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Bolivia se encamina hacia la votación de agosto de este año con varios vacíos normativos. El Tribunal Supremo Electoral (TSE) ha pedido que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sancione tres leyes claves para “blindar” las elecciones, pero a pesar de una cumbre de partidos en la que se habló del tema, hasta el momento no hay avances en un eventual acuerdo parlamentario.
Una de estas leyes impediría la intromisión de los tribunales de justicia en los comicios, sobre todo en lo que pueda afectar al principio de preclusión. Esto, teniendo en cuenta el grave precedente de las elecciones judiciales de diciembre pasado, cuando múltiples recursos obligaron a que la votación sólo se realizara en parte de los departamentos. En esta intromisión se ha visto tanto la mano del arcismo, a nivel del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), como el caos provocado desde las salas constitucionales departamentales, a raíz de iniciativas presentadas por postulantes a magistrados que quedaron fuera del proceso de selección.
Otra de las leyes que el TSE pide pactar es la que aseguraría la aplicación de un sistema confiable de Transmisión de Resultados Preliminares (TREP), recordando que en las elecciones generales del 2019 la interrupción del mismo generó una crisis de credibilidad y denuncias de fraude, que acabaron con la salida de Evo Morales del poder.
Lo fundamental para la confiabilidad sería que la convocatoria a empresas para hacerse cargo del TREP se realice mediante una licitación abierta internacional, y que posteriormente el sistema pueda ser testeado en simulacros, con la participación de técnicos de todos los partidos políticos. La inclusión de estas condiciones podría orientar a las bancadas de oposición, a la hora de tratar las “leyes claves”.
La tercera norma es la que incorporaría a los vocales del TSE a la Ley 044, que determina un fuero especial con juicio de responsabilidades. Esto apunta, al igual que la primera ley, a evitar la injerencia desde la justicia ordinaria, influenciada por las presiones gubernamentales.
Hay varios escollos para que exista un acuerdo parlamentario en torno a las “leyes claves”: para empezar, a la facción gobernante del Movimiento Al Socialismo (MAS), el arcismo, no le conviene perder instrumentos de presión. Por otra parte, el evismo más duro podría tratar de condicionar su apoyo a estas normas a la habilitación inconstitucional de Evo Morales para una nueva candidatura presidencial. La fragmentación opositora en distintas corrientes enfrentadas tampoco contribuye a la concertación.
Un proceso electoral con vacíos normativos puede ser el camino hacia manipulaciones del cronograma de votación, distorsión en los resultados y nuevas crisis institucionales.
*La opinión expresada en este artículo es responsabilidad exclusiva del autor y no representa necesariamente la posición oficial de Publico.bo
