporcionar un cuerpo normativo que proteja a las actividades económicas de ser utilizadas por los delincuentes para legitimar dineros ilícitos, en sintonía con los instrumentos internacionales que rigen la materia.
El Estado pretende una ley integral en la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva o no convencionales. Lo cierto es que nadie en su sano juicio puede oponerse a que se innove, modernice y actualice el sistema penal boliviano. Sin embargo, debe haber un gran debate del proyecto con la sociedad civil y sus instituciones representativas, como los colegios y federaciones de profesionales, las universidades y el destinatario final que es el ciudadano de a pie.
Que sostengan que estas reformas fortalecen la lucha contra la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico, etc., no es suficiente, menos supone que este proyecto haya tenido un cierto consenso entre las mismas fuerzas parlamentarias, sencillamente porque no se socializó nada parecido, salvo algunas ideas generales, como la necesidad de imponer el cumplimiento de instrumentos y compromisos internacionales.
Las susceptibilidades podrían evitarse si se informara a tiempo y a través de los canales institucionales, de modo que el ciudadano esté interiorizado y conozca la nueva normativa y la intención del legislador. La información depurada es fundamental, máxime si se busca cambiar parte del viejo edificio penal. ¿Acaso quieren esconder algo?
La crítica, el disenso, el debate, enriquecen cualquier proyecto legislativo y puede atemperar la sensibilidad natural de un cambio en el sistema penal.
Sin embargo, los cambios normativos no tendrán el impacto buscado (advertimos), con un aparato judicial controlado por el poder político, y que también debe ser reformado en cumplimiento de compromisos internacionales que, por lo visto, son selectivos.
