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En una histórica resolución judicial, el Tribunal Agroambiental ha ordenado no solo una pausa ecológica en Bolivia, sino también “medidas de protección reforzada” para los defensores ambientales y el jaguar panthera onca. Es la primera vez que este Tribunal ordena un conjunto de medidas judiciales que, de ejecutarse en su integridad, tendrán un impacto directo en el medio ambiente, y constituirán un precedente relevante para la defensa de La Madre Tierra.
El Tribunal Agroambiental ordenó al Ministerio Público, Policía Boliviana, Ministerio de Justicia, Ministerio de Gobierno que, en 10 días hábiles, dispongan medidas efectivas con la finalidad de prevenir ataques, amenazas o intimaciones que pudieran sufrir los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales y sus familias, la libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas y derechos a circular libremente.
Las medidas de protección son, en principio, para la diputada María René Álvarez Camacho; el guardaparque Marcos Uzquiano; el abogado Juan Carlos Camacho Terceros; la activista de Alas Chiquitanas, Daniela Justiniano Núñez; el representante de Justicia Ambiental, Rodrigo Ernesto Herrera; la representante del colectivo Llanto del Jaguar, Lisa Mirela Corti; el director del medio La voz de la Naturaleza, Antonio Alberto Cajías; y otros defensores y defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales que se apersonen y soliciten igual protección (todos a punto de ser denunciados por defender y proteger a la naturaleza).
La Defensoría del Pueblo, en un plazo de 30 días hábiles, debe elaborar un plan de acción nacional de reconocimiento y protección de defensores de derechos humanos en asuntos ambientales y sus familias, con enfoque de género, intergeneracional, intercultural, interseccional, territorial y diferenciado conforme a sus casos. El Ministerio de Medio Ambiente tiene que implementar planes de manejo participativo para mitigar los conflictos ambientales, en el plazo de seis meses, con énfasis en el jaguar panthera onca.
La resolución judicial, que marcará un antes y un después en esta materia, exhorta a la sala plena del TSJ para que todo proceso de extradición relativo a delitos que amenacen la biodiversidad y la integridad de especies protegidas vinculadas a la delincuencia organizada transnacional se inicien y tramiten con celeridad y prioridad. También ordena que el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, en el plazo de seis meses, concluya la actualización de la categoría del jaguar en el libro rojo de la fauna silvestre de vertebrados de Bolivia para que se lo catalogue como especie en peligro crítico, porque actualmente está como vulnerable.
La resolución exhorta a la Asamblea Legislativa aprobar una ley para establecer un fondo de conservación del jaguar panthera onca, con fondos de fuentes nacionales y de la cooperación, que incluya aumentar el presupuesto para mejorar habilidades y competencias, así como tecnología para guardaparques y otras entidades defensoras del medio ambiente. En coordinación con entidades de defensa y otras, el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, debe diseñar medidas para que de forma inmediata y coordinada se implemente una política de tolerancia cero de tráfico de la vida silvestre.
El mismo Ministerio, en coordinación con los gobiernos locales, debe elaborar, reforzar y aprobar el plan para la conservación nacional del jaguar con un horizonte de seis meses, con participación de los pueblos indígenas originarios. Y ordena la pausa ecológica por quemas y chaqueos en todo el territorio nacional, para lo que: a) se ratifica la suspensión de todas las autorizaciones de quemas emitidas por la ABT, b) se ratifica la prohibición de emisión de nuevas autorizaciones de quemas por parte de las ABT, y c) la medida es de aplicación directa e inmediata. Esta medida se mantendrá vigente hasta una evaluación técnica de las autoridades con supervisión del Tribunal Agroambiental.
El gobierno nacional debe elaborar e implementar una guía de actuación para el acceso de evidencia biológica decomisada, en un plazo de 120 días, presentando informes de avance bimensuales al Tribunal. Y lo más relevante, el Ministerio de Educación debe iniciar un proceso de actualización y refuerzo de los contenidos educativos en todos los subsistemas pertinentes en estas áreas: 1) conservación de la biodiversidad 2) cambio climático 3) Contaminación. El nuevo Tribunal Agroambiental parece decidido a hacer historia y de la buena.
