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El departamento de Santa Cruz acaba de vivir un histórico paro cívico de 36 días; algo que seguramente propios y extraños dudaron mucho que fuera a pasar. Más allá del temple y fortaleza demostrada por gran parte de la ciudadanía, coincido plenamente con varios análisis que señalan que el conflicto fue alargado de manera innecesaria debido a la falta de una estrategia clara y la improvisación de quienes estuvieron a la cabeza de la protesta ciudadana.
Sin ánimos de caer en la reiteración de lo que ya es conocido, la demanda de la dirigencia fue variando a lo largo del conflicto, iniciando con la “innegociable” posición para que el censo se realice el año 2023 y terminando con la aceptación de que se realice el 2024 pero que sus resultados se apliquen en el mismo año, exigiendo la aprobación de una ley que así lo garantice.
No faltaron tampoco las críticas por trasladar el conflicto a un escenario donde el MAS tiene mayoría, pero lo cierto es que la aprobación de una ley como exigía la dirigencia cruceña, a recomendación de un expresidente del Estado (al César lo que es del César), dio la posibilidad de lograr algo que permita suspender el paro cívico que, en palabras del propio líder cívico Rómulo Calvo, se les estaba escapando de las manos (entrevista con El Deber, 28 de noviembre del 2022).
Ahora bien, pensando a futuro, ¿se ha logrado realmente algo? Muchos desean creer que sí, lamentablemente, no se puede tapar el sol con un dedo, puesto que la realidad es que el sacrificio realizado por el pueblo cruceño fue muy grande para un conflicto que en los hechos no se llegó a resolver, sino simplemente se lo ha pospuesto.
En mi artículo titulado “¿Dinero o poder?” (Publicado con anterioridad al paro cívico), hice notar que el objetivo principal del gobierno nacional al retrasar el censo era rehuir a la redistribución de los escaños parlamentarios. Esto quedó demostrado cuando, para evitar el paro cívico, el gobierno nacional aceptó que la distribución de recursos económicos se realice el 2024, pero se dejó de lado cualquier mención al tema de los escaños. Aparentemente, costó bastante entender esto, puesto que la demanda por la distribución de los escaños empezó a surgir recién luego de días de iniciado el paro cívico.
Con la aprobación de la Ley de Aplicación de los Resultados del Censo, el gobierno nacional ha develado nuevamente su clara intención de evitar que los escaños parlamentarios sean redistribuidos para las elecciones generales del 2025. Como muchos habrán podido apreciar, dicha ley se compone de dos partes. La primera referida a la distribución de los recursos de coparticipación tributaria, la cual claramente y de manera inequívoca señala que se efectuará a partir del mes de septiembre del 2024.
La segunda parte de la norma, referida a la distribución de escaños, no goza de la misma claridad y más bien da a entender que podría o no aplicarse en las elecciones generales del 2025. Entonces, ¿se debió aceptar esa ley?, pues por el estado del conflicto no quedaba más opción, diferente hubiera sido si esta demanda haya estado presente desde el inicio del conflicto.
No es cuestión de lamentarse, pero es necesario que la ciudadanía en general que se sacrificó durante 36 días tenga conciencia de esto, puesto que lo más probable es que el 2024 vuelva a resurgir el conflicto.
Un dato para tomar en cuenta es que la iniciativa del gobierno para dar los resultados del censo nacional en el mes de septiembre del 2024 probablemente no sea para “dar un regalo” a Santa Cruz; sino más bien sea pensando en que debido al movimiento económico que se genera en el mes aniversario de este departamento, que concentra la atención de muchos sectores, las posibles protestas sean aminoradas.
Hay tiempo suficiente para anticiparse a los escenarios que se puedan dar para aquella fecha, y no volver a caer en la improvisación para el manejo y resolución de este conflicto.
