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En el mes de febrero del presente año, participé en el Primer Seminario Internacional sobre la defensa de un medio ambiente sano, organizado por el Comité de Relaciones Económicas e Internacionales de la Cámara de Senadores de Bolivia y la organización Latín Iuris Bolivia. Dicha participación fue conjunta con destacados profesionales de Bolivia, Colombia, Ecuador, Argentina y Perú. En dicho evento, expuse mi ponencia titulada: “la necesidad de tipificar el ecocidio en Bolivia”.
Las palabras ecocidio y genocidio guardan una íntima relación. El jurista polaco Raphael Lemkin, fue quien acuñó el neologismo “Genocidio” durante la década de los 40, su raíz “Genos” viene del griego y quiere decir tribu y “Cidio” es un sufijo del latín (caedo) que significa “destrucción”.
El biólogo Arthur W. Galston, por su parte, fue quien inventó el término “Ecocidio” cuyos estudios tenían como objeto el análisis de la consecuencia del agente naranja (herbicida y defoliante químico tóxico utilizado entre 1962 y 1971 durante la guerra de Vietnam), dando a conocer que el mismo generó la destrucción completa de plantas, animales y ecosistemas, pero también graves secuelas para la salud humana con la aparición de cáncer y malformaciones en aquellas poblaciones que fueron rociadas por el letal herbicida.
Ecocidio es una palabra greco latina, viene de “Eco”, de “Oikos” que quiere decir “hogar” en griego y “cidio” que significa destrucción en latín. Desde entonces, el término se ha incorporado en el léxico popular: “matar o destruir el propio hogar”.
Se empezó a tener consciencia de este tipo de criminalidad cuando los delitos medioambientales se convirtieron en riesgos globales como la destrucción masiva de especies de fauna protegidas, la destrucción de recursos naturales, por ejemplo, de la madera, o la contaminación generalizada y permanente de espacios naturales provocada por diversas actividades industriales.
Se dice también, que en algunos países, cuyos gobiernos al tener serios problemas económicos (como ser de déficit fiscal), resulta que de forma camuflada o enmascarada y en complicidad con empresarios prebendarios e incluso con fines de consolidar asentamientos ilegales, que luego beneficien a sectores afines a los gobiernos de turno (por motivos de campaña electorales), permiten periódica e impunemente quemas, roza, tumbe, deforestación y depredación de bosques de manera continua (bajo el criterio inmediatista de que es la forma más rápida y económica de preparar el suelo, desinteresándose de la pérdida de fertilidad y de las funciones ecosistémicas del suelo. No desean efectuar procesos como la milpa, la rotación de cultivos, mulching, asociación de cultivos, control de plagas, uso de abonos orgánicos o naturales, cambios en los hábitos alimenticios, tener más áreas protegidas, entre otros), pues lo único que buscan es redoblar el ingreso de divisas del agro con mayor superficie sembrada sin importarles siquiera, los malestares, las enfermedades y todas las afectaciones a la salud que provocan a su población, durante dichos periodos de quema, generando mala calidad de vida, con un ambiente contaminado, pérdida de biodiversidad y severos daños a los ecosistemas.
La Organización de las Naciones Unidas señala que la expansión agrícola impulsa más del 50% de la deforestación global, siendo ella un problema global, donde la principal pérdida de bosques (intensa deforestación mundial) es por la expansión de tierras de cultivo; por ejemplo, África está perdiendo más de cuatro millones de hectáreas de bosque cada año (según un comunicado del Programa Mundial de Medio Ambiente -PMA-). Por otro lado, la soja y la palma hacen parte de los principales comodities causantes de esta tendencia. Indonesia y Malasia son foco de deforestación por cultivo de palma, mientras que Brasil y Argentina pierden bosques a causa del cultivo de soja, lo cual, tiene repercusiones tanto en la biodiversidad como en las funciones vitales que desempeñan los bosques para la subsistencia y bienestar humano, teniendo el desmonte de bosque un impacto directo, generando más emisiones de CO2 a la atmosfera.
A nivel internacional, el aumento de los delitos contra el medio ambiente es impresionante y se estima que genera entre 30.000 y 70.000 millones de dólares cada año, lo que lo convierte en la cuarta actividad ilícita internacional más rentable, por detrás del tráfico de drogas, la piratería de productos y la trata de personas sumado al grave daño de la salud por la contaminación y daño sustancial del aire, el suelo, las aguas, los animales, las plantas o sus funciones ecológicas. Es así que, incluso ya se está preparando un borrador para la inclusión del delito “ecocidio” en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
En muchos casos, además del comercio ilegal de animales (que presenta un riesgo para las poblaciones humanas de contraer enfermedades tan graves como el SARS, la gripe aviar, el virus del Ébola, etc.), la violación de la legislación ambiental está motivada por la búsqueda del mínimo coste. Por ejemplo, aprovechando un efecto de dumping ambiental, puede ser hasta diez veces más barato exportar ilegalmente residuos tóxicos que reciclarlos en los países donde se producen. Incluso en este tema, se plantea problemas de seguridad, dado que Naciones Unidas e Interpol informan de que el dinero procedente de los delitos contra el medio ambiente puede utilizarse para financiar grupos rebeldes o movimientos narco terroristas, donde deforestan y ocasionan incendios forestales dado que queman pastizales para sembrar la materia prima de la cocaína.
Recientemente, en cinco (5) ciudades de Bolivia, estuvimos soportando una verdadera tragedia ambiental por quemas, chaqueos o incendios forestales y la más afectada fue Santa Cruz, pues por semanas respiramos humo; y, como país, debido a esta nefasta práctica vigente, estamos entre las principales del mundo en la producción de CO2 per cápita, alto nivel de toxicidad dañando cada vez más nuestra salud. Nos estamos enfermando todos. Se habla hipócritamente de «calidad» de vida en base a tener cosas (codicia crónica) sin valorar siquiera la misma vida tanto la propia como la de los demás seres vivos, máxime si la salud, es lo más próximo a ella (la vida).
La Constitución boliviana (CPE), si bien establece una serie de postulados protectores del medioambiente pero en la práctica no se llega a consolidar; por ejemplo, existe una mención en el art. 124-I num. 2) de la CPE sobre la violación del régimen constitucional de los recursos naturales como una conducta típica del delito de traición a la patria, pero más orientado al hecho punible de desconocer la propiedad del pueblo boliviano sobre los hidrocarburos mediante contratos (los cuales serán nulos, art. 359-II CPE) pero en ningún momento, contempla de manera clara, precisa y especifica el ECOCIDIO o el daño al medioambiente.
Las sanciones por delitos ambientales se dividen en una dispersión de leyes, como la Ley de Medio Ambiente (Ley N° 1333, 27 de abril de 1992), la Ley Forestal N° 1700 (12 de julio 1992) o el Código Penal (sobre determinadas conductas típicas relacionadas, como ser del art. 206 al 211-Bis, arts. 223, 358, 350 Ter y 356), lo que debilita su accesibilidad. Muchos delitos sancionan la mera violación de normas administrativas de carácter preventivo, independientemente de la existencia de un riesgo o daño verificado para el medio ambiente.
En ese sentido, la simplificación del Derecho penal medioambiental debería conllevar a que las sanciones penales deben reservarse para los delitos medioambientales más graves y dejar al Derecho Administrativo Sancionador aquellas conductas caracterizadas únicamente por la violación de las normas administrativas, sin ningún efecto o incluso sin riesgo probado para el medio ambiente o la salud de las personas.
Al hablar de procesos de integración relacionado a medioambiente, citar, por ejemplo, la preservación de la Amazonía (aquel bosque tropical más extenso del mundo, repartidos entre nueve países, de los cuales Brasil y Perú poseen la mayor extensión, seguidos por Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Guyana, Surinam y Guayana Francesa), cada país debiera respetarse entre sí, compartir lo mejor de cada uno (no vivir comparándonos para criticarnos, quien es más mediocre que otro), destacar lo mejor de los países vecinos, generar esfuerzos conducentes a tipificar el delito de ecocidio no sólo en Bolivia sino para la región, impidiendo la promulgación de leyes o normativas que promuevan incendios forestales, prohibir la tala indiscriminada, evitar el derrame de sustancias tóxicas a ríos, luchar contra el contrabando de elementos químicos, minerales, fauna, entre otros, pues si no logramos esa unidad como continente sudamericano, poco o nada lograremos en cuanto a desarrollo, debemos nuclear esfuerzos de unidad entre empresarios latinoamericanos con ética, conquistar mercados, establecer un sello de calidad latinoamericano (destacándose cada país con determinado producto e industria sostenible), aplicando política de neutralidad ante cualquier conflicto geopolítico que suscitan entre potencias. Es decir, como Sudamérica tener sus propios planes de desarrollo, pero sin apoyar bandos ni caer en fanatismos, dogmatismos y fundamentalismos, que son usados para dividirnos como continente. Ningún país ha logrado el desarrollo en solitario ni lo va lograr, pues a ninguna potencia internacional le conviene tal situación (unidad como continente, por el contrario, prefieren mantenernos divididos, a la defensiva, enemistados, resentidos y peleados permanentemente).
