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Un par de semanas atrás, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentó en la OEA su informe final, sobre los hechos de violencia acaecidos en Bolivia entre septiembre y diciembre del 2019.
Es interesante remarcar el numeral 2 de las Conclusiones del documento, donde se indica que “Es preciso reconocer que hay personas afectadas en ambos lados del espectro político y que la situación de cada una de ellas demanda de todos el reconocimiento de su calidad de víctimas. No se puede concebir un proceso de recomposición del tejido social sin abandonar la idea de que las víctimas son las de nuestra identidad política, mientras que las identificadas con el adversario lo son menos o no requieren atención”. El punto es importante, en cuanto convoca a superar las versiones maniqueas y, particularmente, desmonta el victimismo unilateral de la narrativa gubernamental.
En las Recomendaciones, el punto 11 plantea “Adecuar los tipos penales de sedición, terrorismo y financiamiento al terrorismo, conforme al principio de legalidad y a los estándares internacionales, y revisar la práctica de promover y confirmar imputaciones con relación a estos tipos penales”. Algo que, de aplicarse, llevaría lisa y llanamente al archivo del absurdo caso “Golpe de Estado I”.
También en las Recomendaciones, el numeral 14 llama a “Garantizar la independencia del sistema de justicia, lo cual incluye que las autoridades políticas se abstengan de pronunciarse sobre investigaciones y procesos penales en curso o que estén por iniciarse, así como garantizar los recursos presupuestarios suficientes y permanentes para el adecuado funcionamiento de los órganos de justicia”. En cumplimiento de esto, el ministro de justicia debería llamarse a silencio sobre el accionar de la justicia en casos como los de Jeanine Añez y sus ex ministros.
La Recomendación 18 convoca a “Asegurar el respeto estricto de los derechos de las personas privadas de libertad en el sistema carcelario y penitenciario, eliminando prácticas abusivas referidas, entre otras, a la alimentación, la habitación, la salud y el régimen de visitas”. Aquí cabe señalar que la citada ex mandataria, además de las conocidas trabas para recibir atención médica fuera del penal, sufre también un régimen de visitas sumamente restrictivo, que le impide una comunicación amplia con la sociedad boliviana y la comunidad internacional.
Otras recomendaciones relevantes son la 26: “Revisar la institucionalidad del Órgano Electoral para garantizar su efectiva autonomía administrativa y funcional”, y la incluida en el inciso c, numeral 33: “democratización del espacio público mediático a través del fomento equitativo de todas las voces”, que de implementarse tendría que acabar con el monopartidismo en la cobertura de los medios de comunicación estatales.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
