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La detención arbitraria de Luis Fernando Camacho dejó una sensación de derrota política regional frente al Estado central después de los 36 días de paro. Luego de trece meses, el vicegobernador, Mario Aguilera, ha empezado a llenar el vacío de poder luego de la ausencia involuntaria de quien es su compañero de fórmula partidaria (2021-2026). Esta situación política crítica puede identificarse como una motivación, entre otras, para reflexionar sobre el presente y futuro político-institucional de Santa Cruz.
El conflicto estructural Estado-Región es el telón de fondo que ayuda a entender con mayor claridad las diversas coyunturas políticas que se han sucedido (pasado) por la confrontación entre los diversos actores políticos que han formado parte del gobierno nacional y la dirigencia cívica-política departamental. Es un clivaje latente que se ha vuelto manifiesto cuando el orden estatal centralista inclinó la cancha a su favor para responder las demandas cruceñas -el marco competencial de la autonomía departamental es una muestra-, o se ha mostrado exigente con el cumplimiento de las reglas formales porque le es políticamente conveniente – la aplicación de la sentencia constitucional de la suplencia temporal en la gobernación cruceña es una evidencia-.
Coyunturalmente, el vacío de poder en la gobernación cruceña por la ausencia de una autoridad que represente la investidura del gobernador debilitó institucionalmente al departamento, disminuyó políticamente a la autonomía y neutralizó ideológicamente a la región. Por esto es que el gobernador suplente tendrá bastantes retos de carácter técnico-institucional y político-ideológico en el tiempo que dure su mandato. Por ejemplo, la ejecución transparente del censo y la decisión política adecuada sobre los resultados que éste arroje, son dos desafíos en su agenda de gobierno en el corto plazo.
Ahora bien, más allá de los posibles resultados del censo, la detención arbitraria de Camacho, la suplencia temporal de Aguilera en la gobernación, los agentes políticos (intereses de grupos de poder), la corrupción galopante, las creencias políticas (estados de disposición) y el clivaje histórico (diagnóstico), es preocupante de que el espíritu autonómico de Santa Cruz esté anémico.
Es paradójico de que el departamento que tiene las condiciones necesarias (economía) para sostener la autonomía, no tenga las condiciones suficientes (política) para dirigirla mediante el ejercicio del poder político. ¿Por qué? Porque la actitud de sus diversos agentes políticos (individuales y colectivos) responde a intereses que solamente abarcan su parcela y carecen de ambición institucional departamental (modificar la realidad política de Santa Cruz), la producción de un pensamiento político regional no está en el radar del interés económico individual (empresarios) y, peor todavía, el Estado central (como árbitro) tuerce las reglas formales y genera estrategias discursivas para que la anemia persista.
Sin embargo, es posible imaginar el potenciamiento político del departamento para que sea dueño de su destino (futuro) porque existen condiciones. Tenemos la evidencia de un proyecto cruceño (Traverso 2022) que tuvo ambición institucional (pasado), pero es necesario debatirlo y replantearlo teóricamente bajo las organizaciones institucionales, circunstancias políticas y necesidades sociales actuales (presente).
Considero que ya no es el momento de quejarse, ponerse nostálgico e insistir en los diagnósticos, sino es tiempo de ser autocríticos con los retrocesos institucionales y errores políticos para saber qué terreno se está pisando, e imaginativos para pensar en cosas grandes, no solamente en las parcelas privadas. De ser pragmáticos, pero con un marco teórico adecuado.
La crisis en la gobernación cruceña ha sido una señal de que hemos tocado fondo, no por falta de líderes, sino por ausencia de ideas políticas articuladoras a nivel departamental y esperanzadoras para el país. Urge la recuperación política de la región a través de una mayor ambición institucional. Es vital, para este propósito, sembrar la idea política -en el marco de una nueva relación con el Estado central- de que Santa Cruz será autónoma o no será.
