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Les gusta ubicarse cerca, muy cerca del poder nacional, departamental o local, porque obtienen ventajas y privilegios. Lo hicieron en los regímenes del MAS —Evo Morales y Luis Arce— y les fue bastante bien. Hoy están detrás de la posibilidad de aliarse al gobierno de Rodrigo Paz, a partir de la crisis de la gasolina. Los dirigentes de los choferes saben que es la oportunidad para codearse con más altos niveles gubernamentales y tener acceso a las influencias y las prebendas.
Hay que recordar lo que pasó con Ismael Fernández, secretario ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, cuando Morales conducía el país. Llegó a formar parte del Pacto de Unidad y ser vocero de las organizaciones sociales sometidas al masismo. Terminó como un próspero empresario del transporte de pasajeros, pero también fue vinculado a la apropiación de porcentajes de peajes y al desvío de aportes de los afiliados a su sector.
En el gobierno de Arce, la dirigencia de los transportistas también se alió al “hermano Lucho”. Los dirigentes que hasta hace poco cuestionaban la calidad de la gasolina y exigían el resarcimiento, son los mismos que invitaban al ahora expresidente encarcelado a sus fiestas de aniversario para obtener beneficios. Recuerdo que aplaudieron a rabiar cuando, en uno de sus aniversarios, les prometió una fábrica de llantas para que dejen de importar. Nunca cumplió.
A nivel regional y local, hay ejemplos inequívocos. El dirigente de los choferes Mario Silva llegó a la Asamblea Legislativa de La Paz de la mano del MAS. Entre 2021 y 2026 jamás se le escuchó defender los intereses del departamento. Siempre buscó privilegios personales. Tal vez por ello acabó en el último lugar de los 17 candidatos a Alcalde de La Paz con apenas el 0,5% de los votos. Ni sus colegas del volante votaron por Silva.
La cercanía de los los dirigentes del Transporte Libre y Chuquiago Marka con el alcalde saliente Iván Arias sirvió para que sean beneficiados con dos subidas de pasajes en una sola gestión, claro sin mejorar el servicio, sin hacer desaparecer el trameaje y sin cumplir con la instalación de GPS en todas las unidades, entre otros compromisos no cumplidos.
El “Acuerdo estratégico entre el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia y el sector transporte nacional”, firmado el 26 de marzo para poner fin al paro indefinido y decenas de bloqueos de vías y carreteras fue el primer paso para intentar convertirse en los nuevos aliados del Gobierno.
En el documento de cuatro puntos, el tercero y cuarto son de conveniencia tanto para los transportistas como para el Gobierno: diferimiento de créditos en el sistema financiero nacional para “aquellos choferes que se hubieran acogido al proceso de resarcimiento” y “levantamiento de todas las medidas de presión —paro y bloqueos— de sectores del autotransporte”.
Es el primer punto del acuerdo rubricado por cinco ministros, aunque el texto menciona solo a tres, que convierte a los dirigentes de los choferes del departamento de La Paz en corresponsables en eso de “garantizar” que los combustibles cumplan los estándares internacionales y dejen de provocar daños a los motores. Ser corresponsables, desde su perspectiva, es acercarse al poder, en este caso al que se ejerce a nivel nacional.
“… se garantiza gasolina de calidad para lo cual se creará una comisión con choferes y gobierno para ir en operativo a Senkata y Estaciones de Servicio entre (la) parte técnica del Gobierno-Laboratorio y Choferes”, se lee en la primera parte del primer punto que, además, dispone un viaje conjunto a Chile y Perú para “ver la calidad de la gasolina y diésel en punto de origen” y el precintado de surtidores en los que se detecte el expendio de carburantes de calidad dudosa.
¿Quedan embargados sus cuestionamientos a la calidad de los carburantes y los problemas que ocasionaron a los motores siendo parte de una comisión bipartita? No les interesa. De hecho, no dijeron absolutamente nada sobre las largas filas que volvieron a rodear a los surtidores en La Paz y El Alto, luego del 26 de marzo.
Si el resultado de la “corresponsabilidad” es positivo y la gasolina que se comercialice en Bolivia, a partir del convenio, es de óptima calidad y deja de ocasionar complicaciones mecánicas, los dirigentes de La Paz se mostrarán como salvadores del problema, dispuestos a colaborar con el Gobierno en un tema de urgencia nacional.
El tercer punto del acuerdo, el que garantiza el resarcimiento incluso por más de una vez, también beneficia a los dirigentes del transporte paceño. Será utilizado como mecanismo para consolidarse como jerarcas sindicales insustituibles en El Alto, La Paz y las provincias, al menos en el corto plazo. Lo dicho, les gusta ubicarse cerca, muy cerca del poder.
