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Este 1 de mayo estuvo – más que otros años – marcado por movimientos en la arena política. Desde un controversial incremento salarial hasta disposiciones sobre licencias laborales, el gobierno de Luis Arce, aunque apretado por su casi vacía billetera, reivindicó su cercana relación con la Central Obrera Boliviana (COB) y apeló a esa ínfima parte de sus votantes y de la sociedad boliviana – los trabajadores y trabajadoras formales.
Para destacar están las disposiciones sobre licencias y vacaciones, emitidas en los Decretos Supremos 4708 y 4709, que conceden tres días de licencia a los trabajadores y trabajadoras en casos de defunción en la familia y matrimonio, además de otorgarles mayor libertad para organizar sus períodos de vacación. Aunque ya antes aplicadas por muchas empresas de manera voluntaria, estas medidas se tratan, por supuesto, de un avance en derechos laborales, pues representan una muestra de respeto para con los trabajadores y trabajadoras de todo el país, no sin antes destacar su valor humano para la relación empleado(a)- empleador(a) y para la cohesión de la sociedad. A diferencia de quienes creen que mayor libertad para los trabajadores y trabajadoras atenta contra la productividad, una empresa que los respeta y acompaña en los momentos más delicados e importantes de sus vidas, contribuye a mejorar su ambiente laboral, lo que a su vez trae niveles más altos de eficiencia y, por ende, beneficios económicos para toda la sociedad. De hecho, diversos estudios científicos demuestran la relevancia económica de sentirse valorado(a) y respetado(a) en el trabajo, lo que sin duda repercute en el bienestar social.
Con un tono un tanto más combativo y controversial, se aprobó también el incremento salarial de tres por ciento para el haber básico y cuatro por ciento para el salario mínimo. Era de esperarse que la COB y las organizaciones empresariales defendieran arduamente sus intereses. La pregunta es hasta qué punto tienen ambos sectores, bajo una óptica muy ideológica-tradicional y poco realista de la política, intereses completamente antagónicos. En las negociaciones, se hizo precisamente evidente que el gobierno es consciente de la delicada situación económica que atraviesa el país, por lo que se mostró decidido – en todo momento – de bajar las pretensiones de la institución obrera. Lo consiguió parcialmente, así que habrá que esperar los efectos que tendrá el incremento salarial a mediano plazo. Los indicadores económicos son todo menos alentadores, motivo por el cual esta medida podría traer serias consecuencias para el cada vez menor número de empleados y empleadas formales de Bolivia. Lo cierto es que, en épocas de crisis, hay rubros que crecen exponencialmente y otros que sufren grandes consecuencias. Un incremento salarial sensato hubiera tomado en cuenta el estado de cada sector, para así no terminar afectando a quien justamente se quiere favorecer, es decir, los trabajadores y trabajadoras. Y, si la intención fuera realmente esa, y no simplemente hacer política a costa del sector obrero, se tomarían medidas efectivas e inmediatas para atacar la informalidad, la precariedad laboral y la seguridad social, que tanto afectan al sector en la actualidad.
Más allá de las consecuencias negativas o positivas que pueda tener el alza salarial, ha llamado la atención – como si fuera de sorprender – la pobre cultura democrática del gobierno. El Estado, si es que encuentra un rol en las negociaciones entre sindicatos y empresas, debe fungir como mediador para intentar llegar a un acuerdo lo más favorable y justo para el bien común. El Estado ni paga los sueldos ni trabaja en el sector productivo como para pretender tomar medidas uni- o apenas bilaterales. No obstante, el gobierno de Luis Arce decidió excluir a las empresas de las negociaciones y no les preguntó por sus muy distintas situaciones. Por ejemplo pequeñas empresas – las más afectadas por las crisis económicas de los últimos años – no fueron consultadas acerca del incremento salarial. En otras palabras, más allá del resultado de una política pública, el proceso democrático en su elaboración tiene un valor intrínseco para la sociedad. Porque no es lo mismo un(a) trabajador(a) que, aun creyendo que merece un aumento salarial mayor, entiende que llegó a un acuerdo con su contraparte en un escenario relativamente justo, que uno(a) que recibe menos de lo que cree merecer y, al mismo tiempo, se sintió excluido(a) en todo el proceso de negociación. Así como no es lo mismo que empresarios(as) que, aun percibiendo el incremento salarial demasiado alto, consideren que la negociación se dio en el marco deliberativo de un sólido sistema democrático, que un sector empresarial que ve la decisión como una imposición arbitraria del gobierno.
En conclusión, el 1 de mayo de 2022 trajo consigo decisiones positivas y cuestionables por parte del gobierno del MAS. Lo más evidente, sin embargo, es su falta de cultura democrática para abordar una de las cuestiones que, hoy por hoy, más afecta a la sociedad boliviana: la economía. Siempre habrán argumentos a favor y en contra de políticas públicas, así como sectores defendiendo sus intereses, pero es la legitimación democrática de estas decisiones la que se encarga de aumentar el grado de entendimiento y cohesión dentro de una sociedad. Al fin y al cabo, en lo que concierne a la política económica, es difícil imaginar que trabajadores y trabajadoras, así como empresarios y empresarias el país, no compartan el interés de asegurar la recuperación, los empleos y el bienestar social.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
