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Sorpresivamente a la vista de sus recientes decisiones, el Presidente Paz le ha sacado la tarjeta roja al Ministerio de Justicia, señalando: “Se acabó el ministerio de la persecución, se acabó el Ministerio de la injusticia, se acabó el Ministerio que era vender sentencias, se acabó el Ministerio que era una forma de cómo chantajear a la sociedad desde el poder político”. Escribo sorpresivamente pues al día siguiente de su inauguración posesionó a un Ministro en esa cartera que si bien cumplía los requisitos constitucionales -REJAP limpito- no fue lo políticamente correcto; luego le destituyó, nombró a otro en la cartera y previo tik tok de su lenguaraz VP, momentos después le sacó la roja ya no al flamante, sino al Ministerio como tal.
Pues bien, más allá de esos detalles que le añaden llajuita al tema desde ya picantito; cabe indagarse desde lo político y técnico si es que esa decisión es acertada. Sostengo que no y aquí le ofrezco mis argumentos aunque sea en modo telegrama: existe acuerdo unánime que una de las grandes tareas que el flamante gobierno debe ya no más encarar es la siempre cacareada reforma judicial. Lo que incluye no solamente a lo estrictamente jurisdiccional como son los Tribunales y el Ministerio Público, sino al conjunto de organismos que participan en el sistema de administración de justicia: Policía Nacional (profundamente infestada por la corrupción y el narcotráfico); Procuraduría General (usada para defender al gobierno y no al estado); Defensoría del Pueblo (de florero, aunque su CEO parece acaba de por fin despertar de su profundo letargo); la Contraloría General ¿todavía existe?, pasando naturalmente por la Abogacía: todos somos parte del problema y debemos contribuir a la solución. Para ello y a la vista de la magnitud de tamaño desafío, es obvio que se requiere de una instancia de primer nivel de coordinación técnica y política desde el ejecutivo con todo ese sistema; el Presidente no puede hacerlo todo. Hay que trabajar genuinamente en la reforma y no en las RRSS como mal entienden algunos altos cargos enamorados de su figura y de los rastreros likes que les ponen sus empleados, en vez de trabajar.
Por otro lado, si se trata de hacer desaparecer a esos organismos que efectivamente pervirtieron su rol constitucional y legal; habría entonces que sacarles la roja a todos y no solamente al MinJusticia. Ej: MinGobierno y otros impresentables. Entonces, tampoco ese argumento se sostiene desde la elemental coherencia.
Desde lo político, tampoco veo que haya sentido pues más allá de los escabrosos detalles del caso concreto (tik toks, REJAPS, procedimientos abreviados, cuotas de poder, etc); esas idas y venidas ocurridas nos muestran y preocupan, por su nivel de improvisación en el manejo de ese tema. Entiendo que están en los primeros raquetazos del partido reorganizando el desastre dejado por la fracasada franquicia del socialismo del S. XXI, etc., pero a esta altura del desastre, ya no estamos para improvisaciones y peor para piñas internas dando rienda suelta a cuartelarios egos u otras cosas aún peores. Se trata de gobernar, no de tik tokear; pues para eso les pagamos, les votaron y ahora les apoyamos, exigiéndoles su mejor esfuerzo para sacarnos del kilombo en que nos dejó el MASalla y sus cepas.
Sostengo que no solamente en este tema sino también en otros similares, se está sufriendo de una suerte de “sesgo cognitivo” (con la licencia de los expertos) pues estamos centrando nuestra mirada crítica (bien, por esto último) sólo a los resultados y personajes impresentables que efectivamente han prostituido esos organismos; pero urge distinguir entre las funciones constitucionales y legales de los mismos, de los últimos desempeños. Todos no queremos otro Ministerio de Justicia estilo Lima Magne o Arce Zaconeta, sino modelo Blattmann Bauer o, cuando irrazonablemente (pues somos un estado sujeto al imperio del Derecho: II + CPE) se propone sacarle roja también al Tribunal Constitucional, estamos confundiendo ingenuamente a sus impresentables actores con sus funciones absolutamente necesarias para siquiera, el regular funcionamiento del estado y sociedad.
Por supuesto que urge hacer importantes reformas normativas y organizativas en todos esos ámbitos; pero no hay que caer en ese grueso error de quedarnos en sus pésimos desempeños de los últimos tiempos y no ver el fondo del asunto, hay que reconstruir su institucionalidad, funcionamiento y exigir idoneidad de sus “servidores” públicos. Es que: “No porque los últimos médicos hayan sido malísimos, cerramos el hospital”. Esa frase es mía.
