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La transición política en la gobernación y la alcaldía municipal de Santa Cruz será traumática y altamente compleja. Las nuevas autoridades se encontrarán con administraciones sobredimensionadas, en bancarrotas, con deudas millonarias, sin recursos económicos, grupos mafiosos y la corrupción institucionalizada. Tampoco lograron hacer cambios de mando en forma civilizada y responsable. Faltó, entre otras cosas, información completa, depurada, coherente, con respaldo. Que no hayan tenido toda la información disponible, les impide estructurar un plan de gobierno de emergencia para buscar soluciones a los grandes problemas que tiene el departamento y la ciudad capital. Se trata de verdaderos campos minados (bombas por todas partes). Ordenar la casa les llevará tiempo y las grandes prioridades (salud, educación, basura, carreteras, etc.) no esperan.
Aunque no se conocía el programa de gobierno definitivo de ambas autoridades, cualquier agenda básica debe centrarse fundamentalmente en achicar la gobernación y la alcaldía municipal y recuperar el protagonismo del liberalismo político y económico. Y como el Estado y los gobiernos departamentales y municipales también “han fracasado”, hay que reconstruirlo todo, combatir la corrupción y potenciar la iniciativa privada.
Las nuevas autoridades tienen que comprometerse y poner en práctica lo que se denomina el gobierno abierto, full tecnología. Se trata de erradicar el secretismo, cualificar la gestión, combatir la corrupción y generar confianza ciudadana. La transparencia y la rendición de cuentas son obligaciones de los gobiernos de dar explicaciones sobre sus acciones y asumir las responsabilidades de las decisiones que adopten. De ahí que transparencia y rendición de cuentas van de la mano: para que podamos exigir a los gobiernos y administraciones públicas que sean responsables de lo que hacen y las decisiones que adoptan es necesario que podamos acceder a la información que tienen en su poder (que no practiquen lo que tanto han censurado).
La Convención de la ONU contra la corrupción (art. 10), exige adoptar, entre otras cosas, las siguientes medidas: a) La instauración de procedimientos o reglamentaciones que permitan al público obtener, cuando proceda, información sobre la organización, el funcionamiento y los procesos de adopción de decisiones y, con el debido respeto a la protección de la intimidad y de los datos personales; b) La simplificación de los procedimientos administrativos, a fin de facilitar el acceso del público a las autoridades encargadas de la adopción de decisiones; y, c) La publicación de información, lo que podrá incluir informes periódicos sobre los riesgos de corrupción en la administración pública.
Por su parte, la Organización de Estados Americanos (OEA) ha reafirmado la importancia del acceso a la información pública. La Carta Democrática Interamericana (art. 4) establece que “son componentes fundamentales del ejercicio de la democracia la transparencia de las actividades gubernamentales, la probidad, la responsabilidad de los gobiernos en la gestión pública, el respeto por los derechos sociales y la libertad de expresión y de prensa”.
A tiempo de aprobar la “Ley Modelo Interamericana sobre el Acceso a la Información Pública”, la OEA estableció que el acceso a la información pública es un requisito indispensable para el funcionamiento mismo de la democracia, una mayor transparencia y una buena gestión pública, y que en un sistema democrático representativo y participativo, la ciudadanía ejerce sus derechos constitucionales, a través de una amplia libertad de expresión y de un libre acceso a la información.
La Constitución boliviana (arts. 106-107) proclama el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, así como a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa. Y aclara, no obstante, que los medios de comunicación social deben contribuir a la promoción de los valores éticos, morales y cívicos de las diferentes culturas del país.
La libertad de expresión es, por tanto, fundamental para combatir la corrupción, fiscalizar la cosa pública y transparentar las instituciones estatales. Lo que está clarísimo es que el secretismo, la falta de rendición de cuentas, la concentración del poder, las restricciones a la libertad de expresión, la corrupción, la impunidad, entre otros hechos recurrentes, generan el clima propicio para la corrupción y ésta se encarga de degradar no sólo la gestión de los gobiernos en sus distintos niveles sino también del Estado y de las instituciones representativas.
