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El expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, exiliado en Estados Unidos desde hace veinte años, lanzó una propuesta de cambio constitucional que postula la adopción de un modelo democrático parlamentario, que limite el poder de las principales autoridades y asegure la independencia política de las instituciones del Estado.
La iniciativa del ex mandatario llega para compensar en algo la sequía de ideas que afecta a la oposición en Bolivia y, en general, un tedioso ambiente político en el que solo se escuchan ecos del fuego cruzado entre facciones del Movimiento al Socialismo.
Sánchez de Lozada puede ser todo, menos intrascendente, tanto por las reformas que impulsó en los noventas, como por el desastroso gobierno que encabezó en los primeros años del nuevo milenio y que terminó con su renuncia y salida apresurada hacia los Estados Unidos.
Con casi 93 años, el dos veces presidente de la República, escribió una suerte de testamento político, con casi ninguna referencia al pasado, salvo para expresar la nostalgia que siente por la patria a la que posiblemente no pueda regresar más.
El mensaje de GSL fue recibido con adjetivos por el presidente Arce, quien minimizó la relevancia de las ideas de un “prófugo” y tomó por sorpresa a los opositores, que según se ve no tenían pensado todavía ningún planteamiento que sirviera para cruzar el puente hacia un nuevo ciclo histórico.
Hubo comentarios sobre lo paradójico que resulta que un presidente que cayó por su obstinación en no permitir la realización de la Asamblea Constituyente, ahora sea quien proponga cambios de fondo a la Constitución Política del Estado.
Pero, más allá de la posición que se asuma sobre los hechos, sin duda polémicos, de la vida política de Sánchez de Lozada, sería mezquino y prejuicioso eludir el debate sobre esas ideas solo porque vengan de él.
Disminuir los poderes de las autoridades es algo que le haría bien a la democracia boliviana. Hemos experimentado, sobre todo en los últimos 17 años, pero antes también, las consecuencias de la concentración de poder en una sola persona.
El propio Sánchez de Lozada durante su gobierno de 1993-1997 y en el tramo final de su segunda gestión, tuvo gestos autoritarios, que impidieron, primero, debatir de manera más amplia los efectos de algunas de sus reformas y atender, después, las demandas políticas que se acumularon desde fines de la década de los noventa y que anunciaron su intensidad y violencia desde la denominada guerra del agua en abril del año 2000.
Y ni qué decir de Evo Morales, todo un símbolo de la concentración del poder, de la centralización de las decisiones, de abusos y restricción de las libertades de quienes no pensaban como él, de atropellos a la independencia de poderes e, incluso, del desconocimiento de la autoridad del voto en el referéndum de 2016 y en los comicios de 2019.
Si bien la justicia arrastraba una crisis de credibilidad por su diferente grado de promiscua relación con los gobiernos anteriores, no fue sino hasta los gobiernos del MAS que ingresó en una etapa de decadencia total e irreversible, más allá de frustrados e inútiles intentos de reforma que, hasta ahora, fueron solo un señuelo para bobos.
Reformar la justicia, bajo el actual marco constitucional, sobre todo sin límites a la autoridad presidencial y mecanismos que eviten la instrumentalización política, es una tarea poco menos que imposible.
Con las actuales reglas, solo cabe esperar a que el órgano judicial sea, como lo es hoy, una delegación sometida a las necesidades del partido y el presidente, independientemente de su línea ideológica.
En el caso de la designación de las autoridades militares y electorales la historia es la misma. Cada mandatario elige el alto mando militar, no en función del mérito acumulado por sus integrantes, sino por la obsecuencia de sus miembros. La subordinación no es a la constitución sino al gobierno, lo que ha creado más de un conflicto en las últimas décadas.
El órgano electoral no ha dejado de estar bajo sospecha y no existe la confianza necesaria en sus decisiones y en la transparencia de la administración de todo el proceso que lleva al voto, precisamente porque no está blindado contra las presiones políticas.
Hay que reconocer que todas estas son tareas pendientes y urgentes, parte de una agenda de transformación de la que depende el fortalecimiento democrático y el futuro de la política en el país.
Las propuestas de Sánchez de Lozada no son ajenas a toda esta realidad dramática y, por lo tanto, bien podrían servir así sea de primer impulso para promover un debate de la mayor relevancia para el país, mucho más relevante que saber si a Morales no le cae bien Arce o si Arce quiere perseguir a Morales. Hay que salir de ese pozo, así sea con la ayudita del testamento político de un expresidente.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
